En el marco de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció cambios a la Ley Indígena junto con una reformulación al proceso de consultas de tierras, con el fin de configurar "una política indígena coherente” con el desarrollo de las comunidades.
Kast busca flexibilizar uso de tierras indígenas con reforma similar a la que naufragó en el gobierno de Piñera
El presidente José Antonio Kast anunció en su cuenta pública que prepara una reforma a la Ley Indígena para permitir el arriendo e hipoteca de tierras.
Entre los cambios que incluirá la reforma se incluye la eliminación a las limitaciones al uso de las tierras con el fin de que los propietarios puedan arrendarlas o hipotecarlas —la legislación actual no lo permite libremente—.
Para implementar este cambio, "vamos a reformular el proceso de consulta sobre un nuevo sistema de tierras, que el gobierno dejó a medio andar. Nosotros lo vamos a retomar. Esto va a ser con consultas, que nadie se preocupe", sostuvo. Esta reformulación garantizará la legitimidad del proceso, "libre de toda interferencia y de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe", agregó.
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Junto a ello, el mandatario anunció "orden" al sistema de compra de tierras mediante la implementación de "tasaciones transparentes a valor de mercado y con una trazabilidad real en cada compra".
Finalmente, comunicó la ampliación de los beneficios entregados por el Estado a las comunidades: "vamos a avanzar en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles así postular a subsidios habitacionales y a otros subsidios del Estado".
Actualmente, las comunidades tienen problemas para acceder a subsidios habitacionales debido a que la entrega de tierras por parte del Estado es a nombre de la comunidad. Sin embargo, el Serviu rechaza la postulación de las familias por que no cuentan con subdivisiones con roles propios.
El fallido intento de Piñera por permitir arriendo de tierras indígenas
En 2019, el presidente Sebastián Piñera impulsó una consulta indígena nacional para modificar la Ley Indígena con el objetivo de flexibilizar el mercado de las tierras, permitiendo el arriendo durante 25 años y la venta de terrenos a privados, mediante la división parcial de o total de los títulos de las comunidades.
El proceso de consulta inició en mayo de ese año, generando el rechazo de las comunidades indígenas quienes salieron a las calles a manifestarse, asegurando que las modificaciones beneficiaban al sector empresarial y que las tierras tienen un valor simbólico.
Debido a la ola de críticas, el gobierno canceló la consulta indígena y tras el estallido social dieron término definitivo a la conversación.
Ambas propuestas presentan similitudes respecto a la intención de eliminar candados legales que amplíen los usos de tierras indígenas, para transformarlas en activos económicos.
Tras el anuncio en la Cuenta Pública, la diputada Andrea Parra (PPD) resaltó la importancia de que estos cambios deban hacerse mediante la participación de los actores involucrados: "Cualquier cambio de la ley indígena y de la política de entrega de tierras debe ser con consulta indígena que asegure alta participación, sin ello no hay viabilidad ni legitimidad en lo propuesto".
Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) levantó sospechas acusando el uso de eufemismo: "Las cosas como son: José Kast habla de la “libertad” sobre las tierras en La Araucanía, refiriéndose a tierras en manos de mapuche, pero no es más que un eufemismo para maquillar la verdad: primero criminaliza a los mapuche para luego anunciar que les quitarán sus tierras".
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