Acusan que Poduje ordenó demoliciones en El Olivar con informes que no existían al momento de la resolución

Sin embargo, los contratos establecen que son los fiscalizadores técnicos del Serviu quienes deben emitir los informes que habilitan el término anticipado, lo que habría generado tensiones internas al no coincidir los procedimientos con lo finalmente resuelto.

Informes cuestionados y acusaciones internas en Serviu

El conflicto escaló luego de que funcionarios del Serviu señalaran que fueron presionados para elaborar y firmar informes con fecha retroactiva, con el objetivo de respaldar la resolución que ya había sido emitida.

De acuerdo con correos enviados por los propios fiscalizadores, estos documentos habrían sido firmados bajo advertencias de eventuales sanciones, y sin posibilidad de oponerse a la instrucción.

Los funcionarios también advirtieron que inducir una respuesta técnica constituye una falta administrativa, y manifestaron discrepancias respecto de la existencia de fallas graves en la ejecución de las obras, planteando que eventuales problemas podrían estar relacionados con el diseño más que con la construcción.

Desde el Ministerio de Vivienda, en tanto, sostuvieron que los informes sí fueron elaborados el mismo día de la resolución, aunque reconocieron que existieron diferencias técnicas con los fiscalizadores, las que —según indicaron— fueron resueltas al momento de firmar los documentos.

Debate por demolición y acciones judiciales

El conflicto no solo se limita a la validez de los informes, sino también al destino de las viviendas. Mientras el ministro ha defendido la demolición por la existencia de fallas estructurales, otros actores plantean que las deficiencias podrían ser subsanadas mediante reforzamientos.

En paralelo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite recursos de protección presentados por vecinos y organizaciones, con el objetivo de frenar la demolición de las casas en construcción.

En este escenario, el abogado de familias afectadas, Juan Andrés Pavez, cuestionó la situación y llamó a investigar las denuncias en conversación con El Desconcierto.

“Se debe rechazar categóricamente cualquier práctica que vulnere la transparencia técnica y la confianza pública en los procesos de reconstrucción. Si hubo presiones para generar o validar informes que justificaran decisiones previamente adoptadas, estamos frente a una situación grave que debe investigarse con total rigurosidad”, señaló.

El abogado también advirtió sobre el impacto en las familias involucradas: “Más allá de la discusión técnica o administrativa, aquí hay familias que ya han vivido situaciones extremadamente complejas y que hoy enfrentan la posibilidad de perder sus hogares. Cualquier decisión debe poner en el centro a las personas y asegurar soluciones que no profundicen el daño”.

Mientras el ministerio defiende la legalidad del proceso y evalúa eventuales ajustes a la resolución, el conflicto por la reconstrucción en El Olivar continúa escalando, con un escenario abierto tanto en el ámbito administrativo como judicial.