TC rechaza requerimiento de la oposición por ley integral contra violencia hacia las mujeres

TC rechaza requerimiento de la oposición por ley integral contra violencia hacia las mujeres

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 02.04.2024
El Tribunal Constitucional rechazó la petición de legisladores de oposición que buscaban impugnar aspectos de la ley de prevención de violencia de género, marcando un hito en la protección de los derechos de las mujeres en Chile. Revisa más detalles aquí.

El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión trascendental al rechazar el requerimiento ingresado por diputadas y diputados de la oposición, quienes buscaban declarar inconstitucionales ciertos aspectos de la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género.

Con una votación de 6 contra 4, el TC resolvió desestimar el requerimiento de la oposición que pretendía evitar la promulgación de esta ley, alegando que imponía "una ideología y filosofía" de un sector de la población.

El requerimiento, presentado por 50 parlamentarias y parlamentarios, también argumentaba que la nueva legislación limitaba el derecho a la libertad de enseñanza en los colegios y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

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"Se están vulnerando derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, cuestión que no permitiremos", expresó la diputada del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz durante la presentación del requerimiento.

La ley, aprobada en el Congreso con 120 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones en marzo pasado, establece las bases y lineamientos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, así como los deberes de los distintos órganos del Estado.

Entre las medidas contempladas en la normativa se encuentra el fortalecimiento de la representación jurídica de las víctimas de violencia que acudan al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), mediante un sistema de gestión que las acompañe durante todo el proceso, desde antes del juicio.

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Además, se intensificará la vigilancia de las medidas cautelares, se protegerá la confidencialidad de las víctimas y se garantizará el acceso a asistencia y representación judicial.

Esta decisión del Tribunal Constitucional marca un hito en la lucha contra la violencia de género en Chile y refuerza el compromiso del Estado en la protección y defensa de los derechos de las mujeres.

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