Si tuviéramos que resumir a un mínimo lo fundamental que se vota el 4 de septiembre, pienso que se puede entender como una disputa entre dos distintas racionalidades ético-políticas que buscan responder a la crisis social de 2019. Desde ese año el país ha buscado una ruta que interprete adecuadamente lo que emergió como un agotamiento del sistema de representación política y del modelo de cobertura de los derechos sociales existente a la fecha. Ante ese diagnóstico no hay grandes diferencias, pero ante las propuestas de salida existen profundas discrepancias.

Para el Rechazo, la solución está en mantener y perfeccionar la racionalidad práctica que ha imperado en los últimos 40 años, ligada al principio del interés propio y la maximización del bienestar personal, como criterios rectores de la conducta. La teoría llama a este punto de vista “egoísmo racional”, ya que su apuesta radica en maximizar el interés individual, pero sopesando a la vez el interés ajeno, ya que el bienestar personal podría tropezar si no se tiene en cuenta el interés colectivo.

No se trata de un egoísmo absoluto, ya que no es igualmente egoísta buscar el bienestar de los otros porque eso es conveniente para su propio bienestar, que el egoísmo total que sólo busca su propio bienestar a costa del bienestar de los demás. Es egoísta racional el agente institucional que se interesa en el bienestar de los demás, pero sólo en la medida en que eso redunda en bienestar para sí mismo.

De allí nace el criterio de capitalización individual en pensiones, el modelo de salud segmentado entre isapres y Fonasa, el modelo educativo basado en la educación subvencionada bajo criterio de demanda, y prácticamente la mayoría de las políticas públicas construidas en este período. Esta racionalidad asigna un valor normativo a la maximización, al menos neta, del bienestar general, pero siempre en beneficio de la satisfacción de los propios intereses a cualquier otra consideración. Por eso, el egoísmo racional supone que los agentes y las instituciones anteponen la maximización de su propio beneficio a la búsqueda las consideraciones prácticas ligadas a la maximización del bienestar de los otros y a la satisfacción de sus intereses.

Ante el mismo desafío, la respuesta de la Convención Constitucional no se tradujo en reproducir esa racionalidad imperante, sino que han propuesto el principio de Solidaridad como criterio de fondo y de forma que, para decirlo en una palabra, se entiende como una forma de cooperación inteligente que desafía el principio del interés propio y le resta valor como único principio que rige el comportamiento. La racionalidad de la acción solidaria se aparta del egoísmo porque supone la capacidad del agente institucional de situarse empáticamente en los “zapatos del otro”, pues cuando se actúa en solidaridad se coopera con alguien no sólo “cuando” está mal, sino “porque” está mal.

La solidaridad institucionalizada opera, más que en la cooperación entre pares, supuestamente idénticos, en la cooperación entre desiguales. Es el reconocimiento explícito de la desventaja estructural entre las partes la clave que institucionaliza las relaciones políticas y sociales. De allí que el nuevo texto constitucional afirme (en el Artículo 1.2) que Chile: “Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

En el plano teórico, en la actualidad existe un amplio consenso en que no hay oposición substancial entre lo individual y lo social, si se establece lo que podríamos llamar un concepto social de racionalidad. Por eso en el “laboratorio” es fácil demostrar que el egoísmo racional es colectiva e individualmente inconsistente. El giro biocéntrico en las ciencias ha puesto de relieve que la concepción solidaria de la racionalidad es necesaria para la sobrevivencia de un individuo mucho más frágil de lo que la ciencia decimonónica, mecanicista y competitiva, pudo llegar a suponer. Basta pensar en la pandemia del Covid-19 para entenderlo.

Pero el problema no radica en el plano de la consistencia científica, sino en lo poco arraigada que está la conciencia de que constantemente nos necesitamos de forma recíproca. El individualismo institucionalizado ha colonizado mentalmente a un individuo que ha hecho de la sobrevivencia desarraigada una forma de existir. Por eso la nueva Constitución se enfrenta a una resistencia subjetiva muy fuerte, que se funda en una concepción sumamente estrecha de la racionalidad humana.

El 4 de septiembre la disyuntiva nos va a atravesar internamente: ¿lo que buscamos es el mero beneficio propio como supremo valor, o entendemos que es condición para el desarrollo y la vida en sociedad la institucionalización del principio de cooperación y de solidaridad? Nadie podrá evadir esa pregunta.