Las y los deudores educacionales formamos parte del 57% de los hogares chilenos que poseen alguna deuda. Somos 1 millón 800 mil personas endeudadas por estudiar, principalmente con el CAE; mayoritariamente mujeres, de los dos quintiles de menores ingresos del país. La enorme mayoría, que estamos en etapa de pago del CAE, no superamos los 750 mil pesos de salario y 168 mil estamos morosas con nuestra deuda.

No somos personas privilegiadas.

La demanda por la condonación de las deudas educativas no es solo un pedido de alivio financiero; es un llamado a corregir las fallas de una política pública que nos ha dejado a millones atrapados en un ciclo de endeudamiento. La mayoría de las y los deudores hemos firmado cláusulas abusivas en los contratos con los bancos y universidades.

Muchos de nosotros contrajimos deudas millonarias siendo menores de edad, hemos pagamos un precio altísimo por las carreras que estudiamos y muchos no pudimos terminar. La deuda estudiantil nos ha dejado sin opción de postular a un crédito hipotecario, ni emprender; nos ha dejado sin seguridad económica ni tranquilidad para nuestras familias. Después de una década de debate, la clase política sigue sin cumplir sus promesas , y tanto el CAE como nuestras deudas siguen aquí.

El CAE no es solo un problema para nosotros y nuestras familias, es también una enorme carga para el Estado y el sistema de educación superior. Desde su creación, el Estado ha desembolsado más de 8 billones de pesos en financiar el CAE y los bancos, ¡lo que costaría financiar 13 Juegos Panamericanos!

Universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, por su parte, han ejecutado más de 484 mil millones de pesos en garantías en favor de los bancos.

Estamos frente a una situación insostenible que requiere una resolución clara.

Condonar las deudas por estudiar es un paso fundamental hacia el derecho a la educación y la seguridad económica, que permitiría a miles de chilenos y chilenas liberarnos del agobio que significan las cadenas del endeudamiento y contribuir de manera más plena y libre al desarrollo de nuestro país.

Es también una oportunidad para que el Estado chileno demuestre su compromiso con la equidad educativa y económica, rectificando los errores del pasado y avanzando hacia un sistema donde la educación sea verdaderamente un derecho garantizado para todos, no un privilegio para unos pocos.

El Gobierno ha dado señales de compromiso con la política de condonación, pero es tiempo de mostrar avances concretos y cumplir con el compromiso. Se acaba el tiempo; y los endeudados/as necesitamos una respuesta.