La situación actual en Venezuela es un caso bastante típico de gridlock: un conflicto entre diferentes poderes del Estado controlados por organizaciones políticas distintas (el izquierdista PSUV que controla el Ejecutivo y la derechista MUD que controla el Congreso).  Conflictos entre la Presidencia y el Parlamento pasan todo el tiempo en las sociedades liberales modernas, no hay nada de peculiar con dicha dinámica en absoluto (no hace falta recordar el dramático conflicto entre Balmaceda y el Parlamento). Sin embargo, la oposición venezolana, con una actuación totalmente antidemocrática, ha decidido no respetar la separación de poderes y violar la constitución y el Estado de derecho, creando, de una situación normal de gridlock, una crisis profunda de la institucionalidad política.

Lamentablemente, la prensa chilena e internacional ha tergiversado los hechos dando la impresión que es el gobierno el que ha violado las normas de la democracia liberal. Chile podría jugar un papel positivo en este proceso, presionando a la oposición venezolana a aceptar la institucionalidad democrática que han violado constantemente. Pero para hacer eso es imprescindible que el país entienda la situación venezolana actual con más claridad. Para lograr aquello es necesario primero repasar brevemente un poco de la teoría democrática y luego analizar la situación venezolana bajo esa óptica.

La teoría democrática liberal

En las universidades, todas las mallas de ciencia política incluyen la famosa teoría del gridlock. Gridlock es una situación difícil pero también perfectamente manejable en cualquier sociedad con una institucionalidad democrática. Ocurre, porque el poder Ejecutivo (la presidencia) está en manos de un partido político mientras que el poder legislativo (el Congreso) está en manos de otro, generando tensiones entre los dos. De hecho, es la doctrina misma de la “separación de poderes” tan propia del liberalismo, la que genera esta situación ahora en Venezuela.

Esta doctrina (que viene de Montesquieu – De l'esprit des lois, 1748 – e influyó en la redacción de la constitución estadounidense) da ciertas facultades al Congreso y otras al Ejecutivo, abriendo así la posibilidad de un conflicto entre los distintos poderes. Los creadores de las institucionalidades liberales (como los Founding Fathers de EEUU) entendieron muy bien que existía esa posibilidad, y por ende especificaron de manera muy detallada y clara las varias potestades exclusivas de cada poder. Además, dejaron al poder judicial la facultad de dirimir cuando había conflicto acerca de la interpretación de cuales facultades pertenecían a cuál rama de gobierno. Los creadores de la constitución venezolana no hicieron nada muy distinto que los Founding Fathers en ese respecto. Así, la situación de gridlock en Venezuela se reglamenta de exactamente la misma forma que el EEUU, siguiendo los dictámenes de la Corte Suprema (Tribunal Suprema de Justicia – TSJ en Venezuela).

Tanto en EEUU como en Venezuela, lo que permite que la separación de poderes funcione a pesar del potencial gridlock es el ordenamiento de poderes dentro la constitución. Entonces puede ser que la Presidencia está en manos de un demócrata y el Congreso en manos de los republicanos (como pasó más recientemente con Barack Obama) pero los dos siguen funcionando bajo las reglas compartidas de la constitución. Mientras que todos los actores políticos siguen respetando estas reglas, el poder del Estado (el monopolio de violencia legítima para usar la frase de Weber) está controlado, evitando que los ciudadanos se encuentren coaccionados por un poder arbitrario que coarta su libertad. El liberalismo, que tiene como valor fundamental la libertad, argumenta que este sistema puede proteger la libertad y al mismo tiempo garantizar la gobernabilidad necesaria para mantener una economía moderna próspera y dinámica. Y así han funcionado EEUU y Venezuela, siempre y cuando los actores políticos han respetado la institucionalidad.

Todo lo dicho anteriormente es la teoría del liberalismo básico, una visión ampliamente compartida entre los actores políticos de las sociedades democráticas modernas. Pero esto no implica que la convivencia democrática durante el gridlock sea fácil. Si los distintos partidos políticos que controlan la presidencia y el parlamento quieren implementar políticas públicas distintas, la práctica cotidiana de la política se puede tornar bastante conflictiva. De hecho, el gobierno federal de EEUU se cerró un 2013 cuando los demócratas y republicanos no lograron consensuar el presupuesto fiscal para el próximo año. Nadie cuestionó la legitimidad democrática de Obama, pero el gobierno sí enfrentó un conflicto muy duro.

