Basta una mirada a la contingencia nacional para intuir que nuestro país no escapa a esta evidencia, reforzando así la necesidad de cambios sustanciales en educación y distribución del ingreso.

Farmacias, Johnson’s y La Polar

A comienzos del pasado mes de julio, la opinión pública y ciudadanía se enteraron del inaudito final del juicio en contra de los ejecutivos implicados en el caso de colusión de las farmacias que aumentó el precio de más de 200 medicamentos. El Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago había resuelto suspender la causa luego de que diez de los ejecutivos pertenecientes a Fasa, Cruz Verde, Salcobrand y laboratorio Mediapharm aceptaran la propuesta del Ministerio Público y quedaran solo con la obligación de tomar ‘clases de ética empresarial’ y realizar donaciones a organizaciones benéficas del área, por 225 millones de pesos.

Aunque posteriormente la Corte rechazó el acuerdo y determinó que no se cumplían los requisitos para suspender el procedimiento, la sensación de impunidad para aquellos que delinquen de ‘cuello y corbata’ ya había generado estupor e indignación generalizada. Y es que no solo se trata de un ámbito particularmente sensible para la población, como es la salud, sino también de un estado de indefensión frente a estos personajes que representan lo más lóbrego del poder económico y que no tienen escrúpulos ni miramientos, si de engrosar el bolsillo se trata.

No es necesario hacer una búsqueda muy intensa para encontrar otros ejemplos concretos. Basta con recordar el caso Johnson’s y el perdonazo de US$ 118 millones que le otorgó el SII en multas e intereses tributarios. Para el resto de los mortales el no pago de algún suministro o compromiso financiero significa la suspensión del servicio, embargo de bienes o entrar en la lista negra del Boletín Comercial. En la misma línea se encuentra el caso La Polar con sus estados financieros falsos y las repactaciones unilaterales de deudas (sin consentimiento) que realizó perjudicando a más de un millón de personas. Estos no son hechos aislados ni tampoco condición intrínseca del ser humano.
La evidencia empírica

Una reciente publicación que contó con investigadores del departamento de Psicología de la Universidad de California y la escuela de Administración de la Universidad de Toronto (Piff et al., 2011) recopiló evidencia de siete estudios que revelaron la directa relación entre mayor ingreso y tendencia al comportamiento antiético. En dos estudios el grupo de mayores ingresos fue más propenso a quebrantar la ley mientras conducían automóviles, en otros tuvieron una tendencia mayor a mentir en un proceso de negociación, engañar para aumentar sus posibilidades de ganar un premio y avalar las acciones poco éticas en el trabajo. Cabe entonces preguntarse qué hay detrás de este nocivo comportamiento que ha sido expuesto y denunciado con larga data, incluso desde la religión. Según relata el evangelio de Marcos,  Jesús señaló que ‘es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos’. La cita cobra especial relevancia si consideramos que más del 85% de la población chilena se declara cristiana.

Parte de la respuesta, de acuerdo a la propia publicación, se encuentra en la más favorable actitud de las clases acomodadas hacia la codicia. Algo que desde nuestra propia experiencia nacional resulta familiar, más aún si consideramos que la elite económica chilena ha gozado, en particular durante los últimos 40 años, de un trato especial y de beneficios explícitos emergidos en tiempos de dictadura y que permanecen como herencia hasta el día de hoy, favoreciendo la mayor acumulación de riqueza por parte de un grupo minoritario. A riesgo de ser reiterativo (porque lo hemos expuesto más de una vez en este espacio) y sin perder la capacidad de asombro, las cifras duras indican que apenas 300 familias de este país (correspondiente al 1% de la población) se llevan la tercera parte de la producción total nacional.

¿Y cómo lo han hecho? Básicamente a través de una serie de dispositivos diseñados a la medida del sistema económico y que han agudizado las enormes inequidades. Dentro de estos se cuenta el Sistema Tributario (1974) que creó la integración de impuestos entre empresas y sus dueños con el denominado Impuesto Global Complementario y la posterior creación del Fondo de Utilidades Tributarias (1984), que permite el pago de impuestos sobre las utilidades efectivamente retiradas y no sobre su simple existencia. Se suma –en el tiempo- la Constitución de 1980, que consagró el rol subsidiario del Estado y el derecho a la propiedad privada, dejando los derechos sociales, económicos y culturales en un segundo plano. La lista continúa si se considera, entre otros, la privatización de la educación y abandono de la educación pública (1981), el subsidio a las plantaciones forestales (1974) que derivó en que hoy tres compañías concentren el 64% de las plantaciones totales; y la desnacionalización del cobre (1981), que se traduce en la práctica en la renuncia del Estado respecto a su soberanía sobre el recurso y que ha permitido que hoy el 70% se encuentre en manos privadas. Parece que la actitud antiética y codiciosa de los ricos que los mencionados estudios plantean, se ha convertido en el Chile neoliberal en una verdadera política pública, donde lucrar a costa del resto no solo es válido, sino que no hacerlo sería desperdiciar la oportunidad de ascender en la escala social.

Si bien, desde el sentido común, los resultados del estudio descrito no son del todo sorprendentes, su evidencia se transforma en otro argumento más a favor de la equidad, la justicia social y la sustentabilidad. Aunque en los tiempos que corren el cambio climático, la contaminación, la pobreza y la profunda inequidad en la que vivimos ha centrado el debate en torno a qué clase de planeta le heredaremos a nuestros hijos, resulta también necesario y pertinente plantearnos qué clase de hijos/as le heredaremos a esta tierra.