Esta semana vivimos un hecho histórico. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nuestro país da un paso trascendental en materia de protección de los derechos de las mujeres de nuestro país: Aprobamos la Ley Integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta Ley, que busca proteger, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres en razón de su género, es sin duda una de las deudas que teníamos en materia legislativa y que hoy se convierte en un avance sustantivo e histórico en materia de protección a las mujeres de nuestro país. Este proyecto, presentado el año 2017 durante el mandato de Michelle Bachelet y reimpulsado hoy por nuestro Presidente Gabriel Boric posee una serie de elementos que me parece importante relevar, pues hablamos de un cambio sustantivo en el rol del Estado en materia de protección contra la violencia de género.

Gracias a la Ley Integral contra la violencia a la Mujer, se establecen deberes de los distintos órganos del Estado en materia de protección, prevención, sanción, investigación y reparación contra las víctimas de violencia. Se fortalece la obligación del Estado de velar por un debido acceso a la justicia, protección en el proceso y de las medidas cautelares, garantizándose el acceso a asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género, estableciendo estándares para una debida diligencia en los casos, además de reforzar las medidas cautelares en delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia.

Otro elemento importantísimo dice relación con la incorporación de hijas e hijos como víctimas directas de la violencia sufrida por sus madres. Además, garantiza y evita la revictimización, algo a lo que miles de mujeres de nuestro país durante décadas se han visto enfrentadas.

Esta aprobación emociona profundamente. Es imposible no recordar a tantas que perdieron su vida producto de la violencia, a quienes han sufrido abuso, acoso, violaciones, y a miles quienes vieron sus vidas trastocadas por una violencia que no sólo fue invisibilizada, sino que también fue puesta en entredicho por un sistema que tradicionalmente no cauteló sus derechos.

Y es que la Ley Integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es no sólo un paso histórico, sino también es una base en materia de derechos humanos.

Tal como lo hemos hecho durante estos dos primeros años legislativos, continuaremos con el trabajo permanente con el ejecutivo para seguir avanzando en materia de protección de derechos de las mujeres, buscando establecer una labor integral que prevenga una realidad ineludible: Sólo durante el año 2023, según datos de Sernameg, se cometieron 41 femicidios y 221 femicidios frustrados.

Hoy contaremos, tras tantos años, con una estructura integral, con labor interministerial y también entre los poderes del Estado que consagrarán un derecho básico: vivir libres y sin miedo. Hoy es por todas quienes ya no están, por todas quienes callaron por años, por todas quienes se emocionan como nosotras por dar un paso más hacia cautelar y proteger los derechos que tanto ha costado lograr.

Hoy las mujeres de nuestras regiones, de los distintos rincones de nuestro país sabrán que hemos dado un paso más para dejar atrás ese miedo, para vivir un poco más seguras y por sobre todo saber que no estaremos solas, pues desde hoy el deber del Estado es precisamente establecer las condiciones que permitan erradicar esa violencia estructural que tanto daño ha hecho a generaciones.