Esta semana, el senador Francisco Huenchumilla (DC) ingresó al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución que busca suprimir la figura de los abogados integrantes en la conformación de los tribunales superiores de justicia.

Su propuesta está argumentada, detalla un comunicado de prensa, en que "la existencia de abogados integrantes comprometería los principios de independencia e imparcialidad que todo juez debe tener".

La iniciativa del parlamentario falangista se genera en un momento crítico de cuestionamiento al sistema de justicia en Chile, donde las dudas acerca de los tribunales superiores, como la Corte Suprema, están seriamente en entredicho.

Respecto de su idea legislativa, aseguró que “en el caso de la Corte Suprema de Justicia, se escogen 12 abogados, seleccionados a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema; para las cortes de Apelaciones, la cantidad de abogados integrantes varía según la corte".

"Estos abogados siempre deben cumplir requisitos como haber destacado en el ámbito profesional o universitario, y no superar los 75 años, entre otros”, agregó al tiempo que recalcó que, sin embargo, el problema con esta figura es que presenta algunas aristas de disparidad, si se los compara con los jueces titulares.

En consecuencia, el sentido de su propuesta, dice, "es evitar influencias ajenas a la profesionalidad de los jueces titulares; los abogados integrantes ejercen paralelamente su profesión, con lo que hay intereses cruzados y puede prestarse para tráfico de influencias, al ser parte integrante de los altos tribunales de Justicia, y al mismo tiempo ejercer ahí como abogados litigantes”.

La reforma

Específicamente, el senador Huenchumilla plantea una reforma que agregue al inciso final del artículo 78 de la Constitución: "Los tribunales superiores de justicia se compondrán por magistrados del Poder Judicial, sean en calidad de titulares o suplentes. No se permite la composición de dichos tribunales por parte de abogados ajenos a la administración de justicia".

Por otra parte, propone la integración de una disposición transitoria: “El Ejecutivo deberá enviar a tramitación las leyes y modificar los reglamentos respectivos en el plazo de 12 meses desde la publicación de la presente reforma constitucional, para hacer efectiva la disposición establecida en el inciso final del artículo 78; mismo plazo tendrá la Corte Suprema para modificar los autos acordados relativos a la materia”.