En medio de los cuestionamientos permanentes de la oposición, que demanda una acción más decidida de parte de la administración del Presidente Gabriel Boric contra la crisis de seguridad que enfrenta el país, un informe del académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, analizó los proyectos legislativos relacionados vinculados a esta agenda presentados al Congreso entre el 11 de marzo de 2022 y el 19 de abril del año en curso.

Con el propósito de indagar específicamente en el tipo de temáticas abordadas por estas normas, y las instituciones comprometidas con los cambios, el estudio revela que durante el actual gobierno se han aprobado 54 leyes de seguridad pública, siendo la administración con mayor número de proyectos ratificados en esta materia entre 1990 y 2021.

Paralelamente, el trabajo académico detalla que de ellas, 59.6% está enfocada en políticas punitivas (normas que acentúan el control y el castigo), mientras que el restante 40.4% apunta a medidas preventivas.

Según el reporte, de los 54 proyectos aprobados hasta la fecha de elaboración del informe, 28 incluyen ámbitos de penalización, ya sea tipificando delitos, agravando penas o estableciendo límites o exigencias mayores a las solicitudes de libertad condicional.

Esta mayor preocupación por leyes centradas en las sanciones, detalla un comunicado de prensa, puede limitar la atención a otros ámbitos igualmente importantes, como la investigación criminal, la identificación de rutas de dinero ilícito, y el control sobre las instituciones a las que se otorgan mayores atribuciones (policías y Fuerzas Armadas)".

Creación de nuevos delitos no garantiza mejora

Con motivo de su análisis, Fuentes revisó 1.917 proyectos presentados al Poder Legislativo, de los que 429 involucran directamente temas relacionados con la seguridad pública ciudadana, mientras que las principales propuestas tienen que ver con medidas para endurecer penas y limitar las salidas alternativas a condenados, que representan 46% del total.

Los secundan políticas de prevención, con 13%, y reformas principalmente al Código de Procedimiento Penal, con 9.7%.

En su análisis, Fuentes identifica dos momentos críticos en la presentación de propuestas vinculadas a la seguridad, específicamente en agosto de 2022 y luego en abril de 2023, lo que en su opinión "tiene una explicación coyuntural asociada a un fuerte debate público sobre la delincuencia”.

“En los cinco primeros meses del gobierno de Boric, se debatió intensamente sobre la denominada ‘crisis de seguridad’. Por otra parte, tras el fallecimiento de tres carabineros en servicio, en abril de 2023, el gobierno y el Congreso Nacional acordaron tramitar de modo prioritario un paquete de proyectos legislativos”, asegura.

De acuerdo al estudio, "abordar el fenómeno de la criminalidad mediante la creación de nuevos delitos o la ampliación de los existentes, no garantiza necesariamente una mejora en las capacidades de detección e investigación de las agencias estatales".

Además, releva el trabajo académico, "el incremento de penas no necesariamente disuade el crimen como se espera".

De hecho, plantea, "estas medidas, junto con las fuertes restricciones a beneficios como la libertad condicional y penas sustitutivas, pueden dificultar la reinserción y resocialización de las personas condenadas, además de empeorar la situación de hacinamiento en las cárceles del país".

Impacto en el sistema penitenciario

Por otra parte, el reporte alude a las instituciones que se verían afectadas directamente por las propuestas legislativas presentadas entre el 2022 y 2024. En este sentido, y dado que la mayoría de los proyectos están vinculados a agravamiento de penas, el sistema penitenciario sería el más perjudicado (37.3%), seguido por las policías (12.4%) y las Fuerzas Armadas (10.1%).

"De no mediar una reforma muy significativa al sistema penitenciario, las reformas legales tendrán un efecto directo en el incremento en los niveles de hacinamiento", revela el estudio.

De hecho, el análisis cita las estadísticas disponibles a la fecha, que evidencian el incremento constante de la población penal bajo sistema cerrado desde el año 2021 a la actualidad, lo que según advierte el análisis, "podría tener consecuencias complejas de no mediar reformas en las condiciones de las cárceles”.

Por último, el trabajo recalca que "el otorgamiento de mayores poderes a la policía y las Fuerzas Armadas, sin existir normas de control del uso de la fuerza, o de aquellos poderes otorgados, podría ocasionar futuros problemas como pérdida de legitimidad social producto, precisamente, del eventual abuso de tales poderes por parte de dichos funcionarios uniformados".

Estrategia opositora: "No se ha hecho nada"

Consultado sobre el estudio, Fuentes comenta que "el gobierno requiere desarrollar una estrategia más nítida sobre los objetivos en materia de seguridad pública, y mostrar con evidencia la eficacia/ineficacia de algunas medidas implementadas en el pasado y presente".

Por ejemplo, complementa, "ámbitos claves para combate del delito se refieren a trazar una ruta del dinero ilegal, mejorar la inteligencia y fortalecer trabajo de las policías".

En este sentido, recalca que "políticas basadas en evidencia" son muy centrales en "un tema donde existe mucho populismo penal".

Respecto de la actitud de la oposición, que ha insistido en cuestionar al Ejecutivo en este ámbito, apuntando a lo laxo que sería su despliegue ante la comisión de delitos en Chile, el también director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, ilustra cómo se está operando actualmente.

"La lógica del discurso público actual es negar todo lo que hace el adversario. La derecha y extrema derecha en particular han tenido una estrategia comunicacional de señalar que en el país no se ha hecho nada", comenta.

Sin embargo, agrega, "este gobierno es el que más ha incrementado presupuestos para las policias en la última década y aquello es negado".

Y respecto del modus operandi de la derecha y la ultraderecha, el académico advierte que este obedece a "una estrategia comunicacional muy compleja que debe ser contrarrestada".

Riesgo de espiral de violencia

Por último, cuando lo requerimos respecto del riesgo de dotar de mayor poder a las policías y a las Fuerzas Armadas, Fuentes se muestra cauto ante esta alternativa.

"La experiencia comparada muestra que si aumentas poderes policiales o de militares sin mecanismos de supervisión y 'accountability', lo que se genera es un espiral de violencia", asegura.

Tanto así que, según plantea, "más poderes de uso de armas no genera el efecto de inhibir el uso de armas por parte de bandas criminales, sino que de armarse más".

Entonces, sostiene, "la pieza clave es cómo se controla el uso proporcional de la fuerza. La sociedad debe percibir el uso justo y legítimo de la fuerza en el control del delito. Si hay percepción de abuso, las políticas van a generar el contradictorio resultado de afectar negativamente a las propias policías, y eso es un problema para la democracia".

Crédito foto: Agencia Uno