Argentina enfrenta una semana corta que se anticipa álgida y que se inicia este miércoles tras un inusual feriado religioso al que se sumó la conmemoración de las Malvinas. Todas las expectativas están puestas en la convocatoria a ingresar a la fuerza, y en forma coordinada, a los edificios públicos donde se alojan organismos en los que ya se produjeron despidos masivos la semana anterior.

El llamado lo realizó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más combativos -que cuenta con 350 mil afiliados en todo el país-, y está también entre los más golpeados por la política de “motosierra y licuadora” anunciada -y parcialmente concretada- por el presidente argentino Javier Milei.

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El jueves, el mandatario ultraderechista se jactó ante un grupo de entusiastas empresarios de que serán al menos 70 mil los despidos en el Estado en los próximos días, lo que encendió las alarmas de este sindicato y también la solidaridad de otros gremios que observan la situación de sus colegas como un posible spolier de su propia situación futura.

Los ministerios en los que hubo más recortes podrían ser escenario de reclamos más calientes, entre ellos la Secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.

El mapa de la movilización

El sindicato definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias estatales –entre las 7, 8 y 9 de la mañana- dependiendo del funcionamiento habitual de cada delegación.

Los ingresos serán realizados tanto por los trabajadores de la planta permanente del Estado, como así también por los contratados que aún no han sido despedidos y los que ya fueron notificados de su cesantía.

"Algunos de los avisos de despido llegaron por WhatsApp ", dijo el secretario General adjunto de ATE Capital, Manuel Sueiro en charla exclusiva con El Desconcierto, buscando ilustrar la “brutalidad” de la modalidad.

“El miércoles se va a poner pesado el ambiente", aseguró Sueiro, que espera una amplia convocatoria, así como  una respuesta de la Casa Rosada que puede derivar en un “fuerte despliegue de las fuerzas policiales” en los ministerios y secretarías de Estado que serán objeto de la acción colectiva.

“Los despidos alcanzaron en muchos casos a compañeros que están amparados por la normativa, que son los cupos de discapacidad, mujeres embarazadas, delegados gremiales, etc., son despidos ilegales porque estamos ante funcionarios con un profundo desconocimiento de la administración pública nacional, que han violado todo tipo de normativa”, agregó.

El protocolo antipiquetes: ¿Factor de disuasión?

Consultado sobre el flamante protocolo antipiquetes, la norma impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que criminaliza la protesta social e incluye una serie de castigos a los organizadores, el dirigente gremial aseguró que el colectivo “va a ejercer el derecho que amparado por el convenio 190 y 191 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo),  que asegura la no discriminación, la seguridad y salud en el trabajo, además de la dignidad humana y el respeto a los trabajadores”.

“No hay posibilidad de represión ante la masividad. Obviamente tomamos medidas de seguridad, pero esto no necesariamente implica que el protocolo tenga que cumplirse, porque insisto, cuando hubo masividad en las marchas recientes, ni la policía de la ciudad ni la Federal pudieron intervenir.”

Sin embargo, en la discusión política argentina actual, un tema recurrente es el escaso nivel de respuesta colectiva que está teniendo la catarata de medidas implementadas por el gobierno anarco-capitalista, varias de las cuales cercenan derechos y atentan contra el bolsillo de los ciudadanos.

Sueiro es tajante y asegura que esa tenue respuesta –que subraya es “momentánea”- se debe a que “se está condensando una resistencia muy importante”

“No tengo ninguna duda de que a través de las organizaciones gremiales sociales y políticas se va construyendo una masa crítica que dará respuesta frente a esta ofensiva neocolonial, de entrega extractivista y de absoluta dominación”.

ATE, que es uno de los gremios que integran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) está apuntando por ahora, a una estrategia de confrontación con la gestión de Milei avanza en relativa soledad, aunque con el apoyo inorgánico de trabajadores de otros gremios.

Mientras, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato mayoritario de la administración pública nacional, y que integra la Confederación General del Trabajo (CGT), descarta por ahora avanzar en un paro sectorial.