Recientemente el Gobierno, a través del ministro Jorge Quiroz, ha iniciado una fuerte arremetida de cobranza a las deudas del CAE. En teoría, su principal motivación es contribuir a recomponer las arcas fiscales. Sin embargo, eso se contrapone con la realidad, donde -incluso en el más optimista de los casos- el efecto máximo que esta medida podría tener resulta marginal, situándose apenas entre un 2% y un 3% del costo fiscal anual del CAE, como lo hemos analizado desde Nodo XXI en nuestro más reciente informe.
Jorge Quiroz y el verdadero "fraude social" del CAE
Existe desde hace años un consenso social y político en la necesidad de ordenar y racionalizar el gasto fiscal en educación superior y enfrentar la crisis de la deuda educativa. Precisamente para ello, es necesario tomarse el problema en serio y abordarlo en toda su complejidad.
La verdadera motivación parece ser otra. Se refleja con claridad en la más reciente provocación del Ministro de Hacienda: apuntar a las personas deudoras como perpetradoras de un “fraude social”, e invitarlas a “conseguir crédito en el banco y venir a pagar”. La retórica oficial desfigura la historia reciente, borrando quince años de debate sobre las fallas de diseño y efectos no previstos del CAE.
Se busca reducir todos los problemas a malas conductas individuales, y jugar con el temor de la gente para imponer condiciones de cobranza leoninas (¿Qué necesidad hay de exigir un “pie” del 20% para suscribir un convenio de pago? ¿Por qué limitar a un máximo de dos años el pago de deudas que estaban pactadas por más de 10?)
Conviene decirlo con claridad: no se trata de defender conductas oportunistas de personas de muy altos ingresos, que pudiendo pagar no lo hacen. Pero convertir la realidad de las rentas por sobre los $5 millones mensuales (cerca del 0,3% de las personas deudoras) en una explicación general es una simplificación excesiva. Sirve para la polémica, no para resolver el problema del CAE.
El CAE fue concebido bajo ciertos supuestos: los “retornos” de la educación superior serían suficientemente altos y estables, la banca operaría como un mejor mecanismo de recuperación, y su presencia además permitiría expandir el sistema con menores costos públicos.
La realidad fue distinta: la deuda se masificó, los salarios han sido inestables y el “retorno” se ha ido reduciendo (hasta incluso ser negativo en el 35% de las carreras), la morosidad viene sostenidamente creciendo desde el año 2015 (mucho antes de cualquier debate sobre condonación), y el Estado ha terminó gastando más de 10 billones de pesos en sostener la operación del sistema.
Un problema que es a la vez humano, dada la pesada mochila de deuda que acarrean las familias chilenas, y fiscal, que ha motivado a los últimos 4 gobiernos (desde el 2011) a proponer alternativas al CAE.
Existe desde hace años un consenso social y político en la necesidad de ordenar y racionalizar el gasto fiscal en educación superior y enfrentar la crisis de la deuda educativa. Precisamente para ello, es necesario tomarse el problema en serio y abordarlo en toda su complejidad.
Resulta imperativo que el Gobierno se abra a retomar, con seriedad y sentido de urgencia, el debate legislativo en torno a la modernización del financiamiento de la educación superior y el reordenamiento del endeudamiento estudiantil, como lo han planteado con fuerza en las últimas semanas incluso amplios sectores desde el actual oficialismo. Suspender y eludir este debate con medidas efectistas no conducirá al país a un buen camino, y terminará con un altísimo costo para muchas familias chilenas.