Tras idas y venidas, La Moneda dio finalmente con la fórmula para sacar adelante la reforma electoral, aunque con bastante polémica.

Este lunes, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) anunció que la presentación de un veto presidencial para reponer la multa a quienes no voten en las próximas elecciones de octubre. Sin embargo, a las pocas horas, se retiró debido a las críticas de la derecha y se debió reingresar una nueva versión.

La sucesión de hechos fue la siguiente: el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, oficializó el veto y su contenido pasadas las 14.00 horas, pero los cuestionamientos de la oposición y el riesgo de que la legislación no saliera adelante por la falta de apoyo lo obligó a retirarlo pasadas las 17.00 horas con el fin de continuar el diálogo y lograr un texto final que contentara a todos los sectores.

¿Qué decía el veto inicial? Según el documento firmado por el Presidente Gabriel Boric, se repondría la multa a electores chilenos y extranjeros que no concurran a votar, pero con un monto menor al que se pactó en la tramitación. De acuerdo al mensaje presidencial, la multa tendría un tope de 0,5 UTM, es decir 33 mil pesos. 

Esta fue una de las principales discordancias durante la tramitación de la ley electoral. En la Cámara, el oficialismo dejó sin una multa asociada el incumplimiento del voto, alegando que el monto actual (3 UTM) era demasiado alto. Por lo mismo, en la comisión mixta se optó por rebajarlo a un máximo de 2 UTM. No obstante, el informe de la instancia fue rechazado en el Senado y el proyecto quedó con un vacío en este aspecto. 

Ese vacío es que buscaba llenar el veto de carácter aditivo que presentó el gobierno y luego retiró. Pero además, en su primera versión el veto contemplaba no aplicar la sanción por no votar a “quienes el día de la elección se encontraren enfermos; fueran personas gestantes en cualquier período de embarazo; tuvieran 70 años de edad o más”. 

Esto fue duramente criticado por la oposición que advirtió que no apoyaría el mensaje presidencial en ese estado. 

“Este es un veto que infringe encubiertamente la Constitución y es una sinvergüenzura encabezada por el ministro Elizalde. Pretende engañar a todo el país y creer que no se van a dar cuenta que cuando establece una multa máxima de 33.000 pesos, cuando el proyecto del año pasado del mismo gobierno estaba tres veces este valor, y cuando se hace voluntario el voto a los mayores de 70 años es pretender ganar por secretaría una elección y vulnerar la voluntad democrática de este Congreso, que estableció una cosa muy distinta”, sostuvo el diputado Andrés Longton (RN). 

Por su parte, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, confirmó que se negoció con el gobierno para que se retirara el veto y así rectificar las indicaciones que quitaban la obligatoriedad de votar a mujeres embarazadas y mayores de 70.

“Lo más complejo es haber hecho un cambio que deja a las personas mayores de 70 años fuera. Y esas son las cosas que estamos conversando con el gobierno. Creemos que es tremendamente importante para la democracia no dejar a tanta gente fuera del voto obligatorio, y por otro lado hay ciertos temas que consideramos que la multa no es tan disuasiva, pero también tenemos que ceder de lado y lado, de eso se trata”, dijo Ossandón durante la tarde de este miércoles. 

Gobierno cede y reingresa veto

Tras una ronda de conversaciones, y luego de haber ingresado y retirado el veto, finalmente el ministro Elizalde reingresó el documento esta vez dejando fuera el apartado que excluía del voto obligatorio a embarazadas y mayores. 

Eso sí, la multa quedó fija en las 0,5 UTM, aspecto en que la oposición deberá ceder si es que quiere que la ley salga adelante. 

Sobre la polémica, Elizalde comentó que las indicaciones pueden ser tomadas como oficiales cuando se dan cuenta en Sala, lo que no alcanzó a ocurrir. 

En ese sentido, el secretario de Estado confirmó que finalmente los excluidos del voto obligatorio serán “los enfermos, los que se encuentran fuera del país, los que se encuentran a más de 200 kilómetros del local de votación, o los que estuvieran ante un impedimento grave. Y también las personas que, producto de que tienen que cumplir el día de las elecciones, determinadas tareas encomendadas por la ley 18.700, que les impide concurrir a su local de votación”.