El pasado 5 de mayo, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco resolvió condenar por unanimidad a los comuneros mapuche José Peralino, José Tralcal y Luis Tralcal por el delito de incendio de carácter terrorista, en el marco del caso Luchsinger Mackay.

La sentencia fue polémica desde ese mismo día. Hace solo unos meses, el mismo tribunal había resuelto absolver a todos los imputados, lanzado una dura crítica a la Fiscalía y a las policías por la débil calidad de prueba presentada en el mediático caso.

Y también causó polémica porque ese mismo día se conoció que los jueces Germán Varas y Mauricio Poblete estaban postulando a cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo a la legislación, los postulantes deben pasar un filtro realizado por la Corte de Apelaciones, que escoge una terna para cada cargo. Una vez ahí, es el gobierno de turno quien decide la designación, situación que abrió inmediatamente la polémica, pues la actual administración es querellante en el caso Luchsinger Mackay.

La decisión también alzó las dudas sobre la curiosa salida de la jueza Ximena Saldivia, quien fue integrante del tribunal durante todo el juicio pero que, en plenos alegatos de clausura, presentó una licencia médica que le impidió continuar, siendo reemplazada por el magistrado Poblete.

Según se supo el día de ayer, la jueza Saldivia presentó una denuncia por acoso laboral en contra de Varas. Esto provocó que la ONG Observatorio Ciudadano enviara una carta a Diego García-Sayán, relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, informándole de las "amenazas e intervenciones indebidas" a la jueza.

[caption id="attachment_215788" align="alignnone" width="909"] Jueza Ximena Saldivia[/caption]

"Ganar el favor del gobierno"

El mundo de los jueces está revuelto desde que el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunciara la decisión de "netear" las designaciones para evitar lo que, según él, ha pasado hasta el momento, que es la designación de "jueces de izquierda".

Según comenta un magistrado de región a El Desconcierto -quien prefirió mantener en reserva su identidad-, se comenta que el gobierno no solo está revisando los antecedentes de cada juez que postula a un cargo, sino que está mirando directamente los fallos y cómo han argumentado.

Por eso, asegura, que los llamados jueces "garantistas" serán relegados a segundo lugar durante esta administración piñerista.

La carta que envió el Observatorio Ciudadano, a través de su director José Aylwin, a Naciones Unidas dice directamente que las presiones del juez Varas a la jueza Saldivia tendrían que ver con "la intención de éste (Varas) de condenar a los imputados para condenar para ganar el apoyo del gobierno actual, encabezado por el Presidente Piñera, para avanzar su carrera funcionaria en el Poder Judicial".

El juez Germán Varas Cicarelli es titular del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, aunque parece que no por mucho tiempo más. Según las postulaciones realizadas en el Poder Judicial, el magistrado ha postulado a cuanto cargo ha estado disponible en Temuco, para ser juez Civil, de Familia o de Garantía. A este último puesto también postula Mauricio Poblete.

Quienes estuvieron presentes en el juicio oral relatan a este medio que se vivieron jornadas inusuales a lo largo del proceso, como los abiertos reproches que hizo el juez Varas a la jueza Saldivia. A la magistrada, dicen testigos, se le vio incluso llorando después de haber sido reprochada por su jefe en el tribunal.

Otro punto que llamó la atención fue la presencia de Luis Hermosilla, abogado del Ministerio del Interior e íntimo cercano al ministro Andrés Chadwick. Él apareció como representante del gobierno desde la primera jornada y, según dicen los presentes, fue a realizar un rol de "operador" más que a alegar en la causa.

Los abogados defensores de los condenados ya preparan un recurso de nulidad ante la Corte Suprema que elimine el juicio, acogiéndose a causal letra "a" del artículo 373 del Código Procesal Penal, relativa a la infracción de garantías durante el juicio oral.

"La justicia debe ser un equivalente a la parcialidad y esa característica no solo debe serla, sino también parecerla. Desde ese punto de vista,q que una persona que está encargada de juzgar de forma parcial, no puede estar involucrada con ninguna de las partes. Y acá, una de las partes es responsable de determinar si una persona ocupa un cargo al que ha postulado", aseguró Sebastián Saavedra, abogado del condenado Luis Tralcal.

Vale recordar que este fue el tercer juicio oral sobre el caso Luchsinger Mackay que ha revisado el tribunal de Temuco. En total, han sido nueve jueces, considerando el fallo que condenó al machi Celestino Córdova y los dos que involucran a la machi Francisca Linconao y los otros 10 imputados.

