Ordenan cárcel para 8 integrantes de la WAM tras operativo en Macrozona Sur
El Juzgado de Garantía de Carahue decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra los ocho imputados detenidos el jueves, en un masivo operativo desplegado en la provincia de Arauco, todos presuntamente vinculados al grupo radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM).
La decisión de tribunal estableció un plazo de 60 días para la investigación del Ministerio Público que busca esclarecer el homicidio del comunero Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en mayo de 2022.
En el operativo que culminó con el arresto de los ocho imputados, acción en que se coordinaron esfuerzos tanto de la fiscalía de La Araucanía como de la Policía de Investigaciones con apoyo de la Armada, participaron cerca de 200 efectivos, dando curso al cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitido contra 19 personas sindicadas como presuntas responsables de la muerte de Huenipil Antileo.
Una de las personas que estaba siendo buscada por la Policía, según detalles del operativo, enfrentó a tiros a los funcionarios policiales y resultó abatido. 10 personas continúan prófugas.
La muerte de Huenupil Antileo
Huenupil Antileo fue baleado en medio de la ocupación de un predio disputado por su comunidad e integrantes de la WAM.
“Todos los imputados comenzaron a increpar a las víctimas que se encontraban desarmadas, señalándoles que eran de la WAM, intimidándolos, expresando para dicho fin que andaban ‘gatillando’, que no les temblaba la mano de disparar a alguien, todo acompañado de disparos tanto al aire como al suelo por parte de los imputados, apuntando a algunos de los comuneros desarmados”, describió el Ministerio Público ante el tribunal.
En ese contexto, el comunero y su familia intentaron abandonar el predio a bordo de su vehículo pero recibieron múltiples disparos en su dirección. Uno de los tiros penetró la parte trasera de la camioneta, atravesó el asiento de conductor y terminó con la vida de Antileo.
Recordar que, desde mediados de 2022, en la zona rige un Estado de Excepción Constitucional ratificado por el Congreso hasta la fecha, que permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.