La propuesta de reforma tributaria es una de las grandes promesas de la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. En su programa, en el apartado respectivo a otras medidas impositivas –que pretende recolectar un 0,97% del PIB-, se establece la idea de agregar un impuesto a las bebidas alcohólicas, con una tasa cercana a lo recomendado por la OCDE.

En un inicio, el programa de la candidata especificó que el impuesto alcanzaría las 20 UTM por cada 100 litros de alcohol, pero en las últimas ediciones de la propuesta de Bachelet no se especifica exactamente la suma impositiva. Sin embargo, se establece que en Chile “el impuesto a las bebidas alcohólicas es sumamente bajo, comparado con el que se aplica en otros países y con el que grava a los cigarrillos, lo que no guarda relación con los daños que produce su consumo excesivo”.

El eventual escenario ha despertado la preocupación de los productores y consumidores de alcohol, especialmente de aquellos al mando de pequeñas empresas del rubro, quienes serían los más afectados. Según especialistas, la propuesta impositiva de Bachelet podría llevarlos incluso a la quiebra.

 

CCU y la concentración del alcohol

En Chile, la empresa CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), controlada por la familia Luskic, lidera el 86% del mercado de producción de cerveza y alcanza una venta cercana a los 520 millones de litros al año. Con una trayectoria ampliamente conocida, la firma aglutina las marcas Cristal, Heineken, Escudo, Royal, Dorada, Austral y Kunstmann, entre otras.

Ante este complejo escenario, la salud de las pequeñas empresas productoras de cerveza se consolida gracias a dos factores: un buen precio y la calidad de la industria artesanal. Sin embargo, la propuesta formulada por Bachelet podría acarrear nuevas dificultades.

“CCU tiene una política de merchandising horrible. Por ejemplo, le puede ofrecer 16 millones de cerveza a un local para que solamente tenga cervezas de CCU. Nosotros no podemos hacer eso. Sólo podemos competir con un precio razonable y la calidad de nuestros productos, pero ahora ese precio razonable, que era lo único que podíamos usar a nuestro favor, se irá a las pailas”, explicó Willy Flores, empresario a cargo de Cervecerías Spoh.

En efecto, el monopolio cervecero en Chile podría consolidarse con la aplicación de una nueva carga impositiva, que implicaría un alza de hasta un 77% del valor en el caso de las cervezas, y un aumento de 109% en el costo de los licores.

Al respecto, el sommelier Carlos Reyes aseguró que “esto frenaría el desarrollo de la industria cervecera que es bastante atomizada y repartida a lo largo del país y obviamente muchas se verían obligadas a cerrar”.

Según Reyes, uno de los problemas del país en relación a este tipo de productos se relaciona con “la concentración de su producción. Obviamente los que tienen más espaldas financieras son los que tienen más posibilidades de sobrevivir y esos son los grandes, lo que implicaría una concentración económica que puede ser negativa en términos de la percepción y la distribución de calidad y variedad”. Reyes explicó, además, que Chile es uno de los países con la mayor concentración en los alcoholes.

 

¿Única forma de conseguir ingresos para el Estado?

El anuncio de Bachelet ha despertado el escepticismo de productores y consumidores, pese a que desde el comando de la candidata han asegurado que esto no tendría mayores repercusiones sobre estos últimos.

Esto es desmentido por los entendidos en el rubro. “Es inevitable que así lo sea porque o si no nosotros estaríamos vendiendo muy barato”, contraargumentó Flores. “El margen que vamos a tener finalmente nos llevaría a la quiebra, si es que no traspasamos eso, así que es inevitable que el consumidor esté pagando un mayor precio”.

En tanto, de querer continuar con el negocio, los pequeños productores tendrán que reorganizarse. “Una medida así les podría hacer daño porque su estructura de costos es más compleja, ellos van a tener que asumir una mayor carga”, explicó el economista Francisco Pinto.

Por otra parte, algunos ya han manifestado que las propuestas en materia de reforma tributaria no han apuntado al fondo del asunto, pese a lo recomendado por la OCDE. “Creo que hay mejores formas de conseguir ingresos para el Estado. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es cobrar por el uso de recursos naturales, en el caso chileno, el cobre, por ejemplo, que es gratuito. Se entrega de esa forma incluso a empresas foráneas y toda esa renta que la pertenece al soberano, dueño del recurso, se la quedan los privados”, recordó Pinto.

“Lo mismo ocurre con sesiones en la pesquería, otro recurso en que Chile es bastante rico, pero que también se entrega gratuitamente. A su vez, las personas con altos ingresos en Chile pagan muy pocos impuestos”, argumentó el economista.

Su opinión fue secundada por el empresario de Cervecería Spoh, quien manifestó que adhiere a las demandas impulsadas por los movimientos sociales que hoy sirven como argumento a la hora de defender eventuales reformas tributarias.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que la educación sea gratuita, de calidad, universal, pero que cobren a las empresas que nos están robando en la carretera, que nos están robando el cobre… es mejor pensar en nacionalizar el cobre o aumentar los impuestos que tienen las empresas. A mí me parece que el tema se está arreglando entre las empresas grandes, entre CCU y Bachelet, porque ellos son los únicos beneficiados con esta alza”, señaló.