¿De qué hablan cuando hablan de “crisis de natalidad”?
Resulta al menos sospechoso, que ad portas de una elección presidencial, la prensa chilena esté hablando de "crisis de natalidad", en un país que está envejeciendo, se reproduce cada vez menos y también recibe un número creciente de migrantes.
La Tasa de Fertilidad Total -el número promedio de hijos que tiene una mujer en edad fértil, de 15 a 49 años- hace que Chile sea uno de los más bajos tanto en el mundo como en América Latina. Se ubica en el puesto 222 de 236. Pero este declive no es para nada reciente, se remonta a la década de 1990 y ha continuado mucho después de este tiempo, está relacionado con la creciente urbanización, la integración de las mujeres en el mercado laboral y en la educación superior, sumado a un mayor acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo, todo lo cual refleja un enorme cambio en la autonomía reproductiva por parte de las mujeres.
Las explicaciones las podemos encontrar en determinantes de dos tipos: inmediatos y estructurales. Entre los primeros están el retraso de la maternidad por educación o trabajo y la subfertilidad relacionada con la edad; entre los estructurales, la inseguridad laboral (contratos temporales, bajos salarios), la política inadecuada para el cuidado público (muy pocas instalaciones de guardería, carga de cuidado asignada desproporcionadamente a las mujeres y poca provisión de apoyo), altos costos de vivienda y escaso acceso a la reproducción asistida. Estos factores interactúan: la inseguridad económica impide todas las formas de decisiones de fertilidad incluso entre familias que desean tener hijos.
Por estas razones, las políticas públicas sobre tasas de natalidad no pueden estar desvinculadas de una estrategia de género que no sea cosmética. Proyectos como el "Plan Renace Chile", del candidato de ultraderecha conservadora, José Antonio Kast, que propone incentivar la maternidad con bonos en dinero para las mujeres ($1 millón entregado directamente a la madre al momento del nacimiento y $1 millón depositado en una cuenta de ahorro a nombre del hijo), son una iniciativa estratégica de la derecha para que el tema fuera destacado, pero la política electoral debe mover estos anuncios más allá de la retórica en las urnas, hacia planes de acción que se implementen con medidas sensibles al género.
Esto implica, ampliación del cuidado público (guarderías, jardines de infancia); licencia parental igualitaria; acceso universal a tratamientos de fertilidad y congelación de óvulos sin barreras financieras; subsidios de transferencia que no refuercen roles de género tradicionales; incentivos de vivienda para familias jóvenes o familias uniparentales, junto a políticas laborales que reduzcan la precariedad y fomenten la conciliación de la vida personal con lo laboral. Las tasas de natalidad no mejoran con el pago de bonos; se sostienen cuando la maternidad y la paternidad son opciones factibles, dignas y libremente disponibles.
Por otro lado, el debate público está incrustado en marcos ideológicos y de campaña, enmarcando suposiciones sobre género. Aquí hay una conexión más directa con las recientes derrotas electorales de la derecha: el eje de "mujeres" ha sido un factor recurrente en las derrotas del Partido Republicano, tanto en las elecciones presidenciales de 2021 como en el plebiscito constitucional de 2023, y hoy forma un flanco que puede configurar una segunda vuelta. Ese fracaso de 2021 en el voto femenino a Kast es al menos en parte resultado de propuestas, como el mencionado subsidio a nuevas madres en parejas casadas, que fueron caricaturizadas como un resurgimiento del sentimiento conservador doméstico, lo que abrió la puerta a una narrativa evidentemente sexista.
A esto se suma la viralización (muchas veces automatizada) de agresiones en medios digitales contra figuras femeninas de la coalición, como Evelyn Matthei, que refuerza la idea de Kast como un candidato misógino, y el hecho de que no haya respondido con una fuerte condena y acción contra estos esfuerzos, sumando al mal manejo de las discusiones de género, ha dado munición a quienes critican su conservadurismo en estos temas. Esta narrativa puede ser un techo electoral en la segunda vuelta si es que su oponente electoral es mujer (como Jeannette Jara) y si la derecha no hace un reclamo creíble para recuperar a las votantes femeninas.
La dimensión discursiva y organizativa es decisiva. Si cualquier postulante a la presidencia de Chile realmente quiere participar en el diálogo que las feministas han liderado desde su lugar en un marco democrático desde las primeras décadas, entonces hay estándares básicos que debería mantener.
En primer lugar, de manera pública y en la práctica, enfrentarse a cualquier tipo de campañas de trolls y bots, prácticas de comunicación funestas, que están siendo perpetradas por corporaciones; poner a las mujeres directamente en la primera línea del diseño y formulación de campañas; reformular mensajes para demostrar que salvar a la familia no significa mantener a las mujeres en sus hogares con sus hijos e hijas; mostrar a través de evidencia cómo se mejora la autonomía y el bienestar infantil; alinear las políticas de tasas de natalidad con pasos concretos que mejoren la seguridad económica y el cuidado de las mujeres más afectadas por el desempleo y la violencia. Sin esto, no es posible generar una política de género adecuada.
Por último, es necesario fortalecer un debate público sobre la natalidad, más amplio y libre de alarmismo xenofóbico: donde la migración no se perciba como una única y automática solución para los problemas demográficos estructurales, con políticas de migración bien diseñadas y sostenidas e instrumentos de integración, junto con políticas de población y de género efectivas (familia, conciliación, cuidado, responsabilidad compartida), los y las migrantes pueden ayudar a mitigar desequilibrios demográficos y apoyar los mercados laborales.
Nunca olvidar que migrar es un derecho humano, y que con una adecuada planificación que requiere voluntad política, resulta beneficioso para toda la población. Nunca olvidar tampoco, que la baja natalidad es parte de un proceso social de larga data, donde la libre elección de las mujeres es el centro.
Cuando se educa con perspectiva feminista, se aprende que el derecho a tomar decisiones no es un problema demográfico sino un logro social que exige protección y políticas que respeten el control de las mujeres sobre su propia agencia, y no debe instrumentalizarse, pues eso sería un error estratégico y ético.