En la noche del 11 de abril de 2016, un ciudadano haitiano caminaba por una calle en la comuna de Huechuraba cuando fue abordado por tres funcionarios de Carabineros vestidos de civil, quienes pertenecían a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 54° Comisaría.

Los policías le solicitaron su identificación, pero al no portar su cédula en ese momento, procedieron a detenerlo y, según la acusación, lo golpearon con un objeto contundente en el brazo izquierdo antes de subirlo a un vehículo policial.

De acuerdo con el fallo judicial, los carabineros trasladaron al detenido al SAPU Los Libertadores para constatar lesiones, donde le habrían indicado que no mencionara la agresión.

A raíz del golpe, la víctima sufrió una fractura de húmero izquierdo que requirió una cirugía y un periodo de recuperación de al menos tres meses, además de generar secuelas que afectaron su capacidad de trabajo.

El caso fue denunciado y llevado a juicio, donde el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago estableció que los tres funcionarios actuaron con violencia innecesaria.

En un fallo unánime, el tribunal condenó a los cabos E. M. V. G. y J. N. L. L., junto al exsargento H. R. L. E., a 100 días de presidio.

No obstante, se les concedió el beneficio de remisión condicional, lo que les permitirá cumplir la pena en libertad bajo supervisión durante un año.

Además, H. R. L. E. fue suspendido de ejercer cargos públicos mientras dure su condena.

En la resolución, el tribunal determinó que el uso de la fuerza en el procedimiento no tenía justificación y que el daño causado a la víctima fue resultado de un actuar desproporcionado.

Asimismo, la sentencia estableció que, si bien los condenados no tenían antecedentes previos, las condiciones del caso no permitían aplicar una sanción menor.

El fallo confirmó que los policías deberán cumplir con medidas de control establecidas por Gendarmería y presentarse ante la autoridad correspondiente para su supervisión.