Bolivia y Chile se verán beneficiados si prosiguen las protestas contra proyectos mineros en Perú, afirmó este viernes el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, y aseguró que si la mina de cobre Tía María consigue iniciar operaciones, a pesar de la oposición social de décadas, será una buena señal para la inversión extranjera en el país andino.
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"Bolivia y Chile se van a ver beneficiados": primer ministro de Perú advierte por paralización minera de "Tía María"
El ministro compadeció ante la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), donde expuso la importancia de que el proyecto que desarrolla en la región sureña de Arequipa la minera Southern, filial del Grupo México, logre salir adelante frente a la oposición de dirigentes locales con el apoyo de organismos no gubernamentales.
Álvarez agregó que Perú requiere "necesariamente" habilitar nuevas inversiones y Tía María está en el eje de esa visión.
Southern confirmó en noviembre pasado el inicio de las obras, en las que planea invertir 200 millones de dólares este año y 900 millones de dólares en 2026, tras haber afrontado durante más de 15 años protestas sociales de los agricultores del Valle del río Tambo, en Arequipa.
"Tía María es un proyecto emblemático para Perú, no podemos dejar que suceda lo que sucedió con Conga. Conga está siendo parcialmente explotado por la minería ilegal", señaló en referencia a otro proyecto de oro y cobre que fue suspendido en 2012 en la región norteña de Cajamarca por la oposición de las comunidades ante el peligro de contaminación de sus aguas.
El primer ministro aseguró que la "parálisis en cuanto a la generación de nuevas inversiones" en perú es "sumamente grave pues el país tiene brechas en infraestructura, tecnología y en educación".
En cuanto a la minería ilegal, Álvarez consideró que para promover su formalización se deben reformular y rebajar los requisitos.
Apuntó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que el Congreso ha decidido ampliar por un año más, no ha funcionado porque es muy costoso para los pequeños mineros y, por tanto, las normas se deben adaptar y cambiar la legislación para reducir la minería ilegal y sus efectos conexos, como las bandas criminales, delitos ambientales y la trata de personas.