En respuesta a la creciente inseguridad en las cárceles chilenas, destacada por el incremento de la violencia y la influencia del crimen organizado, un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
Cubrir rostros: La solución que impulsan diputados para evitar represalias contra gendarmes
Un grupo de diputados ha presentado un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, proponiendo medidas para ocultar la identidad de los funcionarios en las cárceles, como respuesta al aumento de la violencia y la presencia de crimen organizado.
Los diputados patrocinadores de la iniciativa, proponen medidas para resguardar la identidad de los funcionarios encargados de la seguridad penitenciaria.
El proyecto surge en un contexto donde la seguridad pública ha sufrido un deterioro significativo, evidenciado por incidentes como el violento intento de motín en la Cárcel de Alta Seguridad de Arica, protagonizado por miembros de la banda venezolana "Tren de Aragua".
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Este evento dejó a varios funcionarios gravemente heridos y expuso las deficiencias en las medidas de protección actuales.
Las medidas propuestas en el proyecto incluyen la opción para los funcionarios de Gendarmería de ocultar su identidad al interactuar con la población penal.
Esto podría lograrse mediante el uso de máscaras u otros elementos que oculten el rostro, así como la sustitución de la identificación personal visible en sus uniformes (nombres y apellidos) por un sistema de códigos alfanuméricos o códigos digitales de respuesta rápida, que serían personales e intransferibles.
Los proponentes de la ley argumentan que estas medidas no solo protegerán a los funcionarios de posibles represalias dentro y fuera de las cárceles, sino que también dificultarán que los reclusos y sus asociados externos identifiquen y amenacen a los guardias o a sus familias.
El proyecto de ley ha sido enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados para su estudio y eventual aprobación.
La propuesta busca adaptar la legislación a la realidad actual de las cárceles chilenas, marcadas por un entorno cada vez más hostil y peligroso tanto para los reclusos como para el personal de seguridad.
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