La implementación de cámaras de seguridad desde el aire está al alza en el sector oriente de la capital. Mientras las comunas de Lo Barnechea y Las Condes ya implementan globos de vigilancia, Providencia y Santiago analizan distintas opciones, que incluyen los mismos globos y también drones, mientras voces de expertos se alzan para prevenir de sus efectos coercitivos en la población.

“Aunque no tengan impacto real, estas medidas son vistosas y le permiten a los alcaldes mostrar que ellos están combatiendo a la delincuencia”, indica Pablo Viollier.

El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales señala que esto se explica “por el nivel de inversión que tienen disponible. Para los contribuyentes y votantes de esas comunas no es un gran sacrificio que se implemente este tipo de medidas porque tienen recursos de sobra. Si se hiciera en una comuna que tiene necesidades sociales urgentes, los vecinos le pasarían la boleta al alcalde”.

[caption id="attachment_126444" align="alignnone" width="800"] / Agencia UNO[/caption]

La historia de la ciudad parece darle la razón: mucho antes de la masificación de los drones, que para el 2020 representarán el 10% de las transacciones de la industria aeronáutica, una alcaldesa intentó implementar un globo tipo zeppelín de vigilancia en una comuna con mayor nivel de pobreza y fracasó.

En 2011, la entonces alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza Guzmán (RN), propuso un método de vigilancia “anti delito” que consistía en un globo anclado a unos 150 metros del suelo, armado de treinta cámaras con visión nocturna y térmica. El zeppelín se sumó a otras medidas polémicas de la alcaldesa de la zona norte, como detectores de metales en los colegios, pero no prosperó.

Un par de semanas después, el concejo municipal rechazó la idea por su costo: 192 millones de pesos más. Eso sin sumar la mantención anual en una comuna que alberga sectores ricos como Avenida Pedro Fontova, pero también la población La Pincoya o la Villa Los Libertadores, con altos índices de pobreza.

Cuatro años después, una de las dos empresas que buscaba implementar el zeppelín de Carolina Plaza, Global Systems SpA, opera globos de vigilancia en Lo Barnechea y Las Condes, que están sujetos a un régimen de funcionamiento general determinado por la Corte Suprema a falta de una normativa legal.

Vigilancia aérea: ¿quiénes miran qué?

[caption id="attachment_126445" align="alignnone" width="801"] / Agencia UNO[/caption]

Altura máxima de vuelo a los 300 metros, autonomía de vuelo de 45 minutos, cámara HD con visión nocturna, recepción de los videos en tiempo real, resistencia a la lluvia, nieve, vientos y temperaturas extremas. Esos son los requisitos que estableció la Municipalidad de Providencia para evaluar la opción de los drones de vigilancia.

Uno de los defensores de la iniciativa desde el sector privado ha sido Rodrigo Mery Dougnac, quien es representante de la empresa MKM Ingeniería Limitada, propiedad de Misael Flores Lara. Mery también está vinculado a la industria de seguridad y la tecnología a través de otra firma Nextsys, que presta servicios de reconocimiento facial, GPS, control de accesos virtuales y monitoreo de cargas o traslados.

En su opinión, los drones de seguridad son efectivos contra la delincuencia. “A nivel mundial, pese a lo que se mal informa en la prensa, es un medio altamente utilizado por las policías en ciudades de Estados Unidos como Baltimore o California. Es tecnología de avanzada para las policías en términos de persecuciones. Una vez que se sabe que se están ocupando tienen un efecto disuasivo. Cuando se demuestra su utilidad evidentemente van a pensar dos veces antes de exponerse y cometer un delito”, señaló a El Desconcierto.  

Mery también desestima el que los drones pongan en peligro la privacidad de los habitantes de la ciudad. “Yo no me imagino que una entidad pública tenga ganas de implementar tecnología para espiar o mirar casas”, declara.

Aunque por la naturaleza de su negocio no puede entregar nombres, el representante de MKM asegura que los drones de seguridad ya se usan en predios privados tales como plantaciones forestales o en industrias como las de transmisión eléctrica y de combustible.

Sin embargo, según corroboró este medio, esto último representaría un problema, ya que las redes de transmisión eléctrica muchas veces atraviesan un sinnúmero de predios privados y áreas fiscales cuya vigilancia aérea no está regulada.

Para la experta en comunicaciones y políticas públicas de la Universidad de Chile, Chiara Sáez, el debate ha sido demasiado opaco. “Ni siquiera se ha problematizado el tema de la naturalización de la tecnología, como si no tuviera detrás seres humanos que la operan ni criterios políticos para aplicarla”, dice.

Sáez estima que los motivos esgrimidos para respaldar los drones o globos son preocupantes. “Cuando se pusieron los globos en Lo Barnechea el alcalde dijo que iba a poner mujeres a operarlos porque son más confiables. Son argumentos sin sustento”, explica la académica.  

Así, los costos de estas medidas para la población no sólo serían altos en términos monetarios, sino que también sociales porque lo que está en juego es la privacidad. “Esto de que estén sólo en lugares públicos no es así. Pueden pasar por arriba de tu patio. Me parece que el costo es mucho más grande que el potencial beneficio, que además no está medido en forma seria”, critica.

Otro problema tiene que ver con el uso efectivo de las imágenes captadas desde drones o globos para la persecución penal de delitos. Pablo Viollier explica que en Chile "el Código Penal establece que cualquier medida al interior de la investigación que pueda vulnerar eventualmente derechos fundamentales tiene que contar con una autorización judicial previa. Nuestro país sigue la doctrina del árbol envenenado, lo que quiere decir que cuando una prueba es declarada ilícita bajo ninguna circunstancia puede ocuparse para decidir si una persona es culpable o inocente. Probablemente serán excluidas de la persecución penal y esto es otro motivo para rechazar los drones".

