A pesar del aumento presupuestario para el programa de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para apoyar a quienes fueron violentados en su derechos fundamentales durante la revuelta popular, el organismo decidió no renovar los contratos a plazo fijo de un importante grupo de profesionales, según acusaron funcionarios del INDH.

De acuerdo con la Asociación de Jefas y Jefes regionales del instituto, serían 15 psicólogos, ocho trabajadores sociales y 25 abogados los afectados por la decisión, quienes mantenían contratos a plazo fijo hasta el 31 de diciembre del presente año, los cuales habían sido renovados con anterioridad.

Este hecho causó preocupación para las y los funcionarios del INDH, especialmente en consideración del aumento de presupuesto asignado a la iniciativa, aprobado en el Congreso, equivalente a un monto de 1.874 millones de pesos para el año 2022. La cúpula del organismo celebró esta suma, destacando mediante un comunicado que “se continuará con el apoyo que se les ha otorgado a más de 3 mil personas y llevar adelante un número similar de querellas actualmente en investigación”.

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Para la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), “este comunicado es una burla”, puesto que “por un parte se desvincula a trabajadores y trabajadoras, afectando su estabilidad laboral y la relación que ya establecieron con las víctimas, y por otro se anuncian más recursos y concursos para contratar a otros profesionales en las mismas funciones”, cuestionan.

Desde las jefaturas regionales también cuestionaron la determinación, señalando que con ella “se disminuyen las posibilidades de todos los equipos regionales de atender psicosocial y jurídicamente las necesidades de las víctimas del estallido social en las que el instituto mantiene querellas criminales”.

“Lo anterior, debilita el accionar del INDH y afecta principalmente a las víctimas más vulnerables y sus familias, profundizando las problemáticas de acceso a la justicia, largamente denunciadas en los diversos informes del INDH”, añade el escrito con los descargos de los trabajadores, firmado por 15 jefas y jefes de regiones.

En ese sentido, solicitan la reintegración de las y los funcionarios en sus labores, especialmente considerando que el monto total de la continuidad del apoyo es de 1.378,8 millones de pesos, quedando “disponible un saldo de 495 millones de pesos (26%) para la generación de estructuras de apoyo centralizado al trabajo que se desarrolla -desde las sedes regionales- directamente con víctimas y público en general”.

“Pasividad” del Consejo INDH

Así, hacen un llamado a la Dirección y al Consejo del instituto a dar continuidad al trabajo y fortalecer a los equipos de las sedes regionales, “quienes somos los que mantenemos tanto el contacto con las víctimas como el desarrollo del litigio en diversos tribunales del país, a fin de fortalecer la respuesta estatal frente a las violaciones a los derechos humanos, particularmente el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas”.

Por su parte, desde la AFFINDH, la organización sindical más grande del organismo, calificaron la decisión de la Dirección del instituto como “impresentable”, acusando “pasividad” por parte del Consejo INDH. En ese sentido, aseguraron a través de sus redes sociales que “nos reservamos las acciones legales que correspondan”.

“Nuestra institución debe estar a la altura de los nuevos desafíos que se enfrentan en materia de DD.HH., y de las importantes transformaciones sociales que la ciudadanía ha dispuesto para el nuevo Chile. Y eso se hace respetando los derechos laborales que también son DD.HH.”, considera el gremio, el cual se declara “movilizado” y “alerta” al desenlace de esta problemática.