La dureza de estos conflictos es mucho mayor cuando hay crisis económica y ciertos sectores políticos deciden que son necesarias las transformaciones que tocan los intereses de los más ricos y poderosos para asegurar la prosperidad de todos. Por ejemplo, durante la Gran Depresión, la Corte Suprema de EEUU había declarado la legislación del New Deal (la creación de un incipiente Estado de bienestar estadounidense) “inconstitucional”. El Presidente Franklin D Roosevelt (FDR) respondió a esta situación introduciendo la famosa ley de reforma de los procedimientos judiciales (Judicial Procedures Reform Bill) de 1937 que le habría permitido nombrar más jueces a la Corte Suprema hasta tenerlo bajo su control. No fue necesario implementar la legislación porque, frente a dicha amenaza, la Corte Suprema decidió aceptar la legislación del New Deal.

Así de rudos son los conflictos entre los poderes de Estado dentro de las democracias liberales, pero no por eso se cuestiona la legitimidad democrática de FDR ni de Obama. Lamentablemente, la derecha venezolana no ha sido tan responsable con la institucionalidad democrática del país como los republicanos estadounidenses, lo que ha hecho que en el caso venezolano los problemas típicos de gridlock han creado una crisis política más profunda.

La crisis en Venezuela: la oposición viola la Constitución y las normas democráticas

Para entender la crisis actual hay que revisar la historia política reciente de Venezuela. En diciembre de 2015 se celebraron las elecciones parlamentarias. La oposición ganó una mayoría en la Asamblea Nacional (AN) por primera vez desde 1999. La oposición nunca aceptó la legitimidad de las elecciones en éste período (a pesar de que ex Presidente de EEUU Carter, que tiene una fundación especializada en observar procesos electorales, dijo que Venezuela tiene “el mejor sistema electoral del mundo”). Sin embargo, cuando ganaron las elecciones, repentinamente aceptaron la validez del proceso electoral. Este comportamiento antidemocrático (sólo validar las elecciones que ellos mismos ganan) ha caracterizado la actuación de la oposición venezolana en todo este tiempo y es la causa subyacente de la crisis actual.

Durante el proceso electoral hubo acusaciones de fraude (compra de votos) específicamente en el estado de Amazonas. Entonces el TSJ emitió un dictamen suspendiendo provisionalmente la proclamación de los 4 diputados de esta zona: tres opositores y un partidario del gobierno (Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Miguel Leonardo Rodríguez).

En enero de 2016, a pesar del dictamen del TSJ, la AN decidió juramentar e incorporar a los diputados de Amazonas. Esto fue la primera violación del Estado de derecho de este caso (y es de la oposición). La AN no respetó la separación de poderes ni la autoridad del poder judicial consagrada en la constitución. El diputado chavista no cooperó con este proceso y se retiró, aceptando que su elección había sido impugnada por las autoridades judiciales competentes. Los otros diputados decidieron participar con el presidente de la AN en una abierta violación de la constitución.

Posteriormente, el TSJ emitió una sentencia ordenando a la AN a dejar sin efecto la juramentación y hacer la desincorporación inmediata de los tres diputados impugnados (Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana).  Esta vez la AN sí hizo caso, desincorporando a los tres diputados de la sala. La oposición trató de poner sus suplentes en su lugar. Sin embargo, dado que eso hubiera sido una flagrante violación de la constitución y de los principios democráticos (los diputados tienen que haber sido elegido en un proceso electoral judicialmente limpio) finalmente abandonaron esta idea. Así, la AN dejó de estar en desacato y empezó a legislar de manera regular.

En abril de 2016, la mayoría opositora en la AN seguía legislando y logró pasar una ley sobre los jubilados, otorgándoles un bono para alimentación y medicamentos. El oficialismo rechazó dicha ley pero el TSJ la declaró constitucional. Esta ley fue promulgada en la Gaceta Oficial, demostrando que la AN sí podría funcionar con normalidad, a pesar de la situación de gridlock (a pesar de tener un Presidente del PSUV y una mayoría legislativa del MUD). Pero el buen funcionamiento de la AN en abril dependía de una variable clave: que la oposición respetara a la constitución y acatara la interpretación que de ella hacía el poder judicial (la misma cosa que hace funcionar las situaciones de gridlock en EEUU).

