Los familiares de detenidos y ejecutados en dictadura rechazaron el proyecto de ley ingresado por el gobierno con el objetivo de sustituir penas y que es aplicable a personas condenadas por todo tipo de delitos, incluyendo a criminales de lesa humanidad. 

En entrevista con La Tercera, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, recalcó que esta iniciativa avala la impunidad que se ha mantenido en la justicia respecto a las violaciones a los derechos humanos: "Como en el Tribunal Constitucional solo lograron que se declarara inconstitucional exigir arrepentimiento, ahora recurren abiertamente sobre lo que tenían pensado. Presentan un proyecto de ley para así cumplir con compromisos que hicieron durante la campaña", sostuvo.

Lira agregó que el proyecto demuestra que "están buscando desesperadamente cómo dejarlos en libertad. Demuestran su actitud de perpetuar la campaña de impunidad que se alarga en el tiempo, porque ya no es suficiente que mantengan el pacto de silencio".

A la vez, la presidenta de la AFEP rechazó las consecuencias que la aprobación de la propuesta podría provocar en lo psicológico y moral a las víctimas, recalcando que "han sido tan mezquinos para condenar crímenes atroces y demasiado generosos al otorgar beneficios".

En tanto, la activista Cecilia Heyder sostuvo que no le extraña el proyecto del ministro Larraín dado que "era protector de la Colonia Dignidad" y recalcó que "cuando el proyecto se refiere a personas con enfermedades mentales y terminales, ¿Se acordará que nuestros familiares nunca tuvieron un mínimo de humanidad por estos asesinos? Encuentro aberrante que se les de libertad por un gesto humanitario es una burla a nuestro dolor".