Con grata sorpresa hemos visto el interés que se ha despertado por aportar en el sistema de protección infantil, específicamente para las y los niños que han requerido una medida de cuidado alternativo, como son las residencias de protección. En estos primeros días del nuevo gobierno hemos visto a la Intendenta Metropolitana visitando una residencia de protección y al alcalde de Recoleta desarrollando una propuesta para que las residencias del Sename sean administradas por el municipio, entre otros. Sin desmerecer que toda ayuda es necesaria, ni desechar ningún aporte, vale la pena preguntarse el rol de los gobiernos locales en la protección infantil.

Los municipios y  gobiernos locales, tienen un rol clave que cumplir en la protección infantil, pero ¿es éste exclusivamente con quienes necesitan protección especial? No. Los gobiernos locales están en una posición privilegiada para poder prevenir y evitar que niñas y niños requieran de estas medidas. Que las familias no puedan cuidar a los niños como éstos necesitan depende de muchos factores y, por lo tanto, prevenir la institucionalización también. En esa línea, los gobiernos locales, si bien no son los únicos responsables, tienen el gran potencial de poder garantizar que cada familia de su territorio sea apoyada para que pueda hacerse cargo, de manera positiva, de la crianza de sus hijos e hijas.

Esta es una labor que se puede y se debe realizar a través de un trabajo articulado entre sus prestaciones de salud,  educación,  desarrollo social, comunitarias, transporte, vivienda, seguridad ciudadana, entre otras;  llevando a cabo alianzas con la sociedad civil presente en el territorio (muchas veces ejecutando programas), con agrupaciones vecinales, con otros dispositivos como la OPD o los equipos de SENDA PREVIENE. Todo este trabajo conjunto tiene el potencial de ofrecer el apoyo que las familias necesitan. Eso, siempre y cuando el apoyo sea efectivo y las familias puedan efectivamente acceder a él. Es lo que las mesas locales de infancia intentan realizar, pero con el foco en las y los niños, no necesariamente en su crianza o contexto más inmediato.

Si los gobiernos locales pudieran desarrollar “planes locales de apoyo a la crianza” para sus familias, con una visión más integral de la infancia, podrían, al menos: primero, aunar objetivos de  trabajo ¿qué quieren lograr para esas familias?;  segundo, analizar su oferta: identificar a qué familias están llegando, con qué tipo de apoyo y quienes se les están quedando fuera ¿el foco está sólo en las familias que necesitan apoyo especializado? ¿quién apoya a las que tienen dudas o dificultades más cotidianas para prevenir que requieran un apoyo mayor a futuro?; tercero, asegurarse de que la difusión y acceso a los servicios esté siendo eficiente ¿los adultos a cargo de la crianza de niños y niñas saben dónde dirigirse para recibir el tipo de apoyo que requieren? ¿usan los servicios disponibles?; y, por último, un plan con foco en toda su población puede permitirles ir monitoreando resultados, cuando acceden a estos servicios, ¿se obtienen los resultados esperados? y generar instrumentos de alerta temprana.

Los gobiernos locales tienen una posición privilegiada, no sólo para reparar daño, sino también para prevenir e, incluso, para promover que cada niño y niña de su territorio viva en un entorno seguro que promueva su bienestar y desarrollo. Ojo con dónde ponen las fichas.