Recado al Ministerio del Medio Ambiente por la actualización del compromiso climático de Chile ante la ONU

Por otro lado, el aumento de la remoción de GEI de la atmósfera puede lograrse con la conservación, manejo y restauración de ecosistemas como bosques, cuerpos de agua y turberas.

Dentro de las NDC, nuestro país compromete acciones en ambos sentidos, para llegar a un equilibrio en que sus emisiones restantes sean contrarrestadas por la captura y el secuestro de carbono, logrando ser “carbono neutral”. Además, las NDC comprometen acciones de adaptación a los impactos del cambio climático en Chile.

La mitad de la meta de Chile en su NDC se basa en las toneladas de carbono que absorberán los ecosistemas terrestres nacionales que estén bajo algún sistema de manejo (protección, restauración, conservación u otro), por eso es un área a la cual ponerle atención. Para que estas acciones climáticas sean efectivas y respeten los principios de justicia y de base científica, recomendamos:

• Especificar que la forestación comprometida en el anteproyecto sea con especies nativas, en un modelo de manejo que mantenga bosques con cubierta forestal permanente, evitando el uso de la tala rasa de gran extensión como método de cosecha. De esta manera, la captura de carbono favorece, simultáneamente, la protección del suelo, el aumento de la biodiversidad y la provisión de otros servicios ecosistémicos asociados al bosque.

• Las nuevas plantaciones de especies nativas deben realizarse en suelos de aptitud forestal o en áreas prioritarias para la conservación, y en casos de zonas o sitios con limitaciones para el desarrollo arbóreo se debe evaluar la incorporación de especies arbustivas que puedan proveer una cobertura permanente y representar, opcionalmente, una alternativa productiva presente o futura. De esta manera, y como fue ya comprometido en la NDC del 2020, la forestación debe realizarse con un enfoque y fines más diversos a las plantaciones forestales tradicionalmente realizadas en nuestro país, respondiendo así a los desafíos sociales, ambientales, y económicos que nos plantea el cambio climático.

• Establecer alianzas con comunidades indígenas o locales que habitan y usan los bosques nativos con el fin de promover la sustentabilidad en la gestión, manejo y conservación de estos ecosistemas en base al diálogo, reconocimiento de su identidad y potencialidades del territorio.

• Desarrollar protocolos de restauración activa para hacer frente a la invasión de pinos (Pinus radiata) en zonas donde se han producido incendios de bosques nativos, especialmente en las regiones del centro-sur de Chile donde se encuentran ecosistemas al borde del colapso.

• Establecer compromisos cuantitativos de protección, conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros, humedales y turberas en base a sus funciones y contribuciones en el resguardo de la biodiversidad, recursos hídricos, almacenamiento y captura de GEI. Esto requiere una visión socioecosistémica que reconozca la interconexión y cobeneficios entre los sistemas humanos y naturales.

• Adoptar indicadores de adaptación que sean cuantificables y permitan hacer seguimiento de la efectividad de las acciones comprometidas, en particular, indicadores que permitan evaluar los niveles de seguridad hídrica.

• Fortalecer la generación, gobernanza y gestión de los datos climáticos físicos y socioeconómicos, que resultan críticos para el monitoreo, sistematización e integración de la información y verificación que impone la Ley y los compromisos tomados, indispensables para la transparencia.

• Reducir la incertidumbre de estimaciones y proyecciones en stock y capturas de carbono de ecosistemas terrestres y marinos. Esto, en particular, en el contexto de la pérdida del potencial de captura de carbono de algunos ecosistemas forestales y marinos debido al cambio climático.

La actualización de la NDC orientada por la acción climática justa, y la transparencia y claridad en el seguimiento de las metas fijadas, exige establecer métricas e indicadores. El área más débil en este aspecto son aquellas métricas de adaptación, en particular la cuantificación de los sumideros de carbono, así como los indicadores de seguridad hídrica, además de aquellas que no hablan de la efectividad de las áreas protegidas.

Junto con lo anterior, los compromisos actuales deben abordar el aseguramiento de la continuidad de servicios mínimos, definiendo metas de mantención de infraestructuras críticas para la protección de la seguridad de la población.