Vivimos en una época en la que casi todo parece tener un precio. Pero ¿realmente todo tiene un valor? La idea de valorar la naturaleza cobra cada vez más relevancia, aunque para muchos aún suene algo esotérica. Este “valor de la naturaleza” es difícil de medir y puede variar tanto como las personas que lo intentan definir.

Las fórmulas de valoración económica difieren de los valores intrínsecos, y ambos se encuentran aún más distantes de los precios que el mercado asigna. Un ejemplo claro es el carbono: en Chile, el precio social del carbono se ha fijado en 63,4 dólares, mientras que el impuesto por emisiones que deben pagar las grandes empresas es de solo 5 dólares. Esta diferencia podría sugerir que el daño de las emisiones es 12 veces más costoso de lo que el precio del mercado permite.

El economista ambiental Robert Constanza estimó que los servicios que la naturaleza presta a la humanidad alcanzan un valor de 145 billones de dólares al año, una cifra que supera los 100 billones de dólares que representan todos los bienes y servicios producidos en el mundo. Entonces, si el valor de la naturaleza es mayor al de la economía global, ¿por qué seguimos destruyéndola? Quizás la respuesta esté en el precio que le asignamos, uno que, claramente, no refleja su verdadero valor.

La conservación enfrenta un reto financiero enorme. ¿Quién debe conservar y restaurar los ecosistemas críticos? ¿Los gobiernos? ¿Los propietarios privados? ¿O los países del norte global, responsables de una deuda histórica por la extracción de recursos y generación de gases de efecto invernadero? La responsabilidad parece diluirse entre todos y nadie, una nueva “Tragedia de los Comunes” que podríamos llamar la “Deuda de los Comunes”, donde todos somos responsables, pero pocos quieren asumir el costo.

Paradójicamente, las alternativas modernas para financiar la conservación no provienen de los gobiernos ni de ONGs, sino del mercado. Ese mismo mercado que, sin una regulación clara, ha explotado recursos en todo el mundo. Este mercado infinito y voraz, guiado por precios en lugar de valores, podría ahora ofrecer soluciones a través de tecnologías como los tokens y el blockchain. Estas herramientas prometen transacciones basadas en mediciones satelitales, generando soluciones para financiar la conservación de manera innovadora.

En este contexto, han surgido herramientas como los créditos de carbono, bonos de agua, créditos de biodiversidad, bancos de hábitat y pagos por servicios ambientales. Son alternativas viables siempre que generen impactos reales, medibles y verificables.

Sin embargo, no todas estas opciones son lo que parecen; muchas se presentan como soluciones sostenibles cuando en realidad solo cumplen requisitos mínimos o se quedan en el “greenwashing”. ¿Es entonces el mercado una solución real para financiar la conservación? La respuesta es ambigua.

Para quienes buscan invertir en estos proyectos, aquí algunos puntos clave:

• Adicionalidad Real: Los créditos transables como los de carbono, biodiversidad y agua son valiosos solo si generan beneficios que no se producirían sin ellos. Los proyectos que solo cumplen con las regulaciones actuales no deberían recibir incentivos adicionales.

• Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN): Estas intervenciones, cuando están bien implementadas, contribuyen no solo a mitigar el cambio climático, sino también a proteger la biodiversidad y beneficiar a las comunidades. No obstante, es crucial evitar aquellos proyectos que solo buscan capitalizar bajo la fachada de la conservación.

• Más Allá de la Medición: Las tecnologías que miden carbono o estado de los ecosistemas son esenciales para la conservación, pero medir no es suficiente. Sin acciones en terreno, los datos no generarán cambios significativos.

• Evitar el “Business as Usual”: Los incentivos deben dirigirse a proyectos que superen el status quo, generando beneficios ambientales adicionales que vayan más allá de las obligaciones legales.

Entonces, aunque el mercado voluntario presenta una opción para complementar las acciones gubernamentales, su falta de regulación plantea desafíos serios. Las soluciones del mercado, entonces, no reemplazan la necesidad de que los gobiernos asuman compromisos sólidos en la protección de nuestra naturaleza. En última instancia, valorar la naturaleza implica reconocer que su valor trasciende cualquier cifra que el mercado pueda ofrecer.