Los abusadores no merecen aplausos ni felicitaciones cuando dejan de abusar. Por eso fue desconcertante que el anuncio de la empresa ENEL, antes ENDESA, de cerrar anticipadamente dos termoeléctricas a carbón en Coronel fuera felicitado calurosamente por Ministros de Estado y por toda la industria eléctrica.

No es que el cierre de la carbonera Bocamina 1 a fines de 2020 y Bocamina 2 en mayo de 2022 no sea positivo. Es una buena noticia que dos centrales a carbón salgan del sistema, dando un paso más hacia una matriz eléctrica más limpia.

Pero la puesta en escena del anuncio y los aplausos a la empresa generadora desconocen la profundidad del daño que, por décadas, las termoeléctricas han causado a las comunidades residentes y vecinas.

Coronel está dentro de las tristemente llamadas “Zonas de Sacrificio", donde se combinan contaminación y discriminación. Son lugares que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes solo porque en ellas habitan comunidades más pobres o vulnerables con casi nulas posibilidades de evitar su instalación o reclamar por sus abusos.

No es entonces un simple problema ambiental. Es un trato arbitrario contra personas que tienen menos medios económicos y redes políticas para oponerse a su instalación y operación sin fiscalizaciones coherentes con el respeto hacia el medioambiente que Chile dice tener.

Hagamos memoria. El Tribunal Ambiental de Valdivia condenó a Enel por sobrepasar la norma de emisiones por más de dos semanas seguidas durante 2014. El 2018 se tomaron muestras a más de 100 niños y adultos de esa zona. Catorce niños y siete adultos presentaron elevados niveles de metales pesados en la sangre, entre ellos mercurio, plomo, cadmio y aluminio.

A menos de cien metros de las casas, se ubica el vertedero de cenizas que acopia los restos desechados en el proceso de generación a carbón de energía de las centrales Bocamina. Estas cenizas están cargadas de contaminantes tan tóxicos como el arsénico.

Las zonas de sacrificio son costeras porque las termoeléctricas succionan millones de litros de agua de mar cada día y luego arrojan el agua caliente del ciclo de generación, de vuelta al océano, alterando fuertemente el ecosistema marino.  En estas ciudades su gente se alimenta y trabaja del mar. Pero en Ventanas, otra de estas zonas, el 100% de las especies marinas muestreadas en un estudio estaban contaminadas. Los niveles sobrepasan en 500% el cobre permitido; el arsénico en 400% y el cadmio en 500%, en almejas, jaibas, locos y lapas.

El 2016 una investigación de la Universidad de Chile comparó las tasas de mortalidad y morbilidad en las comunas en las que hay instaladas plantas termoeléctricas, papeleras y de producción o fundición de cobre, concluyendo que el riesgo de morir o enfermar por vivir cerca de ellas sube entre 20% y 100%.

Chile no puede tener personas de segunda clase. Nadie merece vivir en estas condiciones.

Si bien adelantar el cierre de las centrales a carbón es un avance importante, no es suficiente para reparar la totalidad del daño causado ni recuperar el ambiente para permitir una vida normal en el futuro.

Tampoco basta la mirada tecnocrática que aborda el problema solo desde el punto de vista de las emisiones.  Vivir en una zona de sacrificio es una experiencia traumática que altera completamente el bienestar y proyectos de vida de sus habitantes. Por mucho que bajen las emisiones, no se deja de experimentar otras cargas ambientales y sociales no resueltas.

Apenas el año pasado el gobierno anunció un plan de cierre de todas la termoeléctricas el 2040 acordado con las generadoras. Pero menos de un año después, ENEL reconoce que las podrá cerrar antes. Fue sincero su compromiso entonces? Fue ese anunció pensado en lo mejor para el país o para las empresas? Está claro que las otras generadoras también pueden y deben adelantar el cierre de sus centrales.

Hoy existe la factibilidad técnica y la obligación moral y política de terminar con las zonas de sacrificio. Chile tiene las condiciones para recuperar estos lugares, devolver la dignidad a sus habitantes, generar energía limpia a precios justos y devolver a la naturaleza su capacidad de dar alimento y trabajo.

Para mirar el futuro, debemos implementar una política transformadora que cumpla con estos hitos:

• El 2025 abandonar el uso del carbón para la generación eléctrica y reemplazarlo de manera transitoria por gas natural o GNL en centrales de ciclo combinado, más el respaldo de sistemas de almacenamiento para garantizar la seguridad del sistema eléctrico.
• El 2030 cerrar todas las termoeléctricas, sin cuestionamientos de índole económico ni técnico.
• Remediar y recuperar el ambiente marino y terrestre en las zonas de sacrificio.
• Reparar y compensar económicamente a la población afectada por los perjuicios causados.

Finalmente, luego de décadas en que las empresas y el Estado le han puesto la rodilla en el cuello a las comunidades de las zonas de sacrificio, es tiempo que en vez de felicitarse mutuamente, juntos pidan perdón por los abusos cometidos y que más que anuncios, pongan en marcha un plan de reparación que sea motivo de verdadera celebración.