Desde que el megaproyecto minero de oro binacional anunciara su construcción en 2009, ha recibido dos sanciones por emitir material particulado. Ahora las faenas se encuentran paralizadas de forma temporal, pero total. A esto se suman dificultades de financiamiento, que hoy cuesta ocho veces más que hace once años atrás. Por otro lado, la resistencia en la zona es transversal y se mantiene pese a las presiones. Innumerables denuncias, e incluso juicios, mantienen el camino de este proyecto con piedras que pretenden interponerse para paralizarlo. Por Javier Karmy Bolton Once años se demoró el Estado chileno en reaccionar a las persistentes denuncias de contaminación que se estaban produciendo con el proyecto Pascua Lama en el valle del Huasco, en la región de Atacama. En 2009 el Comité Operativo de Fiscalización hizo una inspección al emprendimiento y recién multó a la empresa en 2011 por un poco más de 11 millones de pesos. En dicha oportunidad se detectaron varias irregularidades, pero el motivo de la multa sólo fue por extracción de agua desde un lugar no autorizado y superación del límite de emisión de material particulado. En octubre de 2012 se realizó otra fiscalización por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Tras la inspección, se decretó el cierre total temporal de Pascua Lama debido a que el proyecto estaba contraviniendo el reglamento de seguridad minera. Por segunda vez una fiscalización daba cuenta de presencia excesiva de material fino en suspensión que, tal como indica el organismo estatal, era consecuencia de “un incorrecto control técnico del material depositado en el botadero”, así como de “las complejas condiciones climáticas de la zona”, lo que genera “la polución del lugar”. Surgen muchas preguntas, entre ellas si esa irrisoria suma de dinero compensa la destrucción de glaciares o si a 5 mil metros de altura existe un “control técnico” posible para el material particulado. Desde hace once años que, con apoyo de la Iglesia local, los agricultores y crianceros del prístino valle del Huasco vienen denunciando la destrucción de glaciares por parte de Barrick, la transnacional minera canadiense dueña de Pascua Lama. Cuando Barrick presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) e hizo el proceso de “participación ciudadana” –apoyada por políticos democratacristianos como Jaime Mulet y Yasna Provoste–, la pregunta inmediata que le surgía a los agricultores y crianceros era: “Señores de Barrick, pero ¿dónde están los Bancos Perpetuos en su megaproyecto?”. Después de escuchar algo así como “glaciaretes” y “cambio climático”, los habitantes del valle conocieron la palabra mentira. Una vez que el proyecto fue aprobado, en 2001, quedó pendiente un Plan de Manejo de Glaciares que fue tan absurdo como criticado. Sólo cuando Barrick ingresó Pascua Lama nuevamente en 2004 para ampliarlo, la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) aprobó lo pedido pero a condición de que no afectara los glaciares. Extraño, porque tras la segunda aprobación –el 15 de febrero de 2006, a un mes del cambio de mando entre el gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– se conoció el primer documento de la Dirección General de Aguas (DGA) que establecía que los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, aledaños al eventual rajo minero, ya habían disminuido entre un 30% y un 75% producto de la intervención de Barrick. Es decir, la institucionalidad ambiental tiene por lo menos once años de atraso en este caso, o simplemente no existen mecanismos adecuados para que las denuncias de la gente común y corriente, habitantes ancestrales de aquel territorio, tengan validez ante una trasnacional mundialmente cuestionada como Barrick. La gente “del Alto” se sigue preguntando no sólo por lo que sucederá con los glaciares, sino con el agua que brota de ellos y que permite que la vida germine en el último río con agua limpia que aún corre de cordillera a mar en nuestro país. “Peculiar” obra de “interés empresarial” Lo que sí está claro es que sólo la movilización social ha dificultado Pascua Lama para Chile y Argentina. Recordemos que es el primer proyecto minero binacional, hecho posible con un tratado tan “peculiar (…) que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado”, según señalaba un abogado de la Sociedad Nacional Minera en referencia al Tratado de Integración y Cooperación Minera suscrito por Eduardo Frei y Carlos Menem en 1998. Es insólito que con esta herramienta jurídica Chile ceda el 25% de su territorio a las mineras y creara un “país virtual” operado de facto por las trasnacionales dueñas de sus propios proyectos. A la par, se hicieron denuncias –nunca desmentidas por Barrick– de que el tratado chileno-argentino fue redactado por su propio equipo jurídico. ¿Su interés?: controlar el territorio andino que contiene agua en forma de glaciar y minerales en forma de cordillera. Por eso hoy Barrick es dueña de El Morro, Cerro Casale, Veladero (en Argentina) y Pascua Lama (transfronterizo). Sólo las diversas y creativas protestas sociales, así como innumerables denuncias, han logrado detener a Barrick. Y por ello ha debido incrementar en ocho veces su proyecto inicial, ya que Pascua Lama en 2001 tenía un costo de 950 millones de dólares y hoy va en 8.500 millones de dólares. Para peor suyo, hay agencias de financiamiento estatales de Estados Unidos (EX-IM) y de Canadá (EDC) que se han negado a prestar dinero para el proyecto. Era tanta la resistencia local que había contra Barrick, que en 2008 la trasnacional arremetió con el “Compromiso Atacama”, donde las instituciones Un Techo Para Chile, Fundación Teletón, América Solidaria, Clase 21, El Pacto Global de Naciones Unidas, junto a reparticiones estatales como Corfo y Fosis, recibieron fondos de la minera para eliminar campamentos en la provincia del Huasco. El “Compromiso Atacama” pretende que la minera y esas instituciones “desarrollen” la zona. El contrasentido es que las comunidades locales, ancestrales y con su propio estilo de vida, no han sido tomadas en cuenta en esa decisión. El principal opositor a Pascua Lama, y que levanta la bandera de “por la vida y el agua” (tal como hace el obispo Infanti en su lucha contra HidroAysén), es el obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, quien incluso ha rechazado dineros de Barrick para obras filantrópicas. Sin agua, el prístino valle del Huasco quedará sin vida. Por eso la situación es tan grave. Oponerse a Barrick se convierte en un deber moral. La movilización de la comunidad ha conseguido preservar el ánimo de que aún se puede detener Pascua Lama. Poner piedras todos los días significa futuro.