La nacionalización del cobre impulsada por Salvador Allende respondió a un profundo sentido de justicia económica. La renta económica de la principal fuente de riqueza del país dejaba las manos de los rentistas extranjeros para al fin ser recuperada por el dueño soberano del recurso, el Estado chileno.

Por Francisco Pinto

Recuperando lo nuestro

Iniciado el siglo XX, el cobre volvía a tener un rol preponderante en la economía nacional. Compañías estadounidenses con nuevas tecnologías llegaron a operar en El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos configurando lo que luego se denominaría la Gran Minería del Cobre. Los beneficios que extraían estas compañías rentistas eran extremadamente elevados. Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1970, la inversión de estas compañías se estimó entre 50 y 80 millones de dólares, mientras las utilidades se elevaban a 1.576 millones de dólares y los valores no retornados al país ascendían a 2.673 millones. Chile tenía sus venas abiertas.

En este contexto, y posterior a un primer, pero insuficiente esfuerzo por recuperar parte de la renta minera a través de la ‘chilenización del cobre’ promovida por Frei Montalva con la creación de sociedades mixtas entre privados y el Estado, Allende impulsa la que sin duda fue una de las medidas económicas más notables, la ‘nacionalización del cobre’. En el Mensaje Presidencial que acompañaba el proyecto, el Presidente Allende relataba así el despojo al que había sido sometido nuestro país: “Las cuatro grandes empresas que han explotado en Chile esas riquezas han obtenido de ellas, en los últimos sesenta años, ingresos por la suma de 10.800 millones de dólares. Si consideramos que el patrimonio nacional logrado durante 400 años de esfuerzos asciende a 10.500 millones de dólares, podemos concluir que en poco más de medio siglo, estos monopolios norteamericanos sacaron de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus ciudadanos en industrias, caminos, puertos, etc., a lo largo de toda su historia. Aquí está la raíz de nuestro subdesarrollo”.

Luego de una ardua lucha por reivindicar el derecho soberano del Estado sobre sus recursos mineros, el 11 de julio de 1971 fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo. Chile recuperaba parte sustantiva de su patrimonio económico y obtenía así lo que el propio Presidente denominó como “el sueldo de Chile”. Allende declaraba aquel día como el día de la dignidad nacional y de la solidaridad, “…Dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política”.

Allende tenía razón

Desde una perspectiva económica, y por cierto también política, Allende tenía razón. Esencialmente porque esta política incorporaba dos aspectos fundamentales para el desarrollo del país: recuperaba la renta económica para el Estado y daba inicio a un desarrollo industrial que permitiría una segunda etapa exportadora, para abandonar así la eterna condición de exportador primario que tenía Chile.

En este mismo espacio se ha mencionado anteriormente cómo la ciencia económica ha catalogado como una verdadera ‘maldición’ la riqueza en recursos naturales, constatando que aquellos países con abundancia de recursos naturales presentan un desempeño económico más pobre (y con peores índices sociales) comparado con países con baja presencia de recursos. Se ha mencionado además, que el primer paso para evitar aquel cruel hechizo pasa por recuperar la renta económica de estos recursos. Esto es precisamente lo que permitía el acto soberano de nacionalizar el cobre, consagrado además en la Declaración de las Naciones Unidas, la cual establece que los países tienen el derecho a nacionalizar sus riquezas esenciales. En otras palabras, se trataba de un paso en la dirección correcta.

Chile se encontraba así en posición de desarrollar la industria minera y generar recursos para diversificar su economía. Al respecto, el propio Nobel de Economía y teórico neoliberal, Robert Solow, señalaba a comienzos de los 90 que para construir un buen futuro, Chile no podía limitarse a tener un rol de exportador primario. Primero, porque la explotación de recursos naturales puede generar pocos empleos y, segundo, porque constituía una ocupación riesgosa. Y en efecto, actualmente la minería genera poco más del 1% del empleo total del país, mientras representa cerca del 60% del total de la exportaciones, lo que pone al erario nacional en una posición altamente sensible a la valoración del metal rojo en el mercado internacional.

El hoy y los desafíos futuros

Hoy, el 70% de la minería se encuentra en manos de privados. Consagrado en dictadura por el entonces ministro de Minería, José Piñera, a través de las ‘concesiones plenas’ se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados. Los posteriores gobiernos del arcoíris dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió con la discusión por el royalty minero, terminando con un mal proyecto de ley que, en la práctica, significó un impuesto adicional que no puso fin al regalo a los privados.

Además, la bonanza del precio del cobre se ha mantenido por largo tiempo. Las exportaciones valorizadas para los últimos 10 años suman un total de 296 mil millones de dólares. Si se descuenta la participación de Codelco y le aplicáramos un royalty del 10% obtendríamos ingresos por más de 20 mil millones de dólares. Valor que supera la totalidad del PIB de Bolivia en 2010 y que permitiría satisfacer la enorme demanda social por educación, salud y reconstrucción, entre otros.

42 años después, bajo una mirada retrospectiva y dado el escenario descrito, cobra renovados bríos la política de nacionalización del cobre de Allende, pero con un desafío adicional. Hoy, el componente ambiental juega un rol fundamental. Las lecciones que se desprenden de los países latinoamericanos que están explotando sus recursos es que se ha vuelto a una primarización de las exportaciones y se ha traspasado el costo ambiental a las comunidades aledañas a las explotaciones. Nos toca avanzar y dar un paso sustantivo en materia de desarrollo, uno que sea inclusivo, justo y sustentable. Lo primero será recuperar la renta económica de nuestros recursos. De esta forma podremos también recuperar la dignidad nacional y solidaridad para nuestra economía.