En la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, su defensa ha desafiado la solicitud de prisión preventiva interpuesta por el Ministerio Público y Consejo Defensa del Estado.

El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Muñoz, a su vez abogado de Karina Oliva y la familia de Ronald Ojeda, ha propuesto una medida alternativa de arresto domiciliario parcial de 12 horas, junto con arraigo nacional y una prohibición de contacto con ciertas personas relacionadas con el caso.

Esta propuesta surge en respuesta a los argumentos presentados por la Fiscalía, que acusa a Muñoz de violación de secreto en causas reservadas y pide la medida cautelar más gravosa. Manríquez argumentó que la prisión preventiva no es necesaria ya que las medidas sugeridas serían suficientes para asegurar la presencia de Muñoz en el proceso judicial, sin perjudicar su presunción de inocencia.

El tribunal deberá ahora sopesar los argumentos de ambas partes y decidir si acepta la propuesta de arresto domiciliario parcial o si opta por la prisión preventiva, una decisión que podría sentar un precedente importante en casos de esta naturaleza. La resolución no solo afectará el futuro inmediato de Muñoz, sino que también podría influir en la percepción pública de la justicia y el respeto a los derechos procesales en Chile.

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Línea de tiempo

Recordemos que se trata de una controversia centrada en la investigación que llevó al allanamiento de la residencia y oficina de Muñoz por parte del OS7 de Carabineros, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía el 14 de marzo. La acción se fundamentó en el análisis del celular del abogado Luis Hermosilla, en el contexto de una indagatoria por supuestos pagos ilícitos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer.

Los datos extraídos del dispositivo de Hermosilla revelaron la participación directa de Muñoz el traspaso de información de causas reservadas.

Estos hallazgos llevaron a Muñoz a renunciar a su cargo en la PDI, aunque posteriormente se informó que el Gobierno lo había instado a dimitir tras conocerse las investigaciones en su contra.

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A su vez, en un reportaje de Ciper Chile, basado en información de la Fiscalía Metropolitana Oriente, sugiere que Muñoz habría comenzado a filtrar información confidencial a Hermosilla poco después de asumir como jefe de la PDI. Se alega que compartió datos sensibles de al menos cinco casos judiciales, algunos vinculados a altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera.

La defensa de Muñoz sostiene que la filtración de información no ha sido demostrada y que las acusaciones se basan en interpretaciones erróneas de la comunicación entre Muñoz y Hermosilla. Más de 510 mensajes intercambiados entre ambos han sido recopilados por la Fiscalía, sumando más de 700 mil páginas de conversaciones, que ahora forman parte de una nueva causa penal contra el exdirector de la PDI.