El sector oriente bajo las cámaras

[caption id="attachment_126439" align="alignnone" width="799"] FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO[/caption]

“El sólo hecho de sentirse observado cambia el comportamiento de la gente“, declaró la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al anunciar el uso de drones en la comuna el pasado 16 de febrero. Desde la ONG Derechos Digitales están de acuerdo con la aseveración y es por eso, aseguran, que no debe implementarse la medida, lo que revela la diferencia en la valoración de un derecho asegurado en la Constitución: la privacidad.

“Ella lo dijo para argumentar a favor del uso de drones, y yo ocupé exactamente la misma frase para oponerme. La privacidad también se vulnera cuando por el hecho de sentirse observado alguien cambie su rutina o hábitos. Estamos sometiendo a vigilancia intrusiva y permanente a la totalidad de los habitantes de la comuna, lo que es muy peligroso en términos de derechos constitucionales”, señala Pablo Viollier.

Una de las frases más repetidas es la que refiere al supuesto “efecto disuasivo” de estos métodos de vigilancia. Sin embargo, muchas veces se omite que el efecto de la vigilancia no se aplica sólo a potenciales infractores de la ley.

En el informe publicado el 2012 “Vigilancia, combate del crimen y violencia” del proyecto IIRSS (Increasing resilience in surveillance societies) del Instituto de Sociología de la Ley y la Criminología de Austria y la Unión Europea se detallan las consecuencias generales de estos métodos.

Allí se lee que estos implican daños como “falsos sospechosos de actividades criminales y terroristas, sospecha y discriminación a miembros de ciertos grupos sociales o étnicos; efectos marginadores que profundizan las inequidades sociales por el monitoreo invasivo de quienes tienen un estatus social más bajo, efectos inhibitorios que pueden minar las actividades sociales y democráticas y la erosión de la confianza dentro de la sociedad”, además de acreditar distintos tipos de cambios de rutina y comportamiento cotidiano entre quienes se ven expuestos a estos tipos de vigilancia.  

En el caso de Latinoamérica, el informe 2016 del Internet Governance Forum señala que en la región existen distintas amenazas para los derechos humanos relativas a estos temas. Así, según el estudio la compra de software de vigilancia es una tendencia creciente en la región, dotando a los estados de “capacidades de monitoreo desproporcionadas y carentes de resguardos frente a abusos”.

Además, en general esta capacidad de vigilar a los ciudadanos “cae en un área legal gris, cuando no es completamente ilegal”. El capítulo cierra señalando que “preocupa la utilización de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y opositores políticos. En general, los países latinoamericanos carecen de una protección fuerte y efectiva de datos personales, volviendo a las personas vulnerables a todo tipo de abusos”.

En Chile el uso de drones está regulado por la norma técnica DAN-151, dictada por la Dirección General de Aeronáutica Civil que entró en vigencia el 10 de abril de 2015. Según explican en la ONG Datos Protegidos, “fuimos el primer país latinoamericano en regular el uso de drones, lo que no significa que dicha regulación sea adecuada y completa”.

Allí sólo se señala en forma vaga que “un piloto a distancia durante la operación de un RPA (Dron) no podrá violar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad”.

Un negocio rentable sin regulación clara

[caption id="attachment_126446" align="alignnone" width="801"] Foto:MARIO DAVILA/ AGENCIAUNO[/caption]

Las empresas de seguridad privada en Chile han crecido un 46% entre 2010 y junio de 2015. Desde el sector público, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Santiago sumaron en 2015 un gasto anual que supera los $20 mil millones en seguridad. Tan sólo la comuna de Vitacura sumó $4 mil millones.

De que es un buen negocio no cabe duda: Global Systems SpA, la empresa que opera los globos de Lo Barnechea y Las Condes, aumentó sus ganancias de $62.571 millones de pesos en 2014 a $104.919 millones en 2015. La firma es parte del grupo Rebrisa S.A, entre cuyos accionistas están Larraín Vial y Banchile.

Su directorio está encabezado por Avram Fritch, ex soldado israelí que en los años '80 se encargó de la seguridad de las minas de diamante de la transnacional De Beers en Sudáfrica y que llegó a Chile en los '90, siendo uno de los principales actores de la industria de la seguridad privada en el país desde entonces. 

Entre sus directores también está Álvaro Güell, ex ejecutivo de Gener que fundara con Sebastián Piñera la sociedad de inversiones CMB en los '80, junto a José Cox. Como director suplente también aparece Ignacio Gutiérrez, quien comparte con Piñera el directorio de una de las cuestionadas sociedades del ex presidente en Panamá.

En el registro de la Ley del Lobby, Global Systems y sociedades relacionadas como Oznet Chile figuran ofreciendo distintos servicios de seguridad informática y software a  entidades como el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la Fiscalía Nacional Económica y la Subsecretaría de Defensa. En el caso de esta última consta en el registro que se presentó la "Empresa de Ciberinteligencia Interionet Systems", de la cual este medio no encontró registros.

La académica de la Universidad de Chile, Chiara Sáez, explica que cada avance tecnológico de la industria de la defensa y seguridad va por delante de la regulación. “Se van colando muy soterradamente por intereses comerciales sin un cuerpo que los norme”, dice, apuntando a que las empresas operadoras de estos métodos de vigilancia “han logrado entrar sólo en comunas del barrio alto y con alcaldes de derecha”.