El pasado 16 de octubre, según consta en el acta de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Universidad de Las Américas ( UDLA) quedó sin el importante reconocimiento que entrega la institución, y que permite a las universidades y sus estudiantes contar con acceso al Crédito con Aval del Estado (CAE). En consideración de los antecedentes que constan en la resolución, la universidad perteneciente al Grupo Laureate, “no cumple con los criterios de evaluación definidos para los ámbitos de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado”.

El documento da cuenta de los antecedentes entregados por la misma institución y que muestran el aumento del número de estudiantes de pregrado de 25.272 en el año 2010 a 34.436 en el año 2013. Mientras que el número de docentes con jornada completa acrecentó sólo en 4 personas entre el 2010 y el 2013 (de 231 a 235) y los académicos de media jornada disminuyeron de 177 a 164.

La polémica se enmarca en un contexto histórico de fuertes críticas al observar las irregularidades que giraron en torno a los dos procesos anteriores, en 2008 y 2010, respectivamente. En ambas ocasiones, personeros de la CNA que fueron parte de la comisión evaluadora, terminaron ocupando cargos al interior de la universidad.

En el primer caso, la CNA no acreditó en dos ocasiones pero finalmente recibió el visto bueno de la institución gracias a la gestión de Paulina Dittborn, en ese entonces vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (el órgano que en ese entonces cumplía las funciones del CNA), y que posteriormente formó parte de la nómina para ser rectora de la UDLA, además del apoyo de Julio Castro, en ese entonces Jefe de Educación Superior del antiguo organismo, y que luego fuera alto ejecutivo del Grupo Laureate y rector de la Universidad de Viña del Mar, tras ser adquirida por el grupo durante 2009.

También resalta el rol de Eugenio Díaz Corbalán, quien fuera presidente (s) de la CNA durante aquellos años y que hoy se encuentra formalizado por la fiscalía ante las irregularidades anteriormente mencionadas.

Actualmente, UDLA señaló que apelará a la decisión del CNA, para lo cual tiene plazo de 30 días, y que de ser necesario recurrirá al Consejo Nacional de Educación, última instancia que puede dirimir en la causa.

María Olivia Monckeberg y su última investigación

Con la ayuda de un equipo de sociólogos de la Universidad de Chile, María Olivia Monckeberg, destacada periodista e investigadora, publicó en su reciente libro “Con fines de lucro”, importantes detalles de la gestión que desarrolla el grupo Laureate en la institución. Allí una extensa pesquisa abordó las malas prácticas de las 12 universidades que actualmente investiga la fiscalía por lucrar en la Educación Superior, lo que no está permitido por ley.

El estudio realizado para la publicación de “Con fines de lucro” contempló tres indicadores considerados básicos para medir  la calidad de la educación. Ellos son la cantidad de profesores contratados a jornada completa, la cantidad de metros cuadrados destinados a salas de clases y los libros en bibliotecas.

Allí, según comenta Monckeberg, se puede apreciar que la diferencia entre las matrículas y el ingreso refleja el crecimiento exponencial de la cantidad de alumnos, sin que mejoraran los indicadores anteriormente mencionados. “(la UDLA) es una de las que concentra mayor matrícula en pregrado y tuvo un aumento entre 2005 y 2012, aunque menos acentuado que otras, pero en cifras concretas aumentaron de 22.265 a 31.228. En el caso de los profesores (…) hay aumento en el ingreso y una leve baja en la proporción de profesores de jornada completa por estudiantes. Y en indicador de los metros cuadrados para salas de clases, los datos muestran un deterioro al igual que los otros indicadores académicos. Nuevamente tenemos la curva de ingresos y sin embargo, hay una caída y un cierto estancamiento de los últimos 3 años en la construcción o habilitación de espacios para salas de clases. En el caso de los libros para bibliotecas, se observa una mantención, en un nivel muy bajo que es de 5,7 libros por estudiante”, detalla. Todos estos datos están concentrados en la sección de los anexos del libro.

Para Monkeberg  es completamente entendible la resolución adoptada por la CNA pero dispara en contra de la normativa con la que cuenta dicho organismo. “Parece natural que no se acredite. La actual comisión está con un criterio un poco más estricto, a pesar de que uno crea que la comisión y todo el sistema de la acreditación tiene que ser cambiado y reformulado, y en forma bastante profunda, con una participación que va a tener que considerar al Estado mucho más, porque es muy absurda la forma que tiene la comisión actual. Están representadas las universidades privadas, o sea, actúan de juez y parte. Es una situación bien rara”, señala.

Para la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, este caso pone de manifiesto la crisis de la Educación Superior y la deficiente normativa que la regula. “Prácticamente el Estado no la supervisa, porque la CNA nació de acuerdo a una ley que fue muy negociada y es un híbrido, con una composición muy extraña de representantes de universidades privadas, institutos profesionales, representantes de los sectores empresariales de la producción y del comercio y, al final, no es un criterio muy académico (…) tampoco se han generado ni los reglamentos e instrumentos para que el Estado asuma el rol de fiscalizar y poner fin al lucro, al menos al lucro con fondos públicos”, analiza.

Finalmente, Monckeberg refuta la idea que defiende la gran cantidad personas que logró ingresar a distintas universidades gracias al CAE y las flexibilidades de universidades privadas, como la UDLA. “No por ello se justifica que impartan una enseñanza de muy, muy discutible calidad. Ni que se les entreguen a los estudiantes después títulos que no les van a servir para su vida profesional, ni a la sociedad”

Más voces críticas

Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA y ex candidato a diputado por La Florida, tuvo un rol activo en denunciar el lucro al interior de varias universidades, comentó a El Mostrador  que “este caso ejemplifica muy bien las graves fallas que presenta el sistema de acreditación. La inexistencia de criterios objetivos de medición de la calidad como tal –la actual ley sólo habla de mejoramiento de la calidad– ha hecho posible que esta universidad, como varias otras que han recibido tres o menos años de acreditación, continúen contando con el aval del Estado ya que, siendo la CNA un organismo público, es el Estado de Chile quien les indica a los jóvenes que ingresan a estas instituciones que son razonablemente buenas como para que estudien en ellas”.

Por ello, los mismos estudiantes afectados por la decisión de la CNA no dudan en criticar la medida y aseguran que se está usando a su casa de estudios como “chivo expiatorio”, pero también repasan a las autoridades universitarias por no mejorar los aspectos mencionados en el informe de la comisión. “Los administrativos de la universidad tendrían que haber visualizado que si ya los habían criticado por la poca cantidad de profesores contratados, deberían haberlo arreglado. También creemos que estamos siendo un chivo expiatorio después de lo que paso con la U. del Mar y que el Ministerio está buscando en esta universidad para quedar bien”, señaló Rodrigo González, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UDLA, sede Viña del Mar, al sitio web La Otra Voz.

“No han aumentado  los profesores según la cantidad de estudiantes, hay cosas que hay que trabajar”, indicó al mismo medio electrónico Johana Toro, presidenta de la instancia que agrupa a los miembros de la casa de estudios cuestionada. De todos modos, la estudiante de último año de Psicología, defendió la calidad docente del plantel. “Hemos tenido un buen desarrollo académico, soy consciente de mis competencias profesionales En temas académicos no hay problema, pero nos preocupa la plusvalía del título que tendremos al egresar y eso repercutirá cuando busque trabajo”, comentó.