Argentina transita con expectación las últimas horas antes de que el Senado vote el proyecto con el que se legalizaría el aborto hasta la semana 14 de gestación, que si bien es impulsado por el gobierno, genera diferencias dentro del oficialismo y la oposición, lo que anticipa un resultado muy reñido.

Con multitud de personas congregadas a modo de vigilia a las puertas del Congreso en Buenos Aires - a un lado la "marea verde", a favor de la ley, y al otro los celestes o "provida", en contra-, la sesión comenzó poco después de las 16 hora local (19 GMT) y se espera dure hasta la madrugada.

"Nosotras no hablamos de poroteo ni número (de apoyos) hasta que no voten, pero sí evidenciamos que hay voluntad política de que se sancione la ley", dijo a Efe Laura Salomé Canteros, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por su parte, Milagros Bitti, miembro del Frente Joven, que integra la Unidad Provida, se mostró confiada en que el proyecto no salga adelante porque "entre muchas otras cosas gravísimas" es "inconstitucional", y adelantó que, de aprobarse, "lo más probable es que haya presentaciones ante la Justicia".

Los detalles de la ley

Si el texto es sancionado, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita y segura, hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo si el embarazo fue por una violación o corre riesgo la vida materna, que son las dos únicas causas por las que se puede abortar actualmente, según el Código Penal de 1921.

Mientras las menores de 13 años podrán hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, las que tengan entre 13 y 16 solo necesitarán autorización si el procedimiento compromete su salud y las mayores de 16 podrán decidir por sí solas.

También se permite la objeción de conciencia profesional, aunque con la obligación de derivar a la paciente a un médico que sí quiera realizar el aborto, o a otro centro si todos los sanitarios de un hospital se niegan a practicarlo.

La ley actualiza además las penas de prisión con las que serán reprimidas las personas que causen el aborto o consientan que se lo hagan fuera del plazo y causales permitidas.

Promesa de campaña

El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas, y aunque se presentaron proyectos en varias ocasiones, no fue hasta 2018 que se debatió por primera vez en el Parlamento, después de que el entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), facilitara que se diera el debate, a pesar de estar en contra de la legalización.

Aquel proyecto, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue aprobado por los diputados pero no por los senadores.

Es así que el actual mandatario, Alberto Fernández, prometió en su campaña de 2019 impulsar una nueva ley, con el fin principal de reducir los abortos clandestinos, que arriesgan la vida de las mujeres, especialmente las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo practican de forma segura.

Esta vez, una diferencia fundamental es que el proyecto lo elabora el gobierno, por lo que de ser sancionado sería considerado un éxito para el presidente tras un difícil 2020 marcado por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de salir de la grave recesión que arrastra el país desde 2018.

Una reñida discusión

Según estimaciones difundidas después de que la mayoría de los senadores se posicionara públicamente en las últimas semanas, todo apunta a un resultado muy igualado aunque con una ligera ventaja del "sí", en un escenario en el que los aún indefinidos podrían ser decisivos, pero también las posibles abstenciones y ausencias.

Es el caso de los oficialistas José Alperovich - que en 2018 votó en contra y está de licencia laboral tras haber sido denunciado por presunto abuso sexual por una familiar suya - y el ex Presidente Carlos Menem, de 90 años, que también votó en contra hace dos años y está hospitalizado.

Ante un virtual empate, no se descarta que sea crucial la postura que adopte la ex jefa de Estado Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país, ya que como titular del Senado puede ejercer el voto si se da igual número a favor que en contra.

Un plan para ayudar a las madres

Como contrapunto para tratar de ampliar los apoyos, Fernández envió también al Congreso la creación del programa "de los 1.000 días", que ofrece ayuda estatal a las mujeres que decidan dar a luz, para luchar contra la malnutrición o promover el desarrollo emocional y físico de las madres y de sus hijos hasta los 3 años.

Ese plan, que también fue aprobado por los Diputados, será debatido en el Senado tras la ley del aborto y cuenta con mayor consenso a favor.

Mira la transmisión del debate aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=V98-lYHa03M&feature=emb_logo