En el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, que recuerda sobre todo a los Estados sus compromisos y obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista es imposible no traer a la memoria los dramáticos hechos de violencia que hemos vivido este año y denunciar que el Estado chileno actúo negligentemente y no protegió la vida de todas las mujeres asesinadas y violentadas.

El 9 de septiembre de este año, la ciudad de Punta Arenas y todo Chile fuimos testigos de un brutal caso de violencia machista. Carolina Barrías sufrió múltiples mutilaciones en su cuerpo por parte de su ex pareja Juan Ruiz. Casi dos meses después nos remeció el brutal femicidio de Ruth Velásquez, que luego de ser asesinada por su ex pareja Héctor Briones, fue arrojada a un basural.

La única razón para la ocurrencia de estos delitos fue que Juan y Héctor sintieron que todos los privilegios que la sociedad les “autorizaba” a tener sobre Carolina y Ruth, los habían perdido.  La estrategia de la violencia contra las mujeres que ejercen los hombres es clara, progresiva y repetitiva para mantener la posición de dominio. Esta violencia es un proceso que no comienza con el femicidio: detrás de estos crímenes hay una historia de maltrato.  Son diferentes las tácticas que ejercen los hombres para someter a las mujeres, controlar y finalmente cuando ya nada les resulta, arrebatarles sus vidas.  Con políticas de prevención serias y permanentes, mujeres y hombres podrían detectar tempranamente actitudes, comportamientos  y acciones donde las desiguales relaciones de poder se traducen en violencia y pueden tener desenlaces tan dramáticos e indignantes como el de Carolina y Ruth.

Una política efectiva y eficaz contra la violencia hacia las mujeres, requiere de estudios permanentes que nos permitan observar el fenómeno y su carácter (gravedad, condiciones de riesgo, contexto, frecuencia, etc.).  Desde el año 2008, Chile ha optado por hacer encuestas nacionales de victimización de violencia contra las mujeres y no estudios de prevalencia.  Es decir, análisis que dan cuenta de la incidencia de la problemática.

En el mes de julio conocimos la segunda Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  En ella se indica que el 6.7% de las mujeres de Magallanes encuestadas  declararon haber vivido violencia de pareja durante el último año.  Llama la atención esta cifra, considerando que durante el año 2012 se registraron 753 denuncias por violencia contra las mujeres, es decir cerca de 15 mujeres por semana denunciaron ser víctimas de violencia por parte de sus (ex) parejas esta región (Ministerio del Interior, 2013).

La subdeclaración en este tipo de estudios es algo muy común cuando las mujeres no se sienten protegidas o interpretan cualquier factor de la encuesta como un elemento de alto riesgo o de develación de un hecho que muchas de ellas relatan por primera vez.  Los sentimientos de vergüenza, culpa o el miedo de sufrir más violencia impiden muchas veces que las víctimas relaten sus experiencias.

Por ello, seguir formalidades éticas fundamentales, como el Protocolo Básico del Estudio Multinacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar, es muy importante. La Red Internacional de Investigación sobre Violencia en Contra de la Mujer (IRNVAW) postula como prioritarias: la confidencialidad y la seguridad; la necesidad de asegurar que la investigación no cause a las participantes un daño adicional (incluyendo traumas); la importancia que las participantes sean informadas de las fuentes de ayuda disponibles; la necesidad que las entrevistadoras respeten las decisiones y elecciones de las entrevistadas.

En el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, el director de GFK-Adimark Roberto Méndez -a quién SERNAM externalizó la realización de este estudio- dijo no encontrar explicación frente a los bajos indicadores de violencia contra las mujeres en Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes.  Consultado por twitter si las encuestadoras pertenecían a las mismas regiones que las mujeres encuestadas, el Sr. Méndez respondió que sí, lo que fue corroborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en respuesta a una consulta por transparencia.

Esta pregunta de carácter metodológico puede resultar espuria en cualquier otro tipo de encuesta, pero tratándose de violencia contra las mujeres en contextos donde la población se conoce o existe el supuesto que “todo el mundo se conoce”, nos parece de suma relevancia, considerando que la confidencialidad y la seguridad son elementos fundamentales para que las mujeres hablen.

¿Qué pasó que el equipo investigador no tuvo en consideración estos cuidados?, ¿Qué pasó con el equipo de profesionales de violencia de SERNAM que no previnieron a la empresa GFK-Adimark sobre aspectos tan fundamentales como el contexto en el que se da la violencia y por ende es (im)posible declararla? ¿Podemos confiar en los indicadores construidos en esta encuesta?

Por Carola, Ruth y tantas otras mujeres de Chile, que viven o vivieron violencia de pareja, solicitamos aclaraciones al respecto.  Es urgente contar con estudios que nos den confianza para elaborar políticas públicas y la legislación pertinente para poner fin a la violencia contra ellas.