El 5 de diciembre de 2016, setenta trabajadores se enclaustraron en el fondo de la mina Santa Ana, en Curalinahue, provincia de Arauco. Cinco de ellos tuvieron que salir por razones de salud, algunos iniciaron huelga de hambre pero por las condiciones no pudieron continuarla.

Un mes y seis días han pasado y los mineros siguen 700 metros bajo tierra. Ahí pasaron navidad y año nuevo.

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La mina Santa Ana tiene todo un historial de polémicas. En noviembre de 2008 los empresarios Rodrigo Danús Laucirica y Paul Fontaine Benavides obtuvieron la concesión minera “Los Ríos de Curalinahue” a través de SW Business S.A. La última mina de carbón de la zona la obtuvieron por 5.352 UF, cerca de 113 millones de pesos de la época. En enero de 2010, el Estado transformó la situación en un negocio redondo para la dupla: Corfo le traspasó a la empresa 116 millones de pesos por concepto “Zona Reconversión Arauco”.

Pero el inédito dúo de Danús -otrora precursor de la farándula y creador del progrma SQP- y Fontaine -ex asesor de Marco Enríquez-Ominami e hijo de un Chicago Boy- fracasó, tanto en Santa Ana como en sus apuestas en el mercado energético, desaprovechando así el "regalito" que les dio Corfo. En 2015, SW Curanilahue se declaró en quiebra y la dupla se mandó a cambiar, negando incluso estar relacionados a la empresa. Un vaciamiento que fue calificado como irresponsable por la ministra de Minería Aurora Williams en su momento. En agosto, los trabajadores, con sueldos y cotizaciones impagas, decidieron tomarse la mina en busca de obtener una respuesta.

Catorce días duró esa huelga, que terminó después de un acuerdo con el Ejecutivo, que consistía en una capacitación con manutención a través de Sence, ayuda social para cuentas de servicios básicos, postulación a pensiones de gracia y estudios de factibilidad de continuidad de la mina. Este último punto fue el que provocó la movilización actual, sobre todo por el rechazo del gobierno a cualquier posibilidad que la mina vuelva a funcionar bajo el control de los propios trabajadores.

Desde el ministerio del Interior aseguraron a El Desconcierto que, respecto a ese punto, se realizó un pago de $30 millones para un estudio de Corfo de factibilidad técnica y económica de la operación de la mina.

Lo concreto es que ahora la ayuda estatal terminó, incluida la mantención de 400 mil pesos mensuales. Y los 180 trabajadores de la mina Santa Ana llevan 4 meses sin sueldo.

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“Solidaridad Minera”

Las experiencias cooperativistas o de economía solidaria -donde el foco no está en generar lucro para el dueño- son escasas en Chile.

El 19 de julio de 2016 se constituyó la empresa Solidaridad Minera, creada por los trabajadores de la mina Santa Ana de Curanilahue para concretar un modelo de gestión asociativa que le devuelva el trabajo a los 180 mineros afectados por el vaciamiento de la empresa.

Los trabajadores necesitan 600 millones de pesos para participar en el proceso de liquidación del yacimiento. La principal demanda de la actual huelga es obtener ayuda del Estado para que ellos administren el proceso productivo de la mina. Pero según cuenta Luis Chandía, presidente del sindicato de ex trabajadores de la mina, la condición para sentarse a conversar que puso el gobierno fue que encuentren un inversionista privado. “El Estado tiene miedo de que sean trabajadores dueños de un ente productivo. A un empresario sí se le apoya y a una empresa de trabajadores no, aquí se quiere cerrar posibilidad de que trabajadores se hagan cargo de empresa y den chance a otros procesos a hacer lo mismo”, dice.

Desde la Gobernación de Arauco y la Intendencia han repetido constantemente que el gobierno no tiene cómo financiar los derechos de extracción. El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, fue más escueto: "Es un conflicto entre privados".

Para el abogado Óscar Menares, asesor del sindicato y presidente de la junta de acreedores que participa en la liquidación de la mina, la situación “deja en evidencia el fracaso del Estado subsidiario, ya que el Estado no tiene herramientas para la transferencia de recursos en situaciones calificadas, ni por la vía del gobierno regional, que tiene muy pocas competencias en esto, ni por la vía de Corfo y las líneas de financiamiento directo, que fueron reducidas drásticamente durante la administración de Piñera y que se han mantenido de la misma manera en el gobierno de Bachelet”.

Lo que está detrás del pedido de los mineros, explica Menares, es la generación del sector asociativo, “una demanda de democracia económica que el Estado neoliberal no acoge. Es un mix de problemas que no tienen solución inmediata, sino por la vía de una modificación profunda del carácter del Estado, que sea productivo, en disposición de personas y no del mercado”.

El seremi de Gobierno de la Región del Bio Bío, Enrique Inostroza, dijo a El Desconcierto que las soluciones "se deben dar desde el realismo, desde lo que tiene a disposición el Estado y no desde la generación de falsas expectativas a los trabajadores".

En el ministerio de Interior siguen la doctrina de Aleuy y se desligan de la situación diciendo: "El Estado no dispone de instrumentos normativos presupuestarios para financiar la operación de compra de la empresa insolvente para que los trabajadores se adjudiquen y les permita emprender, porque es responsabilidad del liquidador de SW Curanilahue S.A.".

[caption id="attachment_88351" align="aligncenter" width="5616"] / Agencia Uno[/caption]

En busca de un inversor

Los trabajadores tocaron puertas a bancos y privados en busca del financiamiento, presentando su propuesta de trabajo para la mina, consistente en un flujo de caja reducido con gastos operacionales e índices proyectados de productividad, estudios de mercados que garanticen la sustentabilidad de la empresa y de las reservas de carbón. Con la planificación que manejan dejarían recursos para pagar el posible crédito y mantener la mina.

Llegaron a BancoEstado y al BCI, que todavía están evaluando la propuesta. Les juega en contra que la administración anterior haya llevado a la empresa a la liquidación, producto, según cuentan del sindicato, de un manejo profundamente ineficiente.

Pese a todo, encontraron un inversor. Un empresario de la zona, Isaac Alarcón Garrido, se mostró dispuesto a invertir en la mina después de ver el flujo proyectado por los trabajadores. Con el nombre disponible, enviaron la propuesta al gobierno, para que financie a través de Corfo y Sence la parte inicial del proyecto.

Enrique Inostroza dice a El Desconcierto que ellos han estado del lado de los trabajadores, incluso "cuando fueron dejados a su suerte por empresario inescrupuloso". Pero, para sentarse a conversar, exigen que "depongan la situación que pone en riesgo su salud".