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Jorge Quiroz

Jorge Quiroz y el verdadero "fraude social" del CAE

Existe desde hace años un consenso social y político en la necesidad de ordenar y racionalizar el gasto fiscal en educación superior y enfrentar la crisis de la deuda educativa. Precisamente para ello, es necesario tomarse el problema en serio y abordarlo en toda su complejidad.

Por José Miguel Sanhueza 17 de abril de 2026 - 16:45

Recientemente el Gobierno, a través del ministro Jorge Quiroz, ha iniciado una fuerte arremetida de cobranza a las deudas del CAE. En teoría, su principal motivación es contribuir a recomponer las arcas fiscales. Sin embargo, eso se contrapone con la realidad, donde -incluso en el más optimista de los casos- el efecto máximo que esta medida podría tener resulta marginal, situándose apenas entre un 2% y un 3% del costo fiscal anual del CAE, como lo hemos analizado desde Nodo XXI en nuestro más reciente informe.

La verdadera motivación parece ser otra. Se refleja con claridad en la más reciente provocación del Ministro de Hacienda: apuntar a las personas deudoras como perpetradoras de un “fraude social”, e invitarlas a “conseguir crédito en el banco y venir a pagar”. La retórica oficial desfigura la historia reciente, borrando quince años de debate sobre las fallas de diseño y efectos no previstos del CAE.

Se busca reducir todos los problemas a malas conductas individuales, y jugar con el temor de la gente para imponer condiciones de cobranza leoninas (¿Qué necesidad hay de exigir un “pie” del 20% para suscribir un convenio de pago? ¿Por qué limitar a un máximo de dos años el pago de deudas que estaban pactadas por más de 10?)

Conviene decirlo con claridad: no se trata de defender conductas oportunistas de personas de muy altos ingresos, que pudiendo pagar no lo hacen. Pero convertir la realidad de las rentas por sobre los $5 millones mensuales (cerca del 0,3% de las personas deudoras) en una explicación general es una simplificación excesiva. Sirve para la polémica, no para resolver el problema del CAE.

El CAE fue concebido bajo ciertos supuestos: los “retornos” de la educación superior serían suficientemente altos y estables, la banca operaría como un mejor mecanismo de recuperación, y su presencia además permitiría expandir el sistema con menores costos públicos.

La realidad fue distinta: la deuda se masificó, los salarios han sido inestables y el “retorno” se ha ido reduciendo (hasta incluso ser negativo en el 35% de las carreras), la morosidad viene sostenidamente creciendo desde el año 2015 (mucho antes de cualquier debate sobre condonación), y el Estado ha terminó gastando más de 10 billones de pesos en sostener la operación del sistema.

Un problema que es a la vez humano, dada la pesada mochila de deuda que acarrean las familias chilenas, y fiscal, que ha motivado a los últimos 4 gobiernos (desde el 2011) a proponer alternativas al CAE.

Existe desde hace años un consenso social y político en la necesidad de ordenar y racionalizar el gasto fiscal en educación superior y enfrentar la crisis de la deuda educativa. Precisamente para ello, es necesario tomarse el problema en serio y abordarlo en toda su complejidad.

Resulta imperativo que el Gobierno se abra a retomar, con seriedad y sentido de urgencia, el debate legislativo en torno a la modernización del financiamiento de la educación superior y el reordenamiento del endeudamiento estudiantil, como lo han planteado con fuerza en las últimas semanas incluso amplios sectores desde el actual oficialismo. Suspender y eludir este debate con medidas efectistas no conducirá al país a un buen camino, y terminará con un altísimo costo para muchas familias chilenas.

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