Luego de 156 días de espera, oscuridad y secretismo, la propuesta final de nueva constitución vio la luz el pasado 7 de noviembre. Varios descubrimos rápidamente que, lo que prometía abrir un nuevo horizonte, llegaba en cambio a confirmar todos nuestros miedos de niñez: se encendió la ampolleta y apareció un terrible e incomprensible monstruo en la esquina del cuarto.

Y es que ¿cuál otro pudo ser el resultado de un trabajo cupular, sectario y cooptado por las fuerzas conservadoras? No es sorpresa que el texto final sea tan lejano a las expectativas ciudadanas si el Consejo sostuvo una política de marginación a los movimientos sociales durante todos estos meses. Miremos, por ejemplo, el capítulo de educación y cómo se aleja kilométricamente de lo que estudiantes, docentes y la sociedad civil han demandado a lo largo de las últimas décadas.

Una de las premisas más polémicas es la que establece que las familias o los tutores legales tendrán el derecho preferente y el deber de elegir la educación de sus hijos. En primer lugar, no se reconoce a NNA como sujetos de derecho, lo que es vital para el desarrollo del entorno educativo. Por otra parte, si la educación la eligen las familias ¿de qué familias estamos hablando? ¿Acaso todas las familias pueden ejercer este derecho a elegir? El concepto de “libre elección" es una máscara para cubrir el engendro de los republicanos: padres y madres podrán elegir solo si tienen el capital económico para hacerlo.

Respecto a educación superior, la propuesta no sólo ignora las ganadas históricas del movimiento estudiantil, sino que las transgrede y profundiza el modelo de autofinanciamiento que hoy tiene en crisis a la educación pública. El texto de republicanos constitucionaliza el voucher, y con ello, cierra la puerta a un sistema de financiamiento por aportes basales, una solicitud transversal entre agentes del mundo de la educación.

La sola idea de reforzar un modelo agotado y empíricamente insuficiente para ejecutar proyectos educativos de excelencia es una irresponsabilidad política para con el futuro del país. El monstruo de republicanos avanza voraz hacia el futuro y tiene ansias de acabar con la educación estatal y sus instituciones, acentuando el abandono a las zonas más extremas del país cuya situación, de no atenderse hoy, podría dejar sin oferta de educación superior pública a varias regiones.

La nueva constitución no comprende la educación como derecho ni como un proyecto alineado con las necesidades del país, sino que condiciona los anhelos de estudiantes y sus familias a los vaivenes del mercado. Quienes integramos el movimiento social por la defensa de la educación hemos de comprender que la opción “En Contra” si bien no significa avances, nos da garantías de no retroceder.

La amenaza del peligro que se asoma debajo de la cama debe convocarnos a la unión, a la trinchera colectiva por más noches de tranquilidad y más tiempo para soñar con la educación que queremos.