En una compleja situación se encuentra el gobierno tras las declaraciones del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien señaló que el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, fue un crimen político organizado desde Venezuela.

“Yo espero tener toda la colaboración del mundo (de Venezuela) y espero que incluso los detengan lo antes posible, tanto a Walter como a Maikel, que están actualmente en territorio venezolano para que nosotros los podamos extraditar y juzgarlos en Chile”, dijo Barros.

Lo dicho por Barros le pone presión a La Moneda, ya que todos los caminos conducen a Venezuela, sin embargo, en situaciones anteriores el gobierno de Nicolás Maduro no ha colaborado con entrega de información de personas vinculadas a crímenes ocurridos en Chile.

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Esto se da en medio de declaraciones de parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, que piden romper relaciones diplomáticas con el Palacio Miraflores.

Sin embargo, tal como señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, tomar ese camino “sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso”, ya que sólo Venezuela tiene la información para esclarecer el homicidio de Ojeda.

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Lo de “ponerle presión” a Venezuela también fue complementado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien instó al gobierno venezolano a demostrar sus credenciales para combatir el crimen organizado.

"Está a prueba Venezuela y está a prueba a nivel mundial, o sea a nivel internacional Venezuela va a tener que demostrarle al mundo que efectivamente está dispuesta a perseguir a los delincuentes y por tanto Venezuela tiene que rendir cuenta de cuál es el nivel de colaboración que presta para detener a dos personas que cometieron un secuestro y un homicidio en territorio nacional", sostuvo.

Colaboración entre naciones

Pese a las exigencias de parlamentarios de romper relaciones, el manejo cauteloso de La Moneda -complejo sin duda-, es apoyado por Lidia Casas, abogada experta en derecho internacional y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

“Es fundamental la cooperación y colaboración entre distintos países. Sin esa colaboración es muy difícil, por ejemplo, que el Ministerio Público pueda contar con antecedentes, para señalar quiénes son los que están detenidos en Chile”, señala Casas en conversación con El Desconcierto.

“Los jueces de garantía se encuentran en una situación imposible. Una persona que tiene que ser deportada, y que está privada de libertad, donde hay una orden de deportación que no se puede llevar a cabo, tiene que hacer funcionar el sistema bajo el principio de legalidad.

"¿Podrá mantenerlo contra derecho, contra norma a esa persona en forma indefinida, privada de libertad? Entonces, para el Estado de Chile en su conjunto, debe existir el ánimo de obtener colaboración de parte de Venezuela”, complementa.

[caption id="attachment_904925" align="alignnone" width="900"] Captura de pantalla[/caption]

Postura similar al del exfiscal Andrés Cruz, quien apoya la cautela que hasta el momento ha mostrado el Ministerio Público y que no es tan simple romper relaciones internacionales.

“¿Qué hacemos con todos aquellos sujetos que actualmente tenemos en una condición irregular en Chile y que en algún momento vamos a tener que expulsarlos? O sea, no es simplemente tomar una decisión precipitada en torno a romper relaciones diplomáticas o simplemente protestar”, señala a El Desconcierto.

Cruz, quien en 2010 acusó a la cúpula de la Coordinador Arauco Malleco (CAM) por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, y pidió 103 años de cárcel para Héctor Llaitul, reconoce el complejo escenario al que se enfrenta La Moneda, ya que por un lado está la soberanía del Estado de Chile y por otro las relaciones internacionales que debe mantener con Venezuela si es que quiere capturar a los asesinos de Ojeda.

“Hoy escuchaba en un medio de comunicación que esto sería similar al homicidio de Orlando Letelier en Estados Unidos. En el que Estados Unidos pedía colaboración a Chile y Chile no se la daba porque quienes habían atentado en contra de este personero político, obviamente estaban refugiados y tenían protección de la dictadura cívico militar, que en ese momento estaba en Chile”, señala.

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El doctor en Derecho señala que habría que determinar si se puede dar con quienes dieron la cobertura para cometer el secuestro y homicidio de Ojeda y que aún están en territorio nacional.

“La situación no es fácil, no solamente para Chile, sino que para Latinoamérica en general. Mientras se mantenga un régimen de estas características que se niega sistemáticamente a reconocer y colaborar con el resto para poder enfrentar un desafío que requiere esfuerzos transnacionales, nosotros solos no vamos a poder. Se tiene que abordar de una manera mucho más coordinada entre distintos países”, afirma.

Respuesta de Venezuela

El fiscal de Venezuela, Tarek William, aseguró que recibieron la solicitud de cooperación interinstitucional por parte del Estado chileno, asegurando que “será respondida a la brevedad”.

“El Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales”, señaló.

[caption id="attachment_274042" align="alignnone" width="900"] Foto: Presidencia de Venezuela[/caption]

Sin embargo, aclaró que el Tren de Aragua “fue completamente desmantelado a finales del año pasado”.

Las declaraciones del fiscal William no dejan de levantar suspicacia, teniendo en cuenta las declaraciones que en febrero realizó Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Maduro, respecto al secuestro de Ojeda.

“Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro, nada, arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra”, señaló.