Durante los años de dictadura en Chile, muchas personas sufrieron detenciones arbitrarias y torturas. Entre ellas se encuentran Luis Aravena Poblete y Jorge Antonio Poblete Vásquez, cuyas vidas fueron alteradas irremediablemente por actos de violencia.

Luis fue detenido una mañana de noviembre de 1973 mientras se dirigía a su trabajo en Chillán. Fue llevado a diferentes cárceles y sometido a torturas extremas, incluyendo golpes y choques eléctricos, en un calabozo. Pasó casi tres años en prisión, sufriendo daños físicos y psicológicos duraderos.

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Jorge, por su parte, tenía solo 14 años cuando fue detenido por primera vez. Los soldados lo obligaron a observar cómo su propia casa y la de sus vecinos eran saqueadas.

Posteriormente, fue testigo del asesinato brutal de su perro y sometido a torturas que incluyeron descargas eléctricas y simulacros de fusilamiento. Estas experiencias dejaron profundas cicatrices emocionales y traumas que afectaron su vida adulta.

Ambos casos fueron documentados y reconocidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Informe Valech. Esta comisión evaluó miles de testimonios para establecer la veracidad de las denuncias de prisión política y tortura.

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Después de décadas buscando justicia, Luis y Jorge, junto con Miguel Ángel Marciel Amor, quien también sufrió torturas similares, fueron parte de un caso judicial que buscaba reparación por los daños morales sufridos.

El 15° Juzgado Civil de Santiago y posteriormente la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisaron el caso.

En un fallo reciente, la Corte de Apelaciones confirmó la necesidad de indemnizar a estas víctimas, asignando un total de 200 millones de pesos chilenos en compensación.

El fallo detalló que las indemnizaciones se ajustaban al grado de sufrimiento y trauma experimentado por cada uno de ellos.

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