Lamentablemente, en julio de 2016 la AN decidió re-integrar los 3 diputados opositores que enfrentan acusaciones de fraude. Con estos tres diputados iban a tener los dos tercios necesarios para hacer cambios constitucionales. La reintegración fue una manera fraudulenta de conseguir la supermayoría que no ganaron en elecciones democráticas. En agosto de 2016 el TSJ declaró como carente de “validez, existencia y eficacia jurídica” la juramentación de los tres diputados de la oposición y su incorporación al parlamento por considerarla una “violación flagrante del orden público constitucional”. Desde ese momento la AN deja de funcionar de manera normal y entra en “desacato” con el poder judicial.

En noviembre de 2016 la oposición una vez más promete desincorporar a los 3 diputados con acusaciones de fraude. Incluso mandaron cartas formales de renuncia. Lo hicieron en el marco de un diálogo entre el gobierno y la oposición promovido por El Vaticano. Sin embargo, la oposición condicionó el retiro de los diputados a la renuncia de Maduro y la realización de nuevas elecciones presidenciales. La decisión de llamar a elecciones de forma temprana es una prerrogativa del poder Ejecutivo (salvo en caso de un referendo revocatorio, que la oposición no ha podido llamar porque no han logrado juntar suficientes firmas). Entonces, cuando el gobierno decidió no llamar a elecciones tempranas (que es su derecho), la oposición una vez más reincorporó los diputados (en diciembre de 2016) y una vez más entró en “desacato”.

Una elección presidencial temprana, que no es obligatoria ni legal ni constitucionalmente, ayudaría a la oposición porque Venezuela está enfrentando una severa crisis económica. El gobierno prefiere hacer las elecciones presidenciales según el cronograma normal de la ley –2019– con la esperanza de que suba el precio de petróleo paliando así la crisis y generando más apoyo para el gobierno. Esta discrepancia sobre el momento ideal de realizar elecciones también es bastante común en las democracias liberales (en el Reino Unido llamar a elecciones generales es prerrogativa exclusiva del Primero Ministro y siempre genera un gran debate sobre el timing).

Lo que cambió una situación de conflicto político normal, como en nuestro ejemplo británico, en una crisis política profunda fue la estrategia de la oposición. Ellos decidieron usar la incorporación ilegal de los 3 diputados como un bargaining chip (una moneda de cambio) para presionar al gobierno.  Dicha estrategia de condicionar el respeto hacia la constitución al cumplimiento de sus objetivos políticos (repetidamente violando la separación de poderes con su desacato a las decisiones judiciales) es una práctica claramente anti-democrática según los cánones de la democracia liberal. Si en el análisis de la situación venezolana nos preocupa las consideraciones de la democracia liberal formal, entonces el blanco de nuestras críticas debe ser la oposición.    

Las acusaciones contra el gobierno de Maduro: desinformación y distorsiones

Así, llegamos a marzo de 2017, momento en que se empieza las acusaciones de un golpe de Estado en Venezuela y la violación del Estado de derecho por parte del gobierno. De hecho, El Mostrador llegó al extremo de publicar el titular: “Maduro disuelve el Congreso”) una afirmación que es categóricamente falsa, como todas las acusaciones mencionadas anteriormente.

La realidad es bastante menos dramática. La única cosa que hizo Presidente Maduro fue anunciar un paquete de medidas económicas para lidiar con la crisis que vive Venezuela producto del bajo precio de petróleo. Esta crisis, dicho sea de paso, no es culpa directa del ‘socialismo de siglo XXI’ sino de la economía mundial (Nigeria, país petrolero sin gobierno socialista, está pasando por exactamente la misma situación que Venezuela de desabastecimiento y crisis cambiaria).

