*Esta columna fue elaborada de manera colectiva por los miembros de la Comisión de Educación de Revolución Democrática.

Durante las últimas décadas hemos contemplado la aguda y sostenida crisis y declive de una educación pública organizada por un modelo municipal heredado de la dictadura, sin que los actores políticos hayan tomado medidas de fondo para enfrentarlo. Pese a tres intentos legislativos de cambio y numerosos análisis de expertos que concluyen su urgencia, hasta hoy ha faltado verdadera voluntad política, para construir un sistema de educación pública que dote a las escuelas y liceos de herramientas que permitan responder a los desafíos que tienen.

El modelo de educación municipal profundiza un sistema desigual y altamente segregado, incapaz de garantizar calidad. En su existencia ha perjudicado severamente la valoración y prestigio de nuestra educación pública y ha sido pilar de un modelo de educación “privatizada”, que favorece a unos pocos a costa del fracaso de muchos. Pese al esfuerzo de algunos municipios, lo cierto es que la educación pública del país no puede ni debe depender exclusivamente de municipios con recursos, capital humano y capacidades de gestión muy disímiles, quedando además al arbitrio de ciclos electorales cortos y de una gestión política que no siempre pone la educación como una prioridad.

Por esta razón, nos parece fundamental que el Estado se haga responsable de la educación pública de nuestro país, para que ésta recupere el prestigio que alguna vez tuvo y sea capaz de garantizar a cada estudiante una  educación pertinente y de calidad. Como Comisión de Educación de Revolución Democrática apoyamos decididamente iniciar hoy un proceso de desmunicipalización, creando en su reemplazo un sistema nacional de educación pública que permita darle una centralidad necesaria y reparar el daño. Nos parece que el proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso constituye un paso relevante en este sentido. No podemos seguir postergando este cambio, pues es una pieza clave para construir un sistema que responda realmente a una educación como derecho.   

Para materializar esa expectativa, sin embargo, hay varios pendientes fundamentales que el proyecto de ley no aborda y los cuales seguiremos empujando con decisión. El más importante es la superación del actual sistema de financiamiento, reemplazando el criterio por asistencia del estudiante por un sistema que financie cada colegio en función de su tamaño, costos fijos y las características de la población estudiantil que recibe.

Además, iniciar ese trabajo supone crear las condiciones laborales adecuadas, garantizando la estabilidad laboral y el desarrollo profesional a profesores y asistentes de la educación, que han visto vulnerados sus derechos bajo el régimen municipal. Junto con ello, la nueva institucionalidad tiene que enraizarse y responder a las necesidades educativas de los distintos territorios y establecimientos educacionales, a la vez que debe garantizar criterios de calidad, inclusión y democracia para todos los estudiantes. Por lo mismo, el nuevo sistema público requiere impulsar importantes transformaciones a nivel curricular y pedagógico, lo que supone trabajar en conjunto con docentes, directivos y otros profesionales de la educación en iniciativas pedagógicas innovadoras que apunten hacia el desarrollo integral de todos los estudiantes.

Llamamos a todos los actores políticos a no hipotecar el futuro de miles de niños, niñas y jóvenes de Chile y avanzar desde hoy mismo en la construcción de una educación pública que vuelva a ser un orgullo nacional, como en la que alguna vez se educaron Pablo Neruda, Gabriela Mistral y tantos otros.