El juicio a Mauricio Ortega como responsable del femicidio frustrado contra Nabila Rifo terminó de confirmar en toda su expresión, la cruda realidad que viven las mujeres víctimas de violencia de género en Chile. Mostró cómo nuestro sistema judicial, que avanza lento en la incorporación del derecho internacional para el trato de víctimas de violencia; nuestro sistema político, que hace de las causas de las mujeres una causa negociable y medios de comunicación, que hicieron un festín con este drama, no han estado a la altura de las urgencias que tenemos como país y democracia, en la erradicación la violencia de género hacia mujeres y niñas.

Todo un sistema social que sanciona a las víctimas que deciden denunciar al hombre agresor y protege a los victimarios, justificando sus acciones. Lamentable. Es un sistema que invita a las mujeres a mantenerse en silencio y a los victimarios a perpetuar sus conductas delictivas.

Cuando se creyó que la perplejidad del femicidio frustrado de Nabila Rifo (pero también de Carolina Barría y tantas más) se superaba con la condena de Mauricio Ortega; otro hecho de violencia mantiene las dudas sobre cómo avanzar en el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de las mujeres.

El Tribunal Supremo de la DC acaba de decidir que los maltratos físicos y psicológicos propinados por el diputado Ricardo Rincón contra su expareja mujer, de acuerdo a la condena judicial recibida en su contra el 2002, no son razón suficiente para que sea suspendido ni expulsado del partido.

Es más, el tribunal demócratacristiano aduce que no habría sido suficientemente acreditado el hecho de violencia. Así deconoció la sentencia del 16º Juzgado Civil de Santiago, ratificada posteriormente en segunda instancia. Al ignorar el pronunciamiento de los tribunales de justicia también desacreditó la denuncia de la víctima. Nuevamente en duda la reputación de la mujer que denunció al diputado Rincón.

La Democracia Cristiana a través de su Tribunal Supremo contradice lo resuelto por su Comité de Ética que investigó por ocho meses el proceder del diputado Ricardo Rincón, cuando la denuncia por violencia contra su ex pareja fue nuevamente pública. El Comité advirtió que Rincón niega la verdad de manera tenaz, no manifiiesta arrepentimiento por lo realizado y que la fecha de la denuncia ante la justicia es una referencia porque la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos; su daño dificilmente prescribe.

La decisión del Tribunal Supremo DC es una reiteración de la agresión, un reflejo del amparo que reciben los victimarios y de la naturalización de la violencia contra las mujeres. Si uno de los partidos más emblemáticos de Chile, cuyos principios dicen fundarse en el respeto del bien común y los derechos humanos, ampara dentro de sus filas a un maltratador de mujeres condenado por la justicia y considera que esto no lo inhabilita para ejercer cargos públicos bajo su alero: qué mensaje se está enviando a la ciudadanía, qué le está diciendo a los agresores, cómo pretende retomar funciones públicas en el Estado como principal garante de los derechos de mujeres, niñas y víctimas.

El mensaje del supremo de la DC es claro: la violencia hacia la mujer puede ser obviada y minimizada. La connotación pública que tiene el femicidio frustrado contra Nabila Rifo debió impedir una decisión de esta magnitud como debió evitar el asesinato de más de medio centenar de mujeres que murieron desde el día de la agresión a Rifo hasta la condena de Ortega. Un cambio político y cultural real debió reflejarse en la expulsión de Rincón de las filas DC y su inhabilidad como servidor público. Pero no. Continuamos con el imperioso desafío de propinar ese cambio profundo. De enviar un mensaje claro a las mujeres que sobreviven a la violencia, asegurándoles que nunca más las dejaremos solas.

Mientras esto no ocurra, seguiremos sosteniendo y validando la violencia hacia las mujeres, favoreciendo que no se denuncie a los agresores y haciendo de su no visibilización una costumbre que ya ha cobrado la vida de demasiadas mujeres. Ni una menos, a causa de la violencia machista. Ni una mujer más abandonada por una sociedad cómplice.