En el primero, los jueces Luis Sarmiento, Juan Santana y Óscar Viñuela condenaron al machi Celestino a 18 años de prisión por su responsabilidad en el atentado. Los primeros dos magistrados descartaron que se tratara de un delito terrorista, pero Viñuela sí optó por calificarlo así en voto de minoría. Hoy, ocupa el cargo de fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco.

El segundo juicio, concluido en octubre de 2017, terminó con una absolución unánime de parte de Jose Ignacio Rau, Patricia Abollado y Luis Torres, quienes también descartaron que se tratara de un delito terrorista.

Dicho fallo causó estragos para el juez presidente, José Ignacio Rau, resistido por sectores empresariales de La Araucanía por utilizar una chaqueta roja y estar -según ellos- a favor de la causa mapuche.

A fines del año pasado, el mismo trío fue convocado para ser los jueces del caso Iglesia. Sin embargo, la Fiscalía de La Araucanía protestó contra la designación de Rau, logrando bajarlo de la terna. Según Myrna Villegas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile la situación de Rau es paradójica en tanto es "una persona altamente competente, formado en Derechos Humanos. Y es curioso, porque cuando los jueces son formados en Derechos Humanos, inmediatamente se transforman en ‘jueces de izquierda’ y se duda de su parcialidad”.

[caption id="attachment_202997" align="alignnone" width="819"] Juez Rau fue cuestionado por el color de su vestimenta / Agencia Uno[/caption]

El voto disidente de Varas

La condena a los primos Tralcal -José y Luis- y al delator compensado José Peralino fue unánime. Sin embargo, el juez Varas tuvo un voto en minoría, a favor de condenar también a la machi Francisca Linconao.

Este voto, según ha argumentado la defensa, no tiene sentido, pues la machi es precisamente el hilo conductor de la acusación que realizó la fiscalía. Sin ella, no es entendible cómo se concretó el delito ni la participación de los que fueron condenados.

El próximo 11 de junio se conocerá el fallo completo, donde se debería justificar cómo avalaron los jueces cada prueba y cómo llegaron a la convicción de quienes eran los culpables y quienes inocentes.

A lo largo del juicio, solo una de las pruebas involucró directamente a los tres condenados. Se trata de un peritaje de geolocalización realizado por Iván Rubilar, oficial de la PDI. La prueba consistió en realizar levantamiento de celdas telefónicas. Esto quiere decir identificar las antenas donde se ubica cada aparato telefónico.

La machi, Peralino y los Tralcal comparten, según el peritaje, la celda de nombre 'Niágara', ubicada en el cerro Rahue, la misma que cubre la granja Lumahue, la casa patronal de los Luchsinger Mackay.

Eso sí, los abogados fueron claros en sus alegatos en señalar que el hogar de cada uno de ellos está dentro de la misma celda, lo que significa que podrían haber estado en sus casas al momento del ataque. El peritaje, según el propio Rubilar, no da certezas de que las personas se encontraban en determinado sitio, sino la celda en la cual se realizó la última llamada del correspondiente equipo telefónico.

Para la Fiscalía, la geolocalización realizada por Rubilar comprobaba que "alrededor de 30 personas" -según la declaración del delator compensado- se reunieron en la casa de la machi la noche del 3 de enero para planificar el ataque. Pero la última llamada que salió del teléfono de la machi ese día fue cerca de las 7 de la tarde y la realizó a un sobrino suyo.

El próximo 11 de junio se conocerá el detalle de cómo los jueces evaluaron la cuestionada prueba, que en el último juicio oral los magistrados criticaron su deficiencia ya que, entre otras cosas, quedó comprobado que el oficial Rubilar descargó una aplicación gratuita de Google Play a su teléfono personal para realizar el peritaje. Además, según contó el juez Rau a La Tercera en una entrevista posterior a dicho juicio, nunca se comprobó que los teléfonos periciados correspondían a esas personas.

"No había nada que justificara que esos teléfonos estaban asociados a tales personas, ni que fueran utilizados por ellos. Nunca supimos. Entonces, si no hay claridad respecto del insumo sobre el cual se trabaja en un peritaje, si hay dudas sobre su obtención, el origen, el peritaje en sí es deficiente y genera dudas", dijo en ese momento.

Ahora resta esperar cómo estos jueces valoraron la misma prueba, pues en la lectura de la sentencia solo se hizo referencia a la acreditación de que fue un delito terrorista y en darle validez a la declaración de José Peralino, pese a que él mismo denunció ser presionado por oficiales de la PDI para dar falso testimonio.