Catorce juristas destacados escogió el Congreso Nacional para integrar el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), más conocido como árbitro. Como único mandato constitucional tienen definir controversias sobre las normas propuestas sólo a requerimiento de la Comisión Experta o del Consejo Constitucional del nuevo proceso.

Luego de largos días de debates y discusiones, el comité terminó por definir su “auto acordado”, es decir, las normas de funcionamiento y procedimiento de reclamaciones ante dicho órgano. Así, durante días escuchamos a árbitros acusando inconstitucionalidades, vetos y un sinnúmero de lecturas de diversos artículos de la Constitución vigente, un debate árido e imposible de seguir para los más avezados periodistas, cientistas políticos o abogados que nos dedicamos a estudiar este proceso.

Y si bien ha sido destacable la labor de Tomás Jordán (DC), Estefanía Esparza (PR) y Viviana Ponce de León (FA), quienes en un intento poco fructífero intentan darle sentido a la discusión, a poco más de una semana desde la instalación del órgano, su funcionamiento ya es controversial.

Esto, porque luego de que el comité aprobara en general el auto acordado que propuso la mesa liderada por Ana María García (EV) y Claudio Grossman (PPD), comenzó la votación en particular. En ese momento, la secretaría aceptó que primero se votaran los artículos de la propuesta de la mesa y luego sus respectivas indicaciones, hecho al menos discutible si de reglamento y de la tradición legislativa chilena hablamos.

A lo anterior se suma la posición de un sector de los representantes de la derecha. Josefina Soto (Republicanos), Héctor Mery (UDI), Cecilia Flores (UDI), Marisol Peña (RN) y Enrique García (PDG) dilataron el debate a pesar de ser una clara minoría, algo que nos hace recordar los peores momentos del funcionamiento de la fracasada Convención Constitucional. En paralelo, Víctor Manuel Avilés (RN) y la presidenta García votaron con el oficialismo para avanzar en un acuerdo mayoritario y lograr tener hoy un auto acordado, tal como mandata la Constitución.

Además, hubo cuestiones de forma. Las sesiones se tornaron tediosas, con intervenciones extremadamente largas, sin respetar la regla que ellos mismos se habían autoimpuesto: tres minutos para cada palabra solicitada. ¿El que menos respetó esto? El propio vicepresidente Grossman.

Que todo esto surja cuando recién se discuten cuestiones reglamentarias, levanta muchas alertas para el debate arbitral frente a temas realmente profundos, como la definición de un Estado social y democrático de derecho o el cumplimiento de derechos fundamentales en los artículos aprobados por los otros dos órganos del proceso. Esperemos que para la próxima vez que se reúnan, por requerimiento, estas discusiones bizantinas no se repitan.

Desgraciadamente, muy pocas personas están mirando este nuevo proceso constitucional y todos esos ojos están pendientes del trabajo de la Comisión Experta.

Por mientras, las sesiones caóticas del CTA ponen en duda el buen funcionamiento de la última oportunidad, quizá en décadas, que tendremos para darnos una nueva Constitución escrita en democracia.