El Rally Dakar se realiza desde el 2009, pese a la sostenida protesta (ver Oficio) de arqueólogos y defensores del patrimonio que descansa en el Desierto de Atacama, uno de los escenarios de la competencia. Según denuncian sus detractores, una serie de rutas, senderos, caminos y piezas desarrollados en tiempos prehispánicos, estarían siendo dañados.

El problema habría dejado, además, en evidencia, la despreocupación del Estado y la fragilidad de las instituciones encargadas de la protección del patrimonio. Entre ellas, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacional, sobre el cual el presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología, Mauricio Uribe, señaló en una carta a El Mercurio: “hemos sido testigos de cómo esta institución ha quedado bastante huérfana frente al problema, sin los apoyos políticos ni los recursos necesarios para cumplir con la función que le encomienda la ley”.

Recientemente, el abogado y activista Luis Mariano Rendón, junto a la Fundación Patrimonio Nuestro y el Colegio de Arqueólogos interpusieron un recurso de protección en contra de la versión 2014 de la competencia. Sin embargo, la Corte Suprema decidió rechazarlo asegurando que los demandantes “carecían de legitimación activa” en su petición.

En tanto, en el Colegio de Arqueólogos señalaron que rechazar un recurso de protección por dichas razones “es la forma perfecta para amordazar y echar tierra encima a la real e importante discusión país que aquí existe y que es, que desde el año 2009 a la fecha en nuestro país, se han cometido delitos en contra del Patrimonio Arqueológico, de manera reiterada, frente a los cuales el Estado de Chile ha sido cómplice”.

Sin embargo, volvieron a insistir por la vía legal con un recurso de protección en contra del ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle. Éste fue aceptado por la Corte de Apelaciones y las organizaciones ya se preparan para asistir a los alegatos en la Corte de Santiago.

Piden re-evaluación a Bachelet

Los detractores del Dakar aseguran que más de doscientos sitios han sido dañados por la competencia, acusación que se sustentaría en informes realizados por instituciones del Estado.

“La competencia Rally Dakar comete un delito amparado y financiado por el propio Estado de Chile, tal vez estemos frente a unos de los actos de omisión del Estado más desvergonzados y publicitados de los que se tenga memoria pública post dictadura”, manifestó el Colegio de Arqueólogos en una declaración pública.

Pese a que el 2011, 126 sitios fueron destruidos, el artículo 38 de la Ley de Monumentos, que asegura que quien destruya un sitio arqueólogo arriesga penas de cárcel y multas de dinero, parece ser letra muerta para el Consejo de Defensa del Estado. Éste no podría actuar en contra de otro organismo público, que en este caso uno de los organizadores del evento en el país: el Instituto Nacional del Deporte.

El Colegio de Arqueólogos de Chile recordó que la competencia ingresó a Chile durante la administración de Bachelet y que, por lo tanto, ella debería re-evaluar su decisión y tomar medidas ante la situación de destrucción del patrimonio. Además, manifestaron que si Rally Dakar sigue realizándose en el país, es necesario que sea sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, además de una consulta previa a los pueblos originarios que son afectados.