Fabiola Campillai alza la voz ante Kast por despidos de funcionarios, Plan Nacional de Búsqueda e indultos

“Rechazamos categóricamente estos despidos, que constituyen un grave retroceso en materia de verdad y justicia”, señala la carta.

“El despido, de estas profesionales con quienes las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos han venido trabajando, representan un claro retroceso y pone en peligro la continuidad de los esfuerzos por alcanzar toda la verdad y justicia para los miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en el periodo de la dictadura”, reza la misiva publicada por La Tercera.

Sobre los indultos, ambas concuerdan que no deben entregarse ni a violadores de DD.HH. ni a condenados durante el estallido social.

"Ambas situaciones constituyen graves formas de impunidad que vulneran directamente las obligaciones Internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Avanzar en esta dirección no solo debilita el Estado de Derecho, sino que instala un precedente profundamente peligroso: que la sanción de los crímenes más graves puede quedar sujeta a decisiones políticas coyunturales, relativizando así el principio de justicia y el deber de no repetición". "Ambas situaciones constituyen graves formas de impunidad que vulneran directamente las obligaciones Internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Avanzar en esta dirección no solo debilita el Estado de Derecho, sino que instala un precedente profundamente peligroso: que la sanción de los crímenes más graves puede quedar sujeta a decisiones políticas coyunturales, relativizando así el principio de justicia y el deber de no repetición".

"Ejerceremos nuestro derecho a la movilización en las calles"

Las firmantes alertan que el gobierno estaría retrocediendo en los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y advierten que mantendrán una “estricta vigilancia” sobre las acciones del Ejecutivo.

Además, Campillai y Lira anticipan que, de avanzar el gobierno en estas medidas, no descartan recurrir a denuncias ante instancias internacionales ni convocar a movilizaciones ciudadanas para defender los avances logrados en materia de memoria, verdad y justicia.

La carta se da a conocer en medio de las críticas que ha recibido el gobierno de Kast por su política en Derechos Humanos, particularmente por los despidos en un programa emblemático que busca esclarecer el paradero de las víctimas de la dictadura.

Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de ‘mano dura’ contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia. No hay ‘dignidad humana’ en permitir que torturadores y genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni han entregado información valiosa para la búsqueda de las y los desaparecidos. Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de ‘mano dura’ contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia. No hay ‘dignidad humana’ en permitir que torturadores y genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni han entregado información valiosa para la búsqueda de las y los desaparecidos.

Para cerrar, ambas representantes avisan que "no dudaremos en denunciar cualquier intento de denegación de Justicia ante los organismos internacionales pertinentes y, de ser necesario, ejerceremos nuestro derecho a la movilización en las calles".

"Este debate no es solo un asunto de las familias afectadas; involucra a la sociedad en su conjunto, pues lo que está en juego es el estándar ético y jurídico que impide la repetición del horror”, culmina la misiva.