Ahora, el paquete económico de Maduro para enfrentar la crisis incluyó un cambio a las condiciones de las empresas mixtas. Una norma constitucional venezolana (la ley orgánica de hidrocarburos) le entrega a la AN las potestades sobre empresas mixtas. Dado que la AN sigue en ‘desacato’ no puede aprobar las medidas y por ende el TSJ tuvo que fallar al respecto (hay un recurso de un filial de PdVSA, la empresa pública petrolera pidiendo una aclaración).

El TSJ dictaminó que la situación de desacato “incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”. Apelando al artículo 336.7 de la Constitución, el TSJ declara que existe “omisión inconstitucional parlamentaria”. Dicho artículo constitucional le entrega al TSJ la facultad de establecer “lineamientos de corrección" en caso de omisión. Entonces, el TSJ corrige, siguiendo la constitución, entregándole al Ejecutivo el poder de crear empresas mixtas (mientras que la AN está en “desacato”). Además falla que el mismo TSJ va asumir de manera accidental y coyuntural funciones de la AN para cubrir el vacío mientras que se mantiene el desacato (mientras que siguen los 3 diputados impugnados por fraude electoral en la sala).

Podemos ver entonces tanto la falsedad de la idea que Maduro ha disuelto el Congreso como lo equivocado que es la idea de que es el gobierno el que ha violado el Estado de derecho en Venezuela. Para empezar, no es Maduro quien ha actuado, sino el TSJ. Se ha cuestionado la independencia del poder judicial en Venezuela, pero como se vio con el ejemplo de FDR y la Corte Suprema en EEUU, tensiones de ese tipo son bastante común en situaciones de gridlock.  De ninguna manera se justifica cuestionar la legitimidad democrática de Maduro, de la misma forma que no se justifica cuestionar la legitimidad de FDR.

Además, la decisión del TSJ no ha disuelto la AN sino que ha suspendido sus facultades hasta que retire los 3 diputados acusados de fraude electoral. De hecho, la AN podría empezar a funcionar con plena normalidad dentro de 2 días si la oposición hiciera un simple acto de desincorporación de los diputados que se encontraban con acusaciones de corrupción, tal como hizo en enero y prometió hacer en noviembre de 2016. De esta forma, si quisiera, la oposición venezolana podría volver a usar su mayoría parlamentaria para legislar y cambiar Venezuela según su parecer, tal como estaban haciendo en abril de 2016.

La decisión de la oposición de reincorporar los diputados y artificialmente crear esta crisis constitucional ahora en 2017 es una lamentable continuación de su comportamiento antidemocrático anterior, con el cual pretendían sacar al presidente con métodos extra-constitucionales. Han apelado a EEUU y a la OEA con esta crisis política que ellos mismos crearon, para presionar Maduro con los poderes externos de una forma que no pueden hacer usando los poderes internos propios de la institucionalidad democrática liberal. Lo peor es que parece que los países de Latinoamérica están han caído en la trampa.

Un respecto básico para los principios democráticos sugiere que sería autoritario dejar que diputados que no fueron elegidos en elecciones demostrablemente limpias puedan legislar. Sin embargo, esto es lo que está pidiendo la derecha venezolana, con el apoyo del gobierno de Michelle Bachelet y el de Donald Trump. La crisis en Venezuela es profunda y el país sí necesita la ayuda de la comunidad internacional (incluyendo a Venezuela) para poder volver a la normalidad democrática y el Estado de derecho. Pero para hacerlo bien hay que reorientar la crítica no hacia el gobierno sino a la oposición.

Hasta ahora (abril 2017) la presión internacional ha conseguido que el TSJ suprime parcialmente sus fallos, asegurando que no va a asumir las facultades de la AN y que garantizará la impunidad de los parlamentarios. Este muy positivo avance fue posterior a las críticas al TSJ de la chavista Fiscal General (jefa del Ministerio Público) y de un pedido formal del Consejo de Defensa (liderado por el Presidente) de que el TSJ revisara el fallo. Lo anterior demuestra que en Venezuela sí hay una separación de poderes y además una voluntad de diálogo de parte del oficialismo. Sin embargo la oposición sigue en desacato del TSJ, violando el orden constitucional. La presión latinoamericana, y chilena, debe instar a la oposición venezolana a respetar la institucionalidad y la constitución, cosas que tanto valoramos en este país y deben valer también en otras partes.