La población crece, las ciudades crecen, el consumo crece y la basura crece. Y los costos para los municipios, responsables de recolectarla, también crecen. Una tendencia que, de seguir así, lleva a caminos sin salida. Los costos terminarán siendo inmanejables. Los intereses creados de una industria millonaria obstaculizan los necesarios cambios. Prefieren un sistema en que la basura no se vea y el tema no se discuta.

Por José Miguel Ruiseñor

En los últimos 30 años, la cantidad promedio de desechos que genera cada chileno se ha duplicado. Hoy supera el kilo diario, aunque esto varía bastante según el nivel socioeconómico y la condición de urbano o rural. Como la población crece, el aumento es exponencial. Toneladas de residuos son diariamente trasladados desde los domicilios, negocios y oficinas por camiones especializados a estaciones de transferencia y compactación, a rellenos sanitarios o simplemente a vertederos o basurales. Mucho de ese material podría tener un mejor destino, pero es desaprovechado.

Así mismo, también ha ido cambiando la composición de la basura. Con la mayor industrialización, especialmente de los alimentos, y la urbanización, el componente plástico es el que más ha aumentado en desmedro de la porción “orgánica” que sigue siendo, sin embargo, por lejos la más voluminosa.

PLATA A LA BASURA

En Chile, la recolección de la basura –técnicamente: residuos sólidos domiciliarios y asimilables– es responsabilidad de los municipios y la disposición es fiscalizada por la autoridad sanitaria. El drama es que hoy la gran mayoría de los municipios de Chile destina una proporción mayúscula de su presupuesto a recoger “desperdicios”, alcanzando muchos sobre el 20% (y algunos sobre el 30%) de su presupuesto. Miles de millones de pesos mensuales son destinados a la basura. Recursos que podrían dedicarse a mejor salud, educación o equipamiento urbano.

El cobro de “derecho a aseo” que realizan los municipios sólo incluye a las propiedades afectas a contribuciones (alrededor del 30% de los domicilios), por lo que con lo recaudado no alcanza siquiera a cubrirse la mitad de los costos. Pensar en hacerles llegar a cada vecino una cuenta de aseo es algo que ningún alcalde se atreve a realizar.

Como es prácticamente seguro que las tendencias de consumo, crecimiento poblacional y costos de transporte seguirán aumentando, los escenarios futuros son más que complejos: se tornarán inmanejables si no opera un cambio radical del paradigma con que se aborda el tema.

La tendencia al aumento de costos se está acentuando en el país a medida que se establecen nuevos rellenos sanitarios que, si bien cuentan con mejores estándares sanitarios y ambientales, también significan mayores egresos para los municipios. Ello porque la política del Gobierno apunta a asociar municipios cercanos y construir gigantescos rellenos sanitarios que sirvan a varias comunas a la vez. Una supuesta economía de escala que conviene a la industria asociada a este modelo “gigantista”. Pero como estos rellenos están en general más lejanos, la consecuencia inmediata es que los costos de transporte y disposición a la respectiva comuna se le multipliquen por tres, por cuatro o por cinco. Situación crítica en municipios de regiones. La tendencia a soluciones gigantes lleva entonces a camiones más grandes, compactadoras inmensas y, finalmente, costos globales mejores que por otro lado incentivan la aparición de microbasurales y vertederos ilegales que en el país se cuentan por miles.

Es verdad que antes –y algunos aún hoy– los municipios tiraban sus desechos sin ningún control en basurales y vertederos, sin autorización sanitaria y con graves impactos ambientales. Hacer un hoyo, echar la basura y luego taparlo era la solución preferida. En ciertos casos incluso toneladas de basura eran arrojadas directamente al mar. Por lo tanto, la tendencia actual es a establecer rellenos sanitarios y mejorar la normativa, el control y la fiscalización del manejo de residuos, incluyendo aquellos más peligrosos.

UN CAMBIO DE MIRADA

Con todo, y más allá de las evidentes diferencias entre las comunas, la situación se hará insoluble para muchas municipalidades en pocos años, en tanto no se aborden soluciones de fondo. Estas soluciones pasan por ir al origen de la generación de residuos y establecer políticas e incentivos eficaces para minimizar los desechos y aumentar el reciclaje. En definitiva, lograr que los chilenos boten menos basura, y separen y reciclen más. Esto no sólo pasa por campañas educativas y mayor conciencia, sino por disponer de un marco global y sistemas de operación que lo hagan posible, como ocurre en muchas ciudades en el mundo que han logrado disminuir sustantivamente la cantidad de residuos que se entierran o incineran. De hecho, las gestiones más avanzadas a nivel mundial se plantean acercarse al “zero waste” (cero basura), minimizando la generación y reciclando y reutilizando casi el 100% de los desechos. Se habla en varias ciudades de un “estilo de vida sin basura”. En una ciudad neozelandesa se eliminaron los basureros públicos para incentivar a la gente a “hacerse cargo de sus desperdicios”. En Chile, en cambio, predomina la mirada que ignora qué pasa después de que botamos nuestros desechos al basurero. Por cierto, nadie quiere un “vertedero” en su vecindario.

Un cambio de mirada traería de inmediato efectos positivos. Por un lado, ahorros para los municipios por menor tonelaje de basura a recolectar y disponer, dineros que se podrían destinar a fines más apreciables. Además, un aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios existentes y por construir. Por último, genera beneficios económicos directos al fortalecerse las redes formales e informales de reciclaje, pues la industria del reciclaje de “desechos” no es mal negocio. La basura tiene valor. Hoy son cada vez más las empresas que se desarrollan en este nicho, sin desconocer el aporte que significa para cartoneros y otros recicladores informales la disponibilidad de “materia prima” en forma ordenada. Otro cálculo que debe ser incorporado es el ahorro de energía y recursos naturales que se produce al reciclar en vez de extraerlos de la naturaleza.

Los costos de transporte también se podrían acotar construyendo rellenos sanitarios a escala, más pequeños y en lugares adecuados y más cercanos a cada comuna. Ello es perfectamente posible. Algunas comunas, como Caldera, ya lo han hecho.

Otros municipios han enfrentado el tema con iniciativa e innovación. En La Pintana, por ejemplo, manejando un sistema de compostaje y reproducción de lombrices, han logrado reducir hasta en ocho veces el costo de disponer en un relleno sanitario la basura orgánica de restos vegetales, mejorando de paso la calidad de sus áreas verdes.

Los municipios rara vez cuentan con personal especializado en estos temas y desde la política pública –salvo declaraciones y anuncios de planes– no se hace nada concreto por minimizar los residuos. Se teme que podría desincentivar el consumo, claro. A muchos conviene que haya miles de toneladas de basura. Se piensa: más basura es más crecimiento, más ingresos.

Esa industria que disfruta del modelo gigantista y gana contratos de recolección y disposición también es un estupendo negocio. Los grandes rellenos sanitarios, que cobran por tonelada recibida, son privados y generan también grandes ganancias. Las empresas de recolección se disputan contratos millonarios. No exentos de sospechas y denuncias de cuantiosas coimas, por lo demás. Por algo cuesta tanto hacer los cambios que la situación requiere.