Hace poco salió a la luz una noticia muy importante para Chile, pero que concierne especialmente al cuidado del medio ambiente, el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción del litio.

Primero entendamos la importancia de estos hechos, partamos por el acuerdo. Este acuerdo establece la coextracción de litio por parte de Codelco y SQM, generando un acuerdo público-privado que antes no existía, en el cual la recaudación se generaba a través de impuestos. Codelco tendrá el 50% más 1 de las acciones de esta sociedad, convirtiéndose en el principal dueño de la sociedad, lo cual le permitirá mayor capacidad de acción y obviamente, ganancias para el Estado.

Algo que se debe destacar del acuerdo es lo mucho que puede crecer Codelco, no solamente en cantidad (por las ganancias percibidas), sino también en calidad, actualizando su expertise en el área. Esto se menciona especialmente considerando que durante todo el año Codelco ha enfrentado desafíos en la producción de cobre, con atrasos en proyectos estructurales y caídas en sus beneficios percibidos. El acuerdo es positivo en este aspecto, ya que Codelco se puede beneficiar de su participación con un socio de larga trayectoria en el área y en una industria que posee un gran potencial.

En este caso, hay que mencionar que el impacto medioambiental es inevitable, la extracción de litio es una de las actividades económicas más importantes del país, no solamente por su actual uso, sino especialmente pensando en el futuro, ya que el litio es una industria en ascenso, especialmente debido a su utilización en autos eléctricos, y que probablemente irán en aumento debido al inevitable recambio de la industria de energías fósiles. La pregunta es cómo realizarlo con menos impacto medioambiental.

Por lo mismo, a pesar de la importancia de generar una estrategia de extracción de litio, sí se deben mencionar ciertas críticas válidas al acuerdo realizado; primero la extensión del acuerdo, el cual dura hasta 2060, algo que para muchos es un tiempo excesivo; segundo, la incorporación sin licitación de SQM al acuerdo, el cual tiene una carga simbólica por su financiamiento irregular de la política y porque su dueño es Ponce Lerou; tercero, se critica la falta de inclusión a los pueblos indígenas de la zona, el mismo Consejo de Pueblos Atacameños que agrupa a 18 comunidades indígenas del salar de atacama criticó el acuerdo, afirmando que se hizo sin consultarles, existiendo preocupación por una sobreexplotación; y, por último, la crítica al impacto del proyecto, especialmente considerando la extensión de las cuotas de producción.

Analicemos poco a poco.

Con respecto a la duración del contrato, es difícil realizar este tipo de trabajos sin un horizonte largo de tiempo, no solamente por la necesaria estabilidad del proyecto (y de los inversores) sino también para que el Estado aproveche de adquirir de mejor forma conocimientos específicos de la industria.

Ya examinando la inclusión en sí misma de SQM, pensemos que el contrato de extracción terminaba en 2030, lo que podría haber constituido una oportunidad para una extracción de litio de forma nacional, o visualizar las diferentes ofertas que convengan al Estado. Sin embargo, se prefirió un acuerdo a puertas cerradas, esto puede generar peores beneficios, ya que cuando realizas una licitación las ofertas claramente apuntan a calidad del servicio, pero también al costo que resulta (tanto en cuanto costó tu operación, como en las utilidades que percibes), pudiendo conseguirse mejores ganancias que las conseguidas con este acuerdo bilateral al ver ofertas de diferentes empresas. Aparte, el acuerdo daña la democracia al no ser transparente y al hacer un pacto con Ponce Lerou, el cual simbólicamente representa a la dictadura para muchos chilenos.

En el caso de los pueblos indígenas, claramente el reunirse con ellos evita mayores conflictos y permite un mejor cuidado del medio ambiente, al final, siempre aquellos que habitan un territorio saben en mayor profundidad los cuidados que este necesita, y en este caso son 18 comunidades que pueden aportar sus conocimientos y prevenir mayores impactos negativos. Conversar con ellos también resulta necesario porque se les debe compensar por estos trabajos cerca de su comunidad, escuchando sus demandas respecto a la problemática.

Por último, el impacto siempre será una preocupación, en general en cualquier política extractivista siempre convendrá impacto, por lo que en estos casos debe de aplicarse la más severa fiscalización, a través de diversos indicadores de impacto ambiental. El proyecto en sí mismo representa una política que busca extraer recursos, por lo que se debe evitar un impacto negativo adicional por no seguir las normativas básicas. Por otro lado, aumentar las cuotas de producción puede resultar un problema para el ya desgastado medio ambiente, pero imposible no mencionar que en el mismo acuerdo se afirma que no se modifican las cuotas de extracción de agua del salar de Atacama, obligando a la empresa a ser más eficiente en ese aspecto.

En conclusión, un acuerdo con aspectos positivos y negativos. Resulta difícil no criticar la selección sin transparencia de SQM como contraparte, no solamente por lo poco democrático del proceso, sino también por las posibles ganancias que se quedaron atrás. El acuerdo fue claramente una movida rápida, sin embargo, esto también posee tiene puntos positivos, el Estado tendrá mayores ganancias y control de la extracción del litio, esperemos que con el tiempo esto involucre también una gestión más responsable con el medio ambiente, al menos, es más fácil exigirle esto al Estado que a los privados.

Resulta urgente conversar con los pueblos indígenas, todavía no es tarde para llegar a acuerdos comunes, el hacerlos parte del proceso resulta beneficioso para la continuidad tranquila del proyecto, para las comunidades y para el cuidado del medio ambiente, ya que también los mismos habitantes del territorio son quienes ven si existe un impacto negativo adicional sobre el medio ambiente, involucrarlos es también incorporar sus perspectivas.

Veamos cómo se maneja este proyecto, claramente el acuerdo no fue perfecto, pero al menos será el Estado el tomador de decisiones, lo cual puede conducir a un mayor cuidado del medioambiente (comparado con un privado), o, al menos, un mayor control por parte de la ciudadanía, quienes sí han logrado ocasionalmente presionar al Estado (nuevamente, más que a los privados).

Esperemos, por el bien del medio ambiente, que se gestione de forma responsable.