Durante hoy jueves, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó 6.430 casos nuevos de personas contagiadas con VIH entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018, una cifra récord en la historia del país.

La mitad de los pacientes, equivalente a más de 3 mil personas, fueron diagnosticados en la Región Metropolitana, seguido por Valparaíso (521), Biobío (396) y Antofagasta (298). Los casos detectados ya están confirmados a través del Test de Elisa, no sólo por el test rápido.

Desde el Ministerio de Salud precisaron que el 95% de los casos ratificados en nuestro país se encuentran con tratamiento y que el 90% está con cargas virales negativas, es decir, con el virus indetectable.

Al respecto, el ministro de Salud, Emilio Santelices, atribuyó el aumento de los casos de VIH a pacientes extranjeros, argumentando un cambio en el perfil epidemiológico, a pesar de que según las cifras entregadas por la cartera de salud, las personas migrantes solo equivalen a un tercio de la población detectada y en tratamiento durante el año pasado.

En este escenario, diversos actores sociales comentaron que los dichos del ministro Santelices son discriminatorios. Esto, tomando en cuenta la ley 19.779, más conocida como "Ley del SIDA" señala en su artículo 1º que: "la prevención, diagnóstico y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como la asistencia y el libre e igualitario ejercicio de sus derechos por parte de las personas portadoras y enfermas, sin discriminaciones de ninguna índole, constituyen un objetivo sanitario, cultural, social y de interés nacional y corresponde al Estado la elaboración de las políticas que propendan hacia dichos objetivos, procurando impedir y controlar la extensión de esta pandemia, así como disminuir su impacto psicológico, económico y social en la población".

Para el abogado experto en materias legales sobre VIH/SIDA, Esteban Arévalo, estas declaraciones "son inaceptables por un ministro que actúa como representante del Estado chileno, infringiendo la norma expresa de la ley y también normas de nivel constitucional, como la igualdad ante la ley. Infringe tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la no discriminación y a la protección de los derechos de las personas migrantes".

Respecto al factor discriminatorio de los dichos del ministro, agrega que "está fomentando la estigmatización de un grupo que de por sí ya es vulnerable. Si a eso le sumamos la condición de vulnerabilidad de vivir con VIH,  el ministro ha infringido la norma que obliga a que el Estado no discrimine en las políticas de VIH/SIDA"

Para el activista Víctor Hugo Robles, los dichos del ministro también son errados: "Lo que no dice ahí es que aquella población migrante está diagnosticada y tratada, o sea, ellos no son el problema. El problema sigue estando en los que no son diagnosticados, en los que no son tratados y a esa población en donde el Ministerio de Salud no ha podido llegar. Tratar de atribuirle la crisis del VIH a la población migrante es un error inaceptable en cualquier parte del mundo".

Según cifras del Ministerio de Salud, entre 2010 y 2017 hubo 32.677 notificados entre el sistema privado y público, en el cual se encontraron a 21.284 personas contagiadas, de las cuales, sólo 1.866 fueron extranjeros (equivalente a un 8,76% del total de los casos). También, según otras cifras del ministerio es que en el año 2015, había un total de 24.039 personas en control del programa VIH/SIDA en el sistema público de salud. De estas, 606 eran extranjeros: representaban solo un 2,5% del total.

En 2016, existió una leve alza, en donde el total de personas correspondió a 26.213, y las extranjeras a un 4,1%. A su vez, en regiones como la III, IV, VI, VII, VIII, IX y XII no existía ninguna persona extranjera contagiada hasta la fecha.