Las alertas están puestas. El TC pateó para la próxima semana una decisión que ya trascendió a la prensa: Calificar de "inconstitucional" la norma que prohibía el lucro en las instituciones de educación superior, expuesta en la ley de Educación Superior que ya fue aprobada por el Congreso.

Se trata específicamente del artículo 63 de la iniciativa, que impide que las instituciones de educación superior organizadas como sin fines de lucro tengan en sus directorios a controladores que sí tienen fines de lucro. En otras palabras, en el texto –que fue promulgado como una de las últimas leyes de la reforma a la educación de Michelle Bachelet– se prohíbe que entre los dueños se encuentren empresas o personas jurídicas que puedan retirar ganancias, en vez de reinvertir todos los excedentes nuevamente en los establecimientos.

Y el meollo de todo el asunto se encuentra en la forma en que se aprobó el artículo en cuestión: con mayoría simple, es decir, con más de la mitad de los parlamentarios presentes, y en ningún caso se determinó que se necesitara de quórum calificado (mayoría absoluta). Vale aclarar que este hecho no fue cuestionado en ninguno de los trámites legislativos.

De hecho, según detalló el diputado Giorgio Jackson (RD), la totalidad de los artículos que integran el proyecto pasaron seis controles de secretarías técnicas independientes (3 en cada cámara), que ratificaron que la norma en cuestión debía ser aprobada con mayoría simple y no quórum calificado.

https://twitter.com/GiorgioJackson/status/976777967769739265

Llamativamente, la idea de recurrir al TC no salió de ninguno de los parlamentarios de Chile Vamos sino que de una de sus involucradas directas: fue Pilar Armanet (PPD), ex rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, quien pidió por escrito al tribunal que hiciera la revisión.

Armanet conoce el sistema de educación superior desde los dos lados, ya que también fue jefa de la división de Educación Superior del Mineduc durante la primera administración de Michelle Bachelet. Y con su arremetida, pareciera que acudir al TC para frenar proyectos podría volverse algo frecuente, luego de que en octubre pasado sucediera algo similar cuando la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también recurrió al tribunal, que finalmente terminó mutilando el proyecto que fortalecía al Sernac.

En caso de que se invalide la normativa, el Estado ahora estaría obligado a entregar generosos recursos –ya sea a través de créditos o gratuidad– a instituciones de educación superior que, sin embargo, no entregar garantías de que estén revirtiendo todo en calidad, y que puedan utilizarlos para su propio enriquecimiento. "Es decir, con este acto arbitrario es ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público", cerró Jackson.