A décadas de la dictadura militar, aún existen archivos considerados secretos por el Estado de Chile. Por ello, la organización Londres 38 acudió esta mañana a La Moneda para entregar las primeras 1.500 firmas que piden la apertura de documentos vinculados al Golpe, iniciando una campaña por el fin de los archivos secretos en el país.

Hasta el lugar llegaron, entre otros, la presidentas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Naschla Aburman.

Entre los documentos que deberían ser abiertos y desclasificados, Londres 38 cita los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), que reúnen declaraciones de las víctimas y han sido destinados a 50 años de secreto. Se suman los archivos de la ex Colonia Dignidad incautados el 2005 que, según señalan “podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”.

"Estamos hablando de la desprotección legal que hay para los ciudadanos en relación al acceso a la información", explicó Paulina Bravo, encargada de archivo de la organización. Bravo recordó que la reserva sobre dichos datos es una herencia directa de la dictadura.

 

El secreto es antidemocrático

Dichos documentos se han amparado en la Ley de Inteligencia Nacional para ser clasificados como secreto de Estado, orden que fue sellada por el juez Jorge Zepeda. Lo mismo sucede con los archivos que aún se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Inteligencia.

Londres 38 argumentó que el secreto es antidemocrático y sólo ha logrado entorpecer los procesos de verdad y justicia en Chile, facilitando el camino a la impunidad. “Una democracia se mide por la posibilidad que las personas tienen de participar efectivamente en la toma de decisiones, pero su participación depende en buena medida de la información con la que cuentan. Es por ello que el libre acceso a la información es un principio democrático fundamental, inherente al derecho a la información y a la libertad de expresión”, argumentaron en una declaración pública.

Según Paulina Bravo, se espera que los parlamentarios trabajen en proyectos legislativos que quiten la condición de secreto de algunos documentos o se tome una medida que permita la transferencia de documentos de Fuerzas Armadas o de Inteligencia a los archivos nacionales.

La campaña “No más archivos secretos” continúa su recolección de firmas online, información que harán llegar a los órganos del Estado para exigir la desclasificación y apertura de los documentos. Quienes estén interesados en firmar y conocer más de la campaña, pueden hacerlo en el siguiente enlace.