Concesiones hospitalarias: el amarre privatizador de Piñera

Concesiones hospitalarias: el amarre privatizador de Piñera

Por: El Desconcierto | 02.12.2013

PiñeraFue una de las partidas rechazadas por la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso. Durante la semana pasada, los parlamentarios rechazaron la asignación de 226 mil millones destinados a las concesiones hospitalarias, asegurando que existen dudas sobre dichas inversiones y la intención del gobierno de Piñera de amarrar los recursos.

Las concesiones hospitalarias consisten en la licitación privada del diseño, construcción y operación de los recintos públicos. Fueron instauradas durante el gobierno de Michelle Bachelet, con la idea de agilizar el levantamiento del Hospital de La Florida y Maipú.

Soledad Barría era ministra de Salud al momento de la concesión: “Se nos había dicho que era más barato y más rápido que la construcción habitual que teníamos. Y la verdad es que eso no ha sido así, ambos hospitales tenían que haber sido entregados hace casi dos años atrás y han tenido severos retardos en la construcción, siendo grave para lo que es la salud de las personas de la Región Metropolitana. La idea era justamente que esto estuviera listo muy rápido, se necesitaban esas camas”, contó.

Según la ex ministra de la cartera, el aprendizaje tras los casos de ambos establecimientos dejó una lección clara: la construcción de hospitales a través de concesiones hospitalarias puede duplicar el costo y demorar mucho más que si el Estado se responsabilizara de las obras y sus gastos.

“Decidimos probar y resulta que no ha sido ni más barato, ni más rápido, al contrario”, aseguró.

Durante su período en campaña, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, manifestó su rechazo a las concesiones hospitalarias, ejerciendo un auténtico mea culpa solapado. “Y que no nos digan que es más barato, porque a la larga, la carga financiera para el Estado termina siendo mayor”, aseguró.

Matías Goyenechea, cientista político y director de la fundación Creando Salud, aseguró, no obstante que no hay que olvidar que fueron los gobiernos del bloque concertacionista quienes importaron la idea de concesionar desde afuera: “Hay declaraciones públicas sobre la idea de que no se va a concesionar pero por otro lado, el programa de Bachelet, en el área de concesiones, deja abierta su evaluación. Hay una especie de ambigüedad en relación al tema”, explicó.

 

Plan de concesiones 2014: el amarre de Piñera

Luego de los cuestionados casos del Hospital de Maipú y La Florida, la decisión del gobierno de confirmar su plan de concesiones hospitalarias a meses de dejar el poder, causó amplio rechazo en diversos sectores de la salud.

"El gobierno de Piñera planea invertir cerca de dos millones de dólares en puestos privados que liciten la estructura de los hospitales. Posteriormente, el Estado va a terminar pagando 6 mil millones por esos hospitales".

Tras su administración, Piñera concretó la construcción de 22 hospitales, dejando 14 establecimientos en proceso y 28 iniciativas esperando por su licitación. En tanto, dos hospitales –en la V y VII Región- serán construidos por una empresa concesionaria que aún no es definida.

“El gobierno de Piñera planea invertir cerca de dos millones de dólares en puestos privados que liciten la estructura de los hospitales. Posteriormente, el Estado va a terminar pagando 6 mil millones por esos hospitales, va salir bastante más caro. Además, están en una lógica de dejar amarradas las licitaciones, así el próximo gobierno va a tener amarrada la agenda”, explicó Goyenechea.

Los funcionarios de la salud tampoco ven con buenos ojos las intenciones del gobierno. Aseguran que el año pasado, con el ingreso del proyecto de ley que pretende crear hospitales clínicos, se pretendía cambiar el marco normativo de contratación de personal –precarizando sus condiciones- y otorgando al director la capacidad de generar convenios con organismos privados para tercerizar la atención clínica.

“Con estos dos cuerpos normativos, más este proyecto de ley, ocurría que al final ibas a tener un establecimiento de nombre público que podía tener el 100 por ciento de sus servicios y prestaciones entregadas de forma privadas”, declaró Gabriela Oyarzún, presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss).

Al respecto, Oyarzún señaló que “el gobierno debiera limitar y detener el proceso a la espera de que llegue un nuevo gobierno que tome las decisiones finales”.

Barría, por su parte, denunció que las licitaciones se han realizado en tiempo récord, dejando “apenas dos meses para que las empresas formulen los proyectos, y luego se han dejado 17 días corridos para la evaluación de la propuesta técnica antes de la apertura de la propuesta económica, incluso”. Todo, según dice, para dejar sellada su agenda de salud antes del 10 de marzo del próximo año.

 

Precarización y lucro en la salud

Los expertos señalan que existe vasta evidencia internacional y local sobre el fracaso de las concesiones hospitalarias como política pública. “Funcionan en la lógica de un crédito y que uno termina pagando dos o tres veces lo que uno pide y, por otro lado, se ha comprobado que los hospitales que ya llevan mucho tiempo operando en este sistema, tienen compromisos con la calidad asistencial”, aclaró Goyenechea.

Además de registrar mayor lentitud en sus construcciones y un alto costo, las concesiones no han logrado generar mejoras considerables en la atención. Incluso, existen indicadores sanitarios que han señalado que los resultados esperados no son obtenidos debido a que se deben otorgar altas más prematuras y que debe haber una rotación de pacientes más ágil que en otros establecimientos.

En tanto, desde un punto de vista laboral, el apoyo clínico y administrativo de un establecimiento se genera en dependencia de la concesionaria.

“Vemos que eso debilita la atención y genera una suerte de precarización del empleo porque las personas contratadas por estas vías son personas por contratos tercerizados. Eso no solo disminuye la calidad de la atención, sino que precariza el empleo público”, argumentó Oyarzún.