El debate sobre las pensiones sigue siendo urgente y se mantiene en el centro de la discusión pública. Ha quedado claro que el sistema de AFP está obsoleto y fracasado. En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia una transformación profunda del sistema actual y construir un modelo mixto que integre los principios de solidaridad y capitalización. ¿Por qué esta transición es tan necesaria?

El sistema de capitalización individual, adoptado en dictadura, ha demostrado ser insuficiente e insostenible. Este modelo asume que cada persona podrá ahorrar lo suficiente durante su vida laboral para financiar su vejez.

Sin embargo, la realidad ha evidenciado sus grandes falencias. Para muchas mujeres, este sistema no solo no asegura una vejez digna, sino que perpetúa las desigualdades estructurales, que existen en el mercado laboral y en la sociedad.

El trabajo de cuidado, fundamental para el funcionamiento de la economía y la sociedad, recae mayoritariamente sobre las mujeres. Esta carga se traduce en trayectorias laborales interrumpidas, empleos precarios y salarios más bajos. En consecuencia, al llegar a la vejez, las pensiones de las mujeres son considerablemente más bajas que las de los hombres. Para muchas, lo que se entiende como "lagunas previsionales" no es otra cosa que el tiempo dedicado a labores de cuidado.

Esta situación responde a varios factores: las brechas salariales, la desigualdad en las oportunidades de empleo, la interrupción de sus carreras profesionales por responsabilidades familiares y, además, el hecho de que las mujeres suelen vivir más años, agotando sus ahorros más rápidamente.

El sistema de capitalización individual, en su lógica actual, no reconoce ni valora el trabajo de cuidado. Esta labor esencial, que sostiene a la sociedad, ha sido históricamente invisibilizada y no recibe una compensación justa dentro del sistema previsional.

Un componente solidario en un sistema mixto podría cambiar esta realidad. Por ejemplo, mecanismos como el reconocimiento de años trabajados mediante cotizaciones adicionales, financiadas por un seguro social solidario (1% solidario), constituyen una medida concreta y eficaz para reducir las brechas de género.

Iniciativas como estas no solo contribuyen a garantizar pensiones más justas para las mujeres, sino que también reafirman un principio fundamental de justicia social: valorar y compensar el esfuerzo de aquellas personas que han dedicado sus vidas al cuidado de otros.

Ha llegado el momento de dejar atrás los discursos que perpetúan las inequidades y de apostar por un sistema que ponga en el centro a las personas y sus necesidades reales. No se trata solo de reformar un sistema de pensiones; se trata de construir una sociedad más justa, donde todos y todas podamos envejecer con dignidad.