El conflicto chileno-mapuche, desde la administración de Bachelet, ha estado en la discusión pública cada vez que suceden hechos de violencia, dando cuenta de un problema que la institucionalidad chilena no ha sabido solucionar, y sólo ha sido abordado con la militarización de la zona.

Como ejemplo, este lunes se inició el juicio contra el werkén de la Comunidad Wente Winkul Mapu, Daniel Melinao, acusado de participar en el crimen  del sargento del GOPE, Hugo Albornoz, muerte que se produjo el pasado 3 de abril en medio de un allanamiento ordenado por el fiscal Luis Chamorro. El caso, en el que el acusado se declara inocente, levanta sospechas entre quienes presenciaron los hechos.

Por ello, cuando se iniciaba el juicio tras 8 meses de investigación y prisión para Melinao, en Angol se desarrollaba una marcha en solidaridad con el werkén. La joranda terminó con 17 detenidos, entre ellos el sacerdote jesuita Luis García-Huidobro, quien acusó “racismo puro” por parte de Carabineros tras ser liberado él pero no al resto de los mapuche detenidos.

Incluso la prensa que cubrió la protesta fue atacada por el carro lanzagases de Carabineros.

Más allá de los casos específicos, las demandas del pueblo mapuche y el mundo indígena en general seguirán presentes durante el próximo gobierno, por lo que se abren dudas al respecto.

¿Qué propuestas contempla el programa de gobierno de Bachelet?

El programa de la presidenta electa aborda la problemática indígena desde varios ámbitos, y se hace cargo de la principal crítica respecto de su anterior administración, pues en la sección destinada a la materia del orden público y el respeto a los DD.HH de los pueblos indígenas, el compromiso es claro. “Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social. La Ley Antiterrorista será modificada para adecuarla a los estándares internacionales, tal como le han recomendado al Estado de Chile los órganos internacionales de protección de derechos humanos”, expresa la hoja de ruta para el gobierno de la Nueva Mayoría, en la página 178.

Entre otros aspectos relevantes, el programa se compromete  implementar adecuadamente tratados emblemáticos que ha suscrito el Estado chileno como el Convenio 169 de la OIT, para lo que se plantea adecuar la legislación vigente. Allí destaca la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y, por otra parte, un Consejo de Pueblos Indígenas que funcione de manera autónoma.

Sin embargo, queda la duda para quienes legítimamente cuestionan la credibilidad de la actual presidenta electa, dado el triste historial de su gobierno en el conflicto chileno-mapuche.

Para el cientista político mapuche José Marimán, el programa de Bachelet “no necesariamente va por el camino correcto”. “Me imagino que va a tener un impacto, pero no va en la línea de empoderar a los mapuche o a las minorías étnicas, cuestión que se debe hacer y tiene que ver con el hecho de dar autonomía a algunas zonas específicas del país, para que la gente participe en política a través de lo que es propio  de las regiones autónomas, que es la creación de un gobierno local, de un parlamento local y de un estatuto de autonomía que garantice sus derechos”, apunta Marimán.

El autor del libro “Autodeterminación: ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI”, cuestiona la necesidad de crear ministerios para el ramo, por considerarla una salida burocrática. “van a repetir la cooptación de mucha gente del mundo indígena, que va a pensar que va a hacer algo positivo por su gente, y probablemente se hagan cosas positivas, pero en el fondo se trata de una Conadi un poco más grande, con más poder”, planteó el doctor en Ciencias Políticas.

Para Marimán, resulta positivo que se prometa no volver a aplicar la Ley Antiterrorista en medio del conflicto, pero también plantea sus matices. “Hay que recordar que esto ya viene siendo recomendado por relatores internacionales desde hace ya bastante tiempo, es interesante el cambio que se plantea en la dirección para esta etapa, pero otra cosa es la historia. Vamos a ver si logran mantener esa promesa, sobretodo con tomando en cuenta casos como el que ocurrió a comienzos de este año, que terminó con la muerte de dos personas”, expresó.

Finalmente, el académico asegura que la Concertación aún posee un capital político importante dentro del movimiento mapuche, por la presencia de militantes comunistas y socialistas en la zona, lo que plantea que podrían manejar bien el conflicto, al menos al principio del gobierno. “Ellos tienen el poder de cooptar, y ese es el peligro más grande para el movimiento indígena. Ahora los militantes comunistas o socialistas van a estar del lado de la Nueva Mayoría, con el discurso de que hay que darles tiempo”, cierra Marimán.

¿Tiene credibilidad Bachelet en el mundo mapuche?

La muerte de Matías Catrileo fue uno de los casos que remeció al país bajo la primera administración de Bachelet. El 3 de enero próximo se cumplen ya 6 años de su fallecimiento y para su familia, ligada a la lucha mapuche, el escenario no cambiará con la llegada de Michelle Bachelet. “Las propuestas que tiene Bachelet no dan credibilidad ya que ella cuando se postuló para el otro periodo, hizo la misma promesa de que no iba aplicar la ley antiterrorista al pueblo mapuche y sin embargo, aplicó la ley en varias ocasiones”, asegura Catalina Catrileo, hermana del comunero asesinado por una ráfaga de una metralleta por la espalda.

Para Catalina, las dudas van más allá de la figura de Bachelet, y asegura que no confían en ningún sector político para solucionar el conflicto. “El papel aguanta mucho. Ella puede prometer muchas cosas  pero finalmente lo importante es ver qué va a hacer. Y como todos sabemos, los gobiernos de la Concertación y Bachelet siempre han trabajado para el empresariado, para las forestales, mineras, eléctricas, etc. Entonces, no se puede esperar mucho de ellos siendo que sabemos para quién trabaja”, lanzó Catrileo.

Finalmente, Catalina expresó su solidaridad con Daniel Melinao a quien asegura se le han aplicado criterios judiciales de manera arbitraria. “Ahí se nota la diferencia en que no todos somos iguales. A Daniel Melinao le están cargando muchos años por un supuesto co asesinato de un carabinero, y ningún carabinero que ha matado a nuestra gente ha sido condenado a la cárcel, con la sentencia que corresponda por quitarle la vida a otro ser humano. Y además que reprimen cualquier intento de solidaridad que se pueda tener para desenmascarar estos montajes. Claramente la prisión de Melinao es producto de su fuerza como werkén”, concluye